El Consejo Económico para América Latina y el Caribe -Cepal- reveló que Colombia ocupa el puesto 13, entre 21 países de esta región, con menos hogares conectados al acueducto y alcantarillado, agregando que, en relación con Uruguay, Argentina y Brasil, nuestro país tiene un atraso de más de diez (10) años. El propio viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Iván Mustafá, en el marco del quincuagésimo quinto (55) Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental -Acodal- indicó que “siete millones de colombianos no tienen servicio de alcantarillado y otros cuatro millones no acceden al servicio básico de agua potable”; estas cifras equivalen a entre el 10 y 20 por ciento de la población colombiana. Lo grave es que “el remedio puede resultar peor que la enfermedad”.
Acodal, a través de su presidenta, Maryluz Mejía de Pumarejo, expresó a El Espectador en la edición del pasado 6 de marzo que “desde el anterior gobierno se habían previsto $12 billones, eso cuando se hablaban de Planes Departamentales de Agua, si bien ahora no se van a ejecutar bajo este programa sino con Agua para la Prosperidad, seguimos insistiendo en que esa cifra obedece a las necesidades del Sector. El gobierno nos dijo que puede ser que la cifra no sea de $12 billones pero que sí hay $4 billones para 2012 con posibilidades de irlos incrementando en los próximos años, de acuerdo con las necesidades de proyectos estructurales. Quiero ser enfática en que el sector necesita como mínimo inversiones por $10 billones de aquí al 2014”.
El suministro de los servicios públicos esenciales -dejaron de ser derechos fundamentales- fue ingresado al circuito de los capitales financieros, por lo cual Estados Unidos, a través de la banca multilateral, impone que los mismos sean concesionados a las grandes corporaciones. En ese sentido, el libro de notas políticas presentadas por el Banco Mundial “Colombia 2006-2010: Una ventana de oportunidad”, en su segunda parte, “Invertir en la gente”, en acuerdo establecido con el gobierno de Colombia, establece: “Acueductos: crear economías de escala –planes de agua-, revisar el proceso de descentralización, agrupar los prestadores más pequeños, elevar las tarifas, revisar el sistema de subsidios, incentivar más a inversionistas privados como potenciales operadores”, -ver detalles en el libro “Confianza Inversionista”, página 67, de Aurelio Suarez Montoya- determina la macro política por lo que, sin temor a equívocos, podemos afirmar que cualquier solución a los atormentados habitantes es sobre la base de la especulación financiera.
Hacia el año 1999 el sistema financiero de Colombia tuvo una de sus más grandes crisis, producto de exacerbar las arcas de los sectores productivos y de la población, víctima de cobros de intereses casi “criminales”, como aconteció con los préstamos hipotecarios a través de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- arrebatando la vivienda a los deudores. La crisis –además de que se quedaron con los dineros de la población- nos tocó asumirla a los colombianos, recapitalizando al sistema financiero con la descomunal cifra de entre el 4 y 6 por ciento del Producto Interno Bruto -$11.5 a 16 billones-, los cuales todavía estamos pagando a través de impuestos que se iniciaron como transitorios y los convirtieron en permanentes.
Como era una imposición, el Gobierno Nacional corrió presuroso a dicho rescate; sin embargo, tanto el de entonces como los siguientes se niegan, en forma permanente, a atender las graves necesidades de la población en materia de salud, educación y servicios públicos, que cuantificadas no alcanzan a lo que le regalaron de nuestros bolsillos al sector financiero. Por el contrario, al vincular estos servicios esenciales a la especulación financiera -política que tiene más de veinte años-, contribuyen a empobrecer a la población con caras e inaccesibles tarifas que han convertido a las Empresas Prestadoras de Servicios en las más prósperas del país, impulsando un crecimiento económico que sólo las beneficia a ellas y a los banqueros. El suministro de agua y alcantarillado sino es prestado directamente por el Estado seguirá siendo utopía para millones de colombianos, en uno de los países más ricos en sistemas hídricos del mundo.
¡Convertir el agua y el saneamiento básico de la población en negocio de las multinacionales es un crimen de lesa humanidad!