La crisis hospitalaria en que se debate el departamento de Bolívar estaba anunciada y los responsables de esta catástrofe son bien conocidos, el gobierno nacional que preside Álvaro Uribe y los gobernadores entrante y saliente, Libardo Simancas y Luis Daniel Vargas, y los Alcaldes Carlos Díaz y Alberto Barboza, quienes con una total indolencia y sin importarles la vida de los bolivarenses destruyeron la red pública hospitalaria.
Es inaudito que un presidente pretenda reelegirse con los indicadores sociales que muestra el país y esta región; ASMEDAS señalaba que 17 personas mueren mensualmente por falta de atención médica y el Centro Regulador de Urgencia, ratificando esta afirmación, en el periódico El Universal del pasado miércoles, afirmó, que en el mes de julio de 2004, murieron 15 personas. Estas cifras en cualquier otro país civilizado tendrían en la picota pública a su “gobernante”, pero en el país del Sagrado Corazón, no pasa absolutamente nada.
No pasa absolutamente nada y no mueve a las clases dirigentes ni a las capas poderosas de este país a buscar una solución, porque los muertos son personas humildes que no tienen quien las defienda, ya que son consideradas como desechables.
En Cartagena hay diez hospitales de tercer nivel y solo uno es público y cinco en el cuarto nivel y todos son privados, esta es la prueba reina de cómo la ley 100 convirtió en una mercancía la salud y de que manera los gobiernos nacionales desde la ley 100/93, abandonaron a su suerte a los 30 millones de pobres, que tiene Colombia; entre ellos, los 750 mil cartageneros que viven en esas condiciones.
Ante esta dramática situación, los parlamentarios y diputados se reunieron con el gobierno regional y local, y la única solución como todo lo que hacen fue la de crear otro hospital de economía mixta, es decir, con capital privado en vez de asumir una posición digna e hidalga como lo hizo la clase política santandereana al exigirle al gobierno nacional la solución de los problemas de su hospital regional amenazando que estaba dispuesta a bloquear el departamento de Santander, pero que no iba a permitir el cierre de su centro hospitalario. Si en algo se distingue la clase política bolivarense, es en su sumisión a los dictados de la política nacional; Cartagena y Bolívar no merecen éstos dirigentes.
Pero se equivocan todos estos personajes si creen que con el nuevo hospital se resuelve el problema de la salud, pues si no hay un cambio de este gobierno en la política de salud que disminuya el deseo de enriquecer a las empresas de capital privado, como las ARS. y EPS, a través del subsidio de la demanda, como lo estipula la ley 100/93, el abandono y la muerte de la gente pobre seguirá siendo el pan de cada día. Hay que exigirle al gobierno nacional que volvamos al viejo sistema del subsidio a la oferta y se le quite el criterio mercantilista con el que se maneja este derecho.
La única estrategia que tiene el gobierno de Uribe, que nos la repite todos los días en el noticiero, es que hay que despedir a los trabajadores a través de sus reestructuraciones y contratar cooperativas, como pretenden hacer en la Clínica Enrique de la Vega, para imponer la filosofía del capitalismo salvaje de que los trabajadores sobrevivan con el salario mínimo y sin ninguna protección que les permita tener una vida digna como la que merece todo ser humano.
Contra esto, los habitantes de Cartagena de todos los sectores de la sociedad, debemos levantarnos y evitar que esta catástrofe termine convirtiéndose en una tragedia generalizada.
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