La llamada área “Checua-Lenguazaque”, que comprende el sector de los municipios cundinamarqueses de Cogua, Nemocón, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque, contiene reservas de carbón del mayor poder calorífico, 7.460 kilocalorías por kilogramo, sólo superado por los yacimientos de Molagavita en el departamento de Santander, de 7.870 Kcal/kg y por Santiago los Cuervos, Herran y Toledo en Norte de Santander.
Este carbón bituminoso supera en calidad al carbón térmico de las minas de Cesar y Guajira que en promedio tienen un poder calorífico de 6.450 Kcal/Kg. Es apetecido por ser materia prima de la cual se extrae el coque, utilizado en la fabricación de acero, hierro, fertilizantes, cemento y hasta para purificar agua.
La Unidad de Planeación Minero Energética-UPME- del Ministerio de Minas y Energía, estima los recursos de carbón de Cundinamarca en 1.428 millones de toneladas métricas, de un total nacional de 7 mil millones de reservas, presentes en un 98% en la costa atlántica.
Los mayores consumidores de coque o carbón metalúrgico en el mundo, son China, Japón, Rusia y Ucrania, y en América, Estados Unidos y Brasil. Es comprensible que los recursos de carbón coquizable, así como lo son el oro y los minerales estratégicos, sean altamente perseguidos por las multinacionales, y en la disputa mundial por el control de los territorios, el problema de los títulos mineros y la legislación que los rige, se convierte en el centro de agudas e irreconciliables contradicciones que se resuelven con guerras, invasiones y manipulaciones políticas con toda clase de pretextos, que esconden el objetivo del control de los recursos minero-energéticos por parte de centros de poder internacionales en contienda, cuya presencia en Colombia está plenamente identificada.
En la publicación Coal Américas de abril de 2011, afirma un vocero del Ministerio de Minas y Energía lo siguiente: “Estamos viendo un gran interés por el coque por parte de inversores extranjeros” y añade: “Sin embargo, la industria minera en Boyacá está siendo todavía operada en un nivel muy primitivo. La minería ilegal es el peor problema. En Boyacá, más de 600 títulos para producir coque han sido reconocidos y actualmente más de 3.000 minas están en operación. Casi todas ellas son minas muy pequeñas. Muchas están operando ilegalmente”. Un número importante de inversionistas chinos, indios, polacos y canadienses han expresado su interés por desarrollar proyectos mineros con los depósitos de coque de Cundinamarca y Boyacá. “Tenemos que introducir nuevos códigos mineros antes de que tenga lugar un desarrollo sustancial” dijo el portavoz del Min-minas.
Es así como la minería de “hecho”-la tradicional y la pequeña minería, abandonadas a su suerte, al desaparecer la institucionalidad estatal del sector hace más de 20 años, está ahora sometida a la arremetida de esos centros de poder, amparados por un nuevo régimen institucional al servicio de la “confianza inversionista” y los tratados de libre comercio, TLC, políticas de Estado que colman de gabelas tributarias y favorecen las exigencias de los monopolios, desconociendo los derechos de los ciudadanos y comunidades de nacionales, que al igual como lo hicieron sus antepasados, al descubrir las minas de sal y comerciar con “panes de sal”, las familias de mineros de “hecho”, fueron quienes originalmente ubicaron los recursos mineros y han luchado por obtener sus títulos por años de infructuosa insistencia, mientras que los monopolios y sus representantes llegan con el total respaldo del gobierno y se hacen a los títulos de la noche a la mañana de territorios ocupados por los mineros tradicionales, sometidos a toda clase de presiones, sindicaciones y desligitimados hasta ponerlos en la picota pública por “ilegales”!. Igual a la pequeña minería que ostenta sus títulos y trabaja lícitamente, se la persigue como a los tradicionales con el argumento de que no cumplen con los requisitos y estándares de seguridad, eficiencia y conservación ambiental, exigidos por INGEOMINAS, requisitos que han sido tomados de los manuales que dictan los asesores de la gran minería transnacional, promotora de la funesta “locomotora minera”.
La “locomotora minera” pone a la pequeña minería y a los tradicionales, al mismo nivel de las multinacionales y como si fuéramos iguales, se nos ordena cumplir con los requisitos y los estándares de seguridad que los afamados inversionistas no cumplen. El gobierno debe acordar una política minera en la que quepamos los colombianos. No es democrática la norma que establece que el “primero en llegar, será el primero atendido”, esta es la maniobra mediante la cual se despoja a los mineros tradicionales de su territorio, violándoles flagrantemente el “principio de confianza legítima”, que significa que quienes hayan explotado un recurso del cual depende su subsistencia y el Estado lo haya tolerado, se han hecho acreedores a ese legítimo derecho al uso de la tierra.
Para burlar y despojar a la minería de “hecho”-tradicional y a la pequeña minería de su legítimo derecho al título, hace carrera la también antidemocrática definición del “amparo administrativo”, figura que opera a favor de los nuevos dueños de títulos, subidos en la “locomotora minera”. Ejemplos, la brasilera Vorantin, cuyo principal interés no es propiamente la planta de Acerías Paz de Río, sino los títulos mineros de Boyacá y Cundinamarca, igual es el interés de Argos, al adquirir hectáreas en la vereda “Peñas de Cajón”, del municipio de Sutatausa, que no están siendo explotadas, a la espera del endurecimiento de la política minera del gobierno contra los originales y tradicionales mineros de la zona, perfilándose como centro de expansión para el control del carbón de la mejor calidad.
Este es el motivo fundamental por el cual el 6 de julio de 2011 los mineros de Sutatausa se pusieron de pie, movilizándose para impedir el operativo de orden de cierre y suspensión de actividades productivas, impuesto por las autoridades nacionales en cabeza de INGEOMINAS, de más de 20 minas, notificándole al gobierno que están dispuestos, organizada y democráticamente, a marchar hasta Bogotá y defender el derecho constitucional al trabajo que ampara a los ciudadanos colombianos antes que a los monopolios interesados en despojarnos de nuestros recursos.