FECODE-CUT, Bogotá, julio 3 de 2003
Bogotá, julio 3 de 2003
Compañero
JORGE ELIÉCER GUEVARA
Presidente y demás integrantes Comité Ejecutivo de FECODE
Ciudad
Fraternal saludo.
Avanza la reestructuración uribista del Estado. Los hechos de los últimos días son una prueba palmaria de ello: la liquidación sin contemplaciones de Telecom después de someterla a una década de implacable marchitamiento; la escisión del ISS en siete empresas y de paso la supresión de los derechos de convención colectiva a casi 14 mil de sus trabajadores, al declararlos empleados de libre nombramiento y remoción con la manida “eficiencia en el desempeño” como único criterio de permanencia; la división de ECOPETROL para, de una parte, arrebatarle las decisiones en materia de política petrolera, el manejo de las reservas futuras de crudo y gas, las regalías, la contratación y tratos con las grandes multinacionales, y de otra, convertirla en una sociedad por acciones, paso inicial para su marchitamiento y privatización.
Sumado esto a los anuncios de políticas similares para el SENA, en cuya reestructuración se suprimirán cinco mil cien cargos y se convertirá en “entidad chequera” para contratar con particulares la formación técnica; el ICBF, que será descuartizado para entregarlo a los municipios; la reestructuración y privatización de las universidades públicas; las fusiones y supresiones que se practicarán en superintendencias, contralorías, personerías, ministerios y entes territoriales a todo nivel, no queda duda alguna sobre la decisión del régimen uribista de expulsar de sus puestos de trabajo a más de 40 mil empleados estatales, para dar cumplimiento a los mandatos del Fondo Monetario Internacional.
Y para hacer frente a las manifestaciones de descontento que surjan en los sectores populares, el Gobierno y sus mayorías parlamentarias aprobarán un estatuto antiterrorista y una reforma a la justicia, que suprimen derechos civiles e imponen la fascistización de la sociedad, como complementos necesarios de la reforma política recientemente aprobada en el Congreso que borra de un plumazo a las incómodas minorías opositoras e impone un pequeño parlamento al servicio de la dictadura presidencial.
En el sector educativo avanza con los mismos fines y arteros propósitos la reestructuración del Estado. Conclusión diferente no puede inferirse de la aplicación del Acto Legislativo 01 y la ley 715 de 2001. Con las normas reglamentarias de esta ley se ha dado inicio al proceso sistemático de reestructuración en la planta de personal docente y administrativa del sector educativo, tal es el caso del nuevo Estatuto Docente y los decretos 1850 y 3020 de 2002, en virtud de los cuales se doblaron la jornada y la carga laboral; se impusieron más obligaciones por menos salarios a docentes y directivos y se dio vía libre a la masificación y hacinamiento de estudiantes en aulas e instituciones, a la vez que se obvió el nombramiento de los reemplazos para los más de 30 mil maestros que se han retirado en los últimos tres años, siendo de hecho recortadas las plantas de personal en esta cuantía.
A todo este escenario se agregan los contenidos funestos de los siete proyectos de decretos reglamentarios que están en curso y que han sido anunciados como próximos a expedirse por parte del Ministerio de Educación. Estos son, el de traslados que estatuye la discrecionalidad de los mismos, limita las permutas y deja sin protección a los miles de maestros amenazados y desplazados; el de escalafón que en la práctica niega la posibilidad de los ascensos por lo menos hasta el año 2008, sujetándolos a disponibilidad presupuestal; el de zonas rurales de difícil acceso que prácticamente las anula y deja al arbitrio de los alcaldes municipales la fijación de los escasos estímulos sujetos también a disponibilidad presupuestal; el de concursos para nombramiento de nuevos educadores que por la multiplicidad de condiciones que establece, convierte la vinculación en una verdadera lotería, a más de la politiquería y el clientelismo que entroniza; el de la certificación de los municipios de menos de cien mil habitantes que coloca en la recta final el desvertebramiento absoluto de la educación colombiana; el de la fijación de costos de matrículas, pensiones y derechos académicos que profundiza el proceso de privatización de la educación y el de la evaluación de desempeño de los docentes hecha por los rectores que sin más, conduce a la exclusión del escalafón y a la subsiguiente destitución de los maestros.
En nuestra opinión, frente a esta andanada de normas no puede haber por parte del magisterio y la Federación una actitud pasiva, a la expectativa de la “buena voluntad” de concertación del gobierno uribista. Tampoco basta con manifestarle al gobierno el desacuerdo de FECODE, en las eventuales reuniones que se tengan. Por el contrario, la gravedad de estas medidas y los riesgos para la profesión docente y para la educación pública que en ella van implícitas, requieren de FECODE y del magisterio una respuesta contundente. En este sentido, le proponemos que la jornada nacional de protesta que se aprobó para el 5 de agosto se transforme en un paro nacional de 24 horas; que se lleve por parte de FECODE a la próxima reunión del Comando Nacional Unitario la decisión de convocar al magisterio a participar del Paro Cívico Nacional en la fecha que sea fijada para esta acción de repudio a la política uribista y a que se adopte por parte de la Federación la decisión de impulsar realmente un paro nacional indefinido del magisterio colombiano que ponga freno a esta ofensiva del régimen uribista y que fuerce al gobierno a una negociación bilateral con FECODE sobre la política educativa y los derechos laborales de los educadores colombianos.
Sobre estas premisas y estos requerimientos, manifestamos a ustedes nuestra voluntad indeclinable de unificarnos y trabajar mancomunadamente por la defensa de la educación pública y los derechos laborales y sociales de los maestros y el conjunto de los trabajadores colombianos.
Fraternalmente;
Firmado:
Miembros del Comité Ejecutivo de FECODE:
RAÚL ARROYAVE ARANGO
ELÍAS FONSECA CORTINA
MEDARDO HERNÁNDEZ BALDIRIS
Dirigentes del magisterio integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT:
GLORIA INÉS RAMÍREZ
ÁLVARO MORALES SÁNCHEZ
TARSICIO RIVERA MUÑOZ
MIGUEL ANTONIO CARO
JOSÉ DIÓGENES ORJUELA
DOMINGO TOVAR ARRIETA