Comité Regional de Municipios de la Sabana
Hace pocos meses el concesionario demandó al Estado por la parálisis del contrato que le fue adjudicado para los estudios y diseños, la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de la vía Fontibón – Facatativá – Los Alpes y por supuesto, por la exoneración del pago de peajes conseguida por los habitantes de la zona. Conocida esa decisión, el COMITÉ REGIONAL se reunió y unánimemente concluyó que se trataba de una burda treta acordada con el gobierno, que les permitiera amenazar y señalar engañosamente que si el contrato se hundía la Nación tendría que pagar una suma multimillonaria- que gustosamente hubiera desembolsado Pastrana – y que la región se quedaría sin las obras, por lo que era necesario darle rienda suelta al contrato leonino que se firmó en la administración Samper y del que sólo obtiene jugosos beneficios el consorcio. Dicho y hecho. Antes de lo imaginado, gobierno y consorcio, a puerta cerrada, acordaron la forma de revivir la concesión, robarle a la región y a los colombianos los 36 mil millones de pesos que han recaudado en los peajes y abrieron nuevamente la posibilidad de cobrarle el flete y la valorización a quienes hoy no lo pagan.
Las modificaciones al contrato original lo hacen más lesivo
En 1995 el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el representante legal de la firma concesiones CCFC, firmaron el contrato de acuerdo 0937 que en términos generales consiste en la rehabilitación del tramo comprendido entre Mosquera y Fontibón; la adquisición de predios para construir la variante de Madrid que constaría de cuatro carriles y la construcción de otros dos entre Madrid y Facatativá además la rehabilitación de los existentes; la ampliación y rehabilitación de la actual “variante” de Facatativá y la construcción de cerca de seis intersecciones viales. En total, sólo el 43% de las obras son nuevas.
Debido a que el contrato se diseñó para llenarles los bolsillos a los inversionistas privados, quienes lo firmaron pusieron de garantes de la ganancia al Estado y a los usuarios de la vía. Baste señalar que cualquier sobrecosto que generara el proyecto lo asumiría el Invías o se le trasladaría a los usuarios mediante el incremento en las tarifas del peaje o con la prórroga de la concesión. A la fecha, sin que se hayan iniciado las obras, algunas de esas gabelas se han hecho efectivas. Es el caso del sobrecosto que por mayores cantidades de obra incrementó en 10 mil millones de pesos el proyecto; o los cerca de 18 mil millones de pesos que perdió la región y los colombianos, también por sobre costos, porque el gobierno cometió el “error” de avaluar inicialmente en tres mil ochocientos millones de pesos los predios que debía adquirir el concesionario y que a la postre terminaron costando casi 22 mil millones, por lo que el Estado tuvo que aportar el faltante; o la caída del tráfico mínimo diario que se le garantizó al concesionario que le puede significar al país la perdida de más de 6 mil millones de pesos anuales durante los próximos veinte años. Otras irregularidades que también deberían producir las más drásticas sanciones por parte de los organismos de “control” nacionales y la ira de los colombianos, son las relacionadas con los elevados precios que se pagaron en la compra de los terrenos, el altísimo costo por kilómetro de pavimento, el cobro anticipado de los peajes, el traslado de una de las casetas para cobrarle el flete a los habitantes de Funza y, los actos en que el gobierno obró de mala fe para conseguir que los ex alcaldes de estos municipios aceptaran el cobro anticipado y la reubicación de la caseta de peaje. A todas estas irregularidades se le suma las recientemente acordadas.
El comité regional se conformó pocos días después de la instalación de las casetas de peaje el 28 de diciembre de 1998 y, luego con las comunidades realizó decenas de manifestaciones y dos paros cívicos con los cuales se logró la exoneración del pago de peajes y se detuvo el cobro de la valorización. No obstante este triunfo, el contrato de concesión sólo se suspendió, las casetas no se levantaron y a todos los vehículos de otras regiones se les cobra el flete por transitar una vía que está en pésimas condiciones. Tal situación le ha permitido a invías recaudar más de 36 mil millones de pesos en tres años.
El acuerdo, entonces, consiste en que los 36 mil millones recaudados le serán regalados al concesionario quien pondrá unos pesitos para hacer, en una primera etapa, ya ni siquiera la totalidad de las obras establecidas en el contrato, sino que se limitará a construir la variante de Madrid con dos carriles menos, algunas de las intersecciones viales y el reparcheo de la totalidad de la vía entre Fontibón y los Alpes. En una segunda etapa, se realizará el resto de las obras del contrato, siempre y cuando, los habitantes de la zona tiren a la caneca de la basura la exoneración que consiguieron mediante arduas batallas. Semejante acuerdo no puede ser peor, pues, como es evidente, el concesionario ni siquiera se meterá la mano al bolsillo para llevar a cabo el proyecto, se robará con la venia del gobierno 36 mil millones de pesos más -equivalentes a la suma de los presupuestos de todo un año de los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza- y, de ñapa, seguirá cobrando peajes al tráfico nacional durante los próximos veinte años o más. Es necesario mencionar también, que quienes administran, recaudan, vigilan y transportan los dineros que se recolectan en las casetas de peaje, se han echado al bolsillo, en el desempeño de tan ardua labor, casi 7 mil millones de pesos en sólo tres años.
Si algo deja claro este acuerdo, además de la ya conocida naturaleza del gobierno de Pastrana, es que para llenarse de plata sin hacer nada, sólo se necesitan buenas relaciones con funcionarios allegados al primer mandatario del país.
El sistema de concesiones: política para el subdesarrollo y el saqueo nacional
Recientemente el actual director de invìas, Luis Eduardo Tobón, señaló en el senado de la República que las irregularidades de esta concesión constituyen “pequeños errores” y con el cinismo que los caracteriza insisten en que, quienes como el comité regional se oponen a las concesiones y a sus “errores”, están contra el desarrollo nacional, en este caso contra el regional.
Dejemos bien claro que el comité regional a expresado una y otra vez y de distintas maneras que las obras son indispensables e inaplazables. Pero dejemos sentado nuevamente que no estamos dispuestos a aceptar las condiciones que a gobierno y concesionario les de la gana, máxime si involucran la privatización de la vía, la perdida para los colombianos y los habitantes de la región de miles de millones de pesos, el cobro de peajes y la valorización a los empobrecidos habitantes de la zona y todo con el pretexto de que abogan por el desarrollo. Que estemos de acuerdo con la realización de las obras, y que las exijamos, no nos lleva al absurdo de considerar que la situación económica de la sabana vaya a mejorar tanto como lo pregona el gobierno. Una verdadera política de desarrollo no sólo regional si no nacional es posible únicamente si se le da un giro de 180 grados a la economía que durante cien años ha imperado en Colombia y a la que nos impusieron también desde 1990 el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los vendepatria, cuyas consecuencias han sido el arrasamiento de la producción industrial y agropecuaria, la perdida de empleo para miles de compatriotas, el mayor envilecimiento de los salarios y entre muchas otras cosas la privatización del patrimonio nacional incluidas las vías. Una ojeada a algunas de las concesiones probará que no estamos ante meros “errores” si no ante toda una política para el atraso y el saqueo de la Nación.
Casi todas las 15 concesiones viales nacionales y cuatro departamentales tienen problemas por el bajo flujo vehícular , pero hay cinco particularmente graves, señalaba el Tiempo el 26 de marzo de 2000. Un caso aparte –decía el mismo artículo- pero al mismo tiempo espejo de todas las demás concesiones, es la vía la Llano, considerada por invìas como uno de sus proyectos piloto y una de las concesiones mejor estructuradas. Y sin lugar a dudas desde la óptica del gobierno lo es, ya que los aportes de la Nación aumentaron de 81 mil millones de pesos a 115 mil millones, mientras que los del concesionario al que le correspondía financiar y hacer las obras se redujeron de 80 mil millones de pesos a 60 mil millones. ¡Vaya modelo de concesión!. Pero para que no quepa la menor duda de que estamos ante una verdadera política de atraso y saqueo de la Nación, en el mismo periódico se leía el sábado veinte de octubre de 2001, que por las mismas razones los colombianos perderíamos otros 252 mil millones en unas obras que sólo costaron 232 mil millones en otras tres concesiones.
Los neoliberales impulsaron e impusieron las privatizaciones y concesiones aduciendo la insolvencia económica del Estado para mantener, rehabilitar y ampliar la red vial del país. Pero, preguntamos nosotros, ¿a caso no refutan los hechos tales argucias? ¿son una verdadera política para el desarrollo las concesiones? y ¿particularmente aquellas en las que los “aportes” de la Nación terminan siendo mayores que los que realiza el consorcio privado, al cual a demás de todo se le permite cobrar peajes y valorización? ¿Pueden considerarse todas estas atrocidades cometidas sistemáticamente por los sucesivos gobiernos como simples errores?
¡Si cobran peajes y valorización: paro cívico!
Además de todos los atropellos que denunciamos en este comunicado, como ya lo mencionamos, el acuerdo firmado entre el gobierno y el consorcio abrió la posibilidad de cobrarle los peajes y la valorización a los habitantes del occidente de la sabana que consiguieron la exoneración. Para tal cometido recurren a amenazas como la del gobernador de Cundinamarca de reprimir con la maquinaria –tanquetas, lacrimógenos y bolillo- la protesta popular, o como la que le hizo el actual Ministro de transporte Gustavo Adolfo Canal a los habitantes de Chinchiná: “a mi me contrataron para hacer vías, pero si tengo que hacer entierros, también los hago”. A lo que contrapondremos un poderoso paro cívico regional si deciden quitarnos la exoneración!