Mucho se habla sobre el TLC, pero nadie aborda el tema de las implicaciones morales que tiene el que, a través de la firma de un tratado, se logre el enriquecimiento de algunos a costa del empobrecimiento de otros.
Porque no hay duda de que eso es lo que va a suceder. Podrá discutirse si serán o no más los primeros que los segundos. O se debatirá si quienes se van a enriquecer son los extranjeros. Pero es claro que a muchos colombianos les irá mal, y de recordárnoslo se encargan los funcionarios oficiales, del Ministro de Comercio para abajo, que continuamente afirman que con el TLC “habrá perdedores”.
Aún el estudio del Departamento Nacional de Planeación que usan quienes quieren la firma precipitada del TLC, por afirmar que con éste crecería la producción en 0,48 por ciento anual, muestra que sólo dos sectores productivos crecerán y todos los demás caerán. Es decir, que se causaría un daño generalizado solamente para beneficio de una minoría.
No hay argumentos serios para favorecer a tan pocos a cambio de un daño tan evidente para tantos. La cantinela de que “habrá perdedores”, ignora que los damnificados serán la mayoría. La verdad es que, de acuerdo con los estimados oficiales, para beneficiar a unos pocos se generará un nuevo tipo de desplazados: los desplazados del TLC.
Si a nadie le preocupan las implicaciones morales de lo que nos están prometiendo, al Estado sí le debe preocupar lo que sucederá como consecuencia de sus actos. Tanto el estudio del DNP como estudios de distintos gremios muestran que muchos colombianos resultarán perjudicados -y seriamente- por el TLC. Quienes están negociándolo y quienes lo firmarán no pueden librar su responsabilidad ni la del Estado que representan mediante el simple anuncio de que “para hacer tortillas hay que quebrar huevos”, como lo afirmara un alto funcionario al hablar del tema con la prensa. (Sin decir, claro, de quiénes serán los huevos y quiénes se comerán las tortillas).
Y acabemos con el mito de que quienes sufrirán con este tratado serán culpables de ello por una especie de pecado original de “ineficiencia” o “falta de competitividad”. Aparte de que aún los ineficientes tienen derecho a vivir, el hecho es que sectores enteros podrán desaparecer a pesar de ser altamente eficientes, por causa de las deficiencias de la acción estatal o de ventajas otorgadas a la contraparte por los negociadores. Se quiere vender la idea de que estos daños serán fruto de la acción del mercado, pero esto no es cierto. Ese mercado no es libre y con un mal tratado se le plagará de ventajas adicionales en beneficio de los extranjeros. Esos daños serán realmente fruto de decisiones gubernamentales que cambiarán las reglas de juego que por años han gobernado nuestra actividad económica.
Por lo anterior, es claro que contra el Estado lloverán masivamente las demandas de quienes resultarán perjudicados por un TLC, cuyos resultados negativos fueron anticipados y deberían haber sido evitados. Quienes verán desaparecer sus fuentes de trabajo o sus empresas por causa de un mal tratado buscarán ser resarcidos por un Estado que, lejos de protegerlos, los ha lesionado con sus actos.
La falta de transparencia que rodea el proceso de negociación fortalecerá estas acciones. Ella se ha tornado más evidente al acoger la solicitud norteamericana de cubrirlo con una confidencialidad inaceptable. Ya al inefable “cuarto de al lado” le llaman “el cuarto oscuro”, y ni qué hablar de las limitaciones de acceso a un “cuarto de lectura” al que contados colombianos pueden entrar. Por eso, ya hay voces en el Congreso que piden vigilar los empleos futuros de quienes participan por Colombia en esta negociación.
Desde esa perspectiva, es muy importante que la Contraloría General de la Nación haya anunciado recientemente que vigilará el proceso. Su labor será cuantificar los daños que ocasione el TLC y, como la Procuraduría, establecer responsabilidades. La intervención de estos entes de control permitirá determinar quién debe pagar por los huevos para esta tortilla. Parece que esta vez no habrá punto final para quienes, con sus actos, ocasionen la destrucción de sectores productivos enteros, para beneficio de otros.