La “solución” oficial consistió en determinar contra Caucasia el llamado “límite de suministro”, que no era otra cosa que quitarle la energía a la población durante varias horas diarias, castigo que afectaba a todos los usuarios aunque no debieran un centavo por facturas. Lo mismo se determinó contra Chocó. En capilla el Cauca
historias de conductas tan infames que pueden resultar difíciles de creer, aunque sean rigurosamente ciertas. Tal el caso de lo que se determinó contra todos los 63 mil habitantes del municipio de Caucasia, Antioquia, quienes fueron sometidos por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) a un racionamiento de energía de dos horas diarias desde el 24 de abril pasado y de tres horas diarias desde el 24 de mayo, racionamiento que debía elevarse a cuatro horas diarias a partir del 22 de junio. La historia de este brutal atropello neoliberal a unos colombianos que habían cancelado oportunamente sus tarifas de energía es la siguiente:
En 1997, las Empresas Públicas de Caucasia programó sus ventas de energía a la población a un precio promedio 22,10 pesos el kilovatio hora, de acuerdo con lo que le costaba adquirir esa energía en bloque y teniendo en cuenta que casi todos sus usuarios son de estratos 1, 2 y 3. Pero en ese año, ya en el marco de la privatización y usando contra ella como pretexto el Fenómeno del Niño, las generadoras de energía le impusieron un precio de compra de 66,01 pesos el kilovatio hora, casi el triple que el anterior, lo que le produjo a la empresa pérdidas por 8.819 millones de pesos.
Para el 31 de diciembre de 1998, la deuda de las Empresas Públicas de Caucasia llegaba a más de 24 mil millones de pesos, contando con casi nueve mil millones de solo intereses de sus deudas. Y el gobierno de Andrés Pastrana, lejos de buscarle una solución al problema, decidió entregarle el control de las Empresas a la Superintendencia de Servicios Públicos, que no ha hecho cosa distinta que decidir en contra de las gentes de Caucasia y aumentar el lío con el nombramiento de cuatro gerentes en el breve lapso de 18 meses. A principios de mayo, la deuda ya llegaba a 35 mil millones de pesos, y la “solución” oficial consistió en determinar contra Caucasia el llamado “límite de suministro”, que no era otra cosa que los apagones de dos, tres y cuatro horas diarias ya mencionados y que, hay que reiterarlo, afectaban a todos los usuarios aunque no debieran un centavo por facturas.
La “limitación de suministro” de tres horas diarias desde el 8 de abril, la cual se incrementará a cuatro a partir del 22 de junio, también se la impusieron al departamento del Chocó. El gobierno nacional justifica este acto de bellaquería en contra de uno de los departamentos más pobres del país por una deuda de 42 mil millones de pesos de la Electrificadora del Chocó, empresa que pertenece al Ministerio de Minas. Y está en capilla para sufrir este mismo tratamiento inicuo el Cauca.
Ante tan tremenda agresión, la totalidad de las fuerzas vivas de Caucasia declararon un paro cívico, que se realizó entre el 24 y el 26 de mayo con los siguientes objetivos principales: la suspensión definitiva de la “limitación de suministro” de energía, la condonación de la deuda de las Empresas Públicas y su cancelación por parte del gobierno nacional, la revisión de las tarifas del alumbrado público y la creación de una empresa industrial y comercial del Estado que se encargue de la prestación de los servicios públicos en Caucasia, empresa en la que deberá tener participación el municipio. Una vez comprobada la gran fuerza de la justísima protesta, que colocó sobre la vía Medellín – Cartagena 15 mil personas, el gobierno nacional corrió a aceptar de las peticiones de la comunidad.
*Este artículo fue redactado a partir de información suministrada por Oscar Jiménez G., Vocal de Control del Comité de Desarrollo y Control Social de Caucasia.