Oficina de Prensa del Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 21 de marzo de 2006

En el debate de anoche al ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, el senador Jorge Enrique Robledo volvió a exigir que se designe un bloque de búsqueda conformado por el DAS y demás organismos de seguridad del Estado, en respaldo a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, para que se conozca a fondo la verdad en el proceso de la parapolítica, pues sin ella “Colombia no podrá salir adelante”. 

No es cierto que las revelaciones sobre vínculos de políticos con paramilitares sean fruto de la Ley de Justicia y Paz, como lo afirma el presidente Uribe, pues el texto original del proyecto no les pedía a los paramilitares confesar toda la verdad y tuvo que ser un fallo de la Corte Constitucional el que enmendara el rumbo. 

El vocero del Polo Democrático Alternativo ratificó que el término parauribismo con el que el PDA ha venido definiendo los más recientes hechos de la política nacional tiene comprobación matemática. “De nueve congresistas presos, nueve son uribistas, el 100%. De 19 congresistas en capilla, 17 son uribistas, el 89,5%. De 32 personas que firmaron el documento de Ralito, 29 son uribistas, el 90%. De un director DAS y tres altos jefes, los cuatro son uribistas, el 100%. De tres gobernadores (Cesar, Magdalena y Meta), los tres son uribistas, el 100%. De 6 alcaldes de Casanare, los seis son uribistas, el 100%. De 83 congresistas (50 representantes y 33 senadores) mencionados en la investigación de Arco Iris, 73 son uribistas, el 87%”. 

Dijo que, así la responsabilidad penal sea individual, existe una clara responsabilidad política en cabeza del presidente de la República. “Este es el centro del debate”, añadió. ¿O lo que ocurrió fue a espaldas de Uribe? Relevó como especialmente grave el caso del director del DAS, Jorge Noguera, hombre de confianza del presidente Uribe. ¿Ignoraba el presidente de la República lo que estaba ocurriendo en su propia policía secreta? Es lo que el presidente debe explicarle no solo al país sino a la opinión pública internacional, que ya acuñó el término paragate, término que apunta, como el de Watergate, a la máxima cúpula del Estado. 

Tampoco Washington es ajeno al fenómeno, como lo prueba el hecho de que la empresa bananera Chiquita Brand, antes United Fruit, buscó el aval del Departamento de Justicia para hacer pagos ilegales a grupos paramilitares por intermedio de una Convivir. Robledo preguntó: “¿Qué tanto sabe Estados Unidos?” ¿Los miles de agentes de la CIA y la DEA que merodean a sus anchas por Colombia, nada sabían? ¿Estados Unidos tiene silenciados a los paras con la amenaza de la extradición? 

Robledo puso como ejemplo del tapen-tapen del gobierno algunas de las frases pronunciadas por el ministro Holguín en medio de la crisis, como esa en la que muestra la carta de Ralito como “un compendio de la Constitución” y que “no tiene nada de impropio”, a tal punto que él mismo la refrendaría, y esa otra en la que asegura que “en las pasadas elecciones presidenciales y del Congreso, no hubo ningún tipo de infiltración paramilitar”. 

El congresista dejó en claro en forma perentoria que, al contrario de lo que afirma Holguín Sardi, “el Polo no combina las formas de lucha ni utiliza ningún procedimiento bélico como forma de resolver las contradicciones políticas”. 

Luego del debate, Robledo subrayó la gravedad de la denuncia hecha por el senador Alexánder López, quien citó unas declaraciones de Rafael García, el testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia, en las que este señala que algunos hechos delictivos se acometieron, “según me informó Jorge Noguera (director del DAS), cumpliendo órdenes provenientes de la Presidencia de la República”. 

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