Después que los senadores Hugo Serrano Gómez, Alba Esther Ramírez y Jorge Enrique Robledo denunciaron hace pocas semanas ante el congreso y la opinión pública la firma de un nuevo contrato de asociación de producción incremental de gas de La Guajira denominado Catalina, se desató una tormenta de discusiones en los distintos sectores de la vida nacional relacionadas con el tema de los hidrocarburos. Los congresistas mencionados pusieron el dedo en la llaga al esclarecer que el contrato de asociación de Chuchupa-Ballena firmado entre ECOPETROL y la multinacional Chevron Texaco, en virtud del cual se viene extrayendo el gas mar adentro de las costas guajiras desde hace más de veinte años está para expirar, ya que debe revertir a la Nación el 31 de diciembre de 2004 con toda su infraestructura productiva hasta tierra firme, para ser operado por ECOPETROL y usufructuados sus beneficios por el Estado.
A pesar de que ECOPETROL firmó en 1996 con la misma multinacional el contrato para el diseño, financiación, construcción, transporte e instalación de la Plataforma B, cuyo objeto era producir más gas extraído de los mismos yacimientos de Chuchupa, para lo cual se comprometió a pagar 336.9 millones de dólares, el contrato originario se mantenía incólume y por lo tanto su reversión también.
Como según la Unidad Minero Energética, UPME, del Ministerio de Minas y Energía se requiere producir más gas para abastecer la demanda de la Costa Atlántica y del interior del país a partir del año 2007, se requiere perforar tres pozos más en la Plataforma B, actualmente en operación, que permitan extraer todo el gas de los pozos ya existentes. De acuerdo con ECOPETROL y la multinacional, la inversión requerida para dicha perforación es del orden de los 40 millones de dólares, suma que dista mucho de la inversión que ha hecho ECOPETROL en todo el proyecto, de 339 millones de dólares.
Es obvio que si se actúa con una mentalidad racional que le sirva al progreso del país, ECOPETROL debe ejecutar por su cuenta y riesgo, sin la participación de la firma extranjera, dicho proyecto teniendo en cuenta que está maduro, sus costos de producción bajos (14 centavos de dólar por millar de pie cúbico), que la demanda interna está garantizada, sin riesgos económicos y políticos y porque la rentabilidad en dólares es del 18 por ciento, lo que le generaría a la empresa estatal ganancias cercanas a los 900 millones de dólares.
GOBIERNO NACIONAL INSISTE EN NUEVO CONTRATO
A principios del mes de febrero de 2003, en medio del mayor sigilo y sin consultar con el congreso, con la academia ni con expertos en la materia, la Administración Uribe Vélez, a través del Ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, firmó un nuevo contrato de asociación de producción incremental para, en la práctica, prorrogar el anterior hasta el año 2016, cuando no quedaría nada para revertir. Esto generó suspicacias en la opinión pública e, incluso, los trabajadores de ECOPETROL efectuaron un paro de actividades a mediados de febrero para rechazar el nuevo contrato por ser contrario al interés nacional. El mismo también despertó reservas en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, la cual conceptuó que se suscribió de espaldas a la nación..
INTERVIENE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por su parte el Contralor General, Antonio Hernández Gamarra, en declaraciones publicadas por el diario El Tiempo del 28 de marzo de 2003, dijo que al firmarse el contrato basado en la fórmula de producción incremental, que estipula una participación del 60 por ciento para la multinacional y 40 por ciento para ECOPETROL, caen del 32 al 7 por ciento las regalías para los entes territoriales. Al mismo tiempo advirtió que uno de los requisitos para que un contrato fuera incremental es que se hubieran descubierto nuevas reservas, lo cual no aplica para este caso. Agregó que con Catalina se pretende renovar la extensión de un contrato actual que establece una participación de 50 por ciento cada parte y que vence en el 2004. La única diferencia es que se perforarían tres pozos más. Finaliza Hernández Gamarra “Catalina no puede considerarse como proyecto de producción incremental. Se trata de actividades relacionadas con el desarrollo normal de la producción del campo Chuchupa”.
La discusión sobre el contrato Catalina está en el ojo del huracán. A tal punto que el diario El Tiempo del primero de abril de 2003 relata que el 31de marzo “tras una reunión del presidente Álvaro Uribe Vélez con el contralor Antonio Hernández, se acordó elevar una consulta al Consejo de Estado para dirimir la controversia sobre el contrato gasífero Catalina, firmado por con la Chevron Texaco. El Consejo deberá decidir si es de producción incremental, como dice el gobierno, o si es el desarrollo normal de un campo con reservas ya existentes, como aseguran la Contraloría y un grupo de parlamentarios”.
Haber llegado a este punto, que es una reversa del gobierno, cuando el ministro de Minas decía que no había nada que hacer al respecto, es una buena señal y demuestra que la razón en defensa de los intereses nacionales se puede abrir paso con el concurso de las fuerzas progresistas, democráticas y patrióticas que representan las inmensas mayorías del país.
Actualidad Económica
Norman Alarcón Rodas
noralar51@yahoo.com
Santa Marta, D.T.C.H., abril 2 de 2003