El país está literalmente anegado. Según el Ideam el actual invierno es el más fuerte de los últimos 60 años. La imágenes de televisión son impresionantes: ríos desbordados que se salen de madre inundando campos y ciudades; destruyendo cultivos y acueductos, ahogando personas, enseres y semovientes; toneladas de tierra que se deslizan de las erosionadas montañas arrasan viviendas, destruyen carreteras aislando poblados y vastos territorios; zonas inmensas de la sabana de Bogotá convertidas, como escribe un cronista, en “el lago más triste del mundo”. Lo más doloroso es el cuadro desesperante de la miseria que emerge de las aguas para recordarnos la cruda pobreza que agobia a millones de compatriotas que viven en las, eufemísticamente llamadas, “zonas de alto riesgo”. Aunque en esta ocasión la tragedia no ha respetado estratos pues fincas ganaderas o cultivos de flores y hortalizas de la sabana, o la agroindustria azucarera y frutícola del Valle del Cauca, están seriamente afectadas.
El contraste con el primer semestre resulta violento. A comienzos de año vivíamos el período de 12 meses más cálido de la historia desde que se dio inicio a las mediciones climáticas 130 años atrás. Como corolario los especialistas del clima nos advertían sobre “los agudos y crecientes períodos de verano e invierno en todas las regiones de la tierra”. Esta semana el director del Ideam informaba, en declaraciones al periódico La República, “que los fenómenos del ‘Niño’ y la ‘Niña’ seguirán registrándose con intensidad en Colombia en los años venideros, indicando además que el país lleva cuatro años soportando, y con creces el llamado cambio climático.”
Estamos entonces ante evidencias inocultables de los desórdenes climáticos originados en el calentamiento global. Situación que debe ser abordada con seriedad, so pena de seguir sufriendo calamidades como las presentes o aún peores según los vaticinios.
La organización institucional del país encargada de comprender y atender los problemas ambientales está haciendo agua por todos los poros. El ministerio desaparecido; la legislación ambiental sin dientes e inerme frente a la depredación de las codiciosas multinacionales de la minería o la energía (Ojo con el Quimbo); las corporaciones autónomas convertidas en nidos de burócratas, orgullosos de su ignorancia, dedicados a “jugar” a la moda ambientalista sin sentido (¿Bioexpo?), mientras la geografía nacional se desintegra. Y el gobierno nacional desconcertado e impotente llamando al sector privado y clamando ante la comunidad internacional recursos para atender la emergencia. Da grima ver al ministro de Hacienda señalando que los rubros de presupuesto nacional son irrisorios ante las demandas apremiantes de los afectados. Pero lo más patético del cuadro es la invalidación del flamante Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos”, que no contempla nada en un campo que es, tal vez, el más importante para la supervivencia del país.
La cumbre climática de Cancún tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre el control de las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, y que está causando el desorden del clima que afecta al planeta entero. Y sobre todo exigir a los diez países altamente industrializados responsables del 60% de las emisiones de CO2, y particularmente a los EE.UU. y a China, responsables de la tercera parte de ellas, a asumir compromisos concretos para contener el calentamiento global.