La realidad colombiana está atravesada por la caída en la producción industrial y agropecuaria, el desempleo y un modelo basado en el “libre” mercado que está arruinando a la nación. En respuesta se han levantado múltiples protestas ciudadanas, incluyendo a los campesinos, las batas blancas y los estudiantes. Bogotá y sus localidades no son ajenas a estos hechos. La localidad de Bosa, la cuarta más poblada de la capital, es una de las que los padece profundamente.
Bosa está cimentada sobre antiguos poblados indígenas y su nombre proviene de un vocablo chibcha que significa “cercado de guarda y defiende las mieses”. En estas tierras se libraron batallas por la independencia. Hasta la primera mitad del siglo XX, Bosa era un municipio con apenas cinco barrios y veinte mil habitantes, cuyo principal reglón económico era la agricultura de subsistencia. Fue además escogido como el lugar idóneo para ubicar varios colegios de importancia para la educación de los hijos de la “aristocracia criolla” de ese tiempo.
En 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, el Decreto 3640 anexó Bosa al Distrito Especial de Bogotá. Mediante el Acuerdo 26 de 1972, Bosa se consolida como la Localidad Siete. Hoy alberga a más de medio millón de habitantes, el 8% aproximadamente de los ciudadanos de la capital. Receptora de migrantes provenientes de varias partes del país, es la localidad con mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado, un promedio de 44 personas, una altísima densidad poblacional que sufre ante los graves problemas del transporte y vivienda.
Bosa está situada en la periferia sur de la ciudad y la cuenca del río Tunjuelo. Constituye el espacio ambiental para cerca de dos millones y medio de personas de bajos ingresos, que subsisten en pésimas condiciones de salubridad y con servicios públicos muy deficientes. Son especialmente graves los atrasos en acueducto y alcantarillado. Según un estudio de la Corporación para el Desarrollo de Bogotá, la carencia de alcantarillado y la falta de agua potable son las prioridades más sentidas por los habitantes y representan un grave riesgo para la salud pública, en especial por la falta de redes domiciliarias.
En lo que respecta a la salud, Bosa cuenta apenas con 27 equipamientos, entre centros de atención, Unidades Básicas de Atención y Unidades Primarias de Atención y un hospital de nivel I. Están dividida en cinco Unidades de Planeamiento Zonal, UPZ, dos de ellas en evidente descuido. Lo ejemplifica la UPZ Porvenir, con apenas seis equipamientos de salud, reducidos a las unidades de atención primaria y básica. La cantidad de unidades y centros de atención es insuficiente, porque para dar un cubrimiento total cada una tendría que atender en promedio 22.200 habitantes, y muchos de estos centros no cuentan con los recursos necesarios para atender una emergencia o una situación preventiva de alto riesgo.
El panorama laboral es igualmente desalentador. Según la CEPAL, Colombia es el país de América Latina con mayor desempleo y en Bosa sí que se hace evidente esta realidad. El desempleo cubre el 10.5% de la población económicamente activa, es decir, cerca de 45.900 habitantes, sin contar con que el 19% solo se emplea ocasionalmente. Cabe agregar que de los ocupados, el 43% no tiene un contrato laboral digno y suele laborar bajo condiciones de tercería. Entre el 57% y 62% de los tercerizados se desempeñan como asalariados en Kennedy, Engativá, Tunjuelito y Bosa. En materia de informalidad, la situación es mucho peor, ya que afecta gran parte de la población ocupada de la localidad.
No es extraño entonces que Bosa aparezca como la tercera localidad con peor calidad de vida, 3.5 puntos porcentuales por debajo del promedio de la ciudad. La crítica realidad pone de presente que la solución no se encuentra en la requerida pavimentación de vías o la construcción de un parque. La alternativa no es otra que la misma que urgen millones de colombianos, un cambio a fondo del actual modelo económico, que lleva décadas imperando, un modelo basado en el libre comercio, la inversión extranjera y la especulación financiera que mercantiliza los derechos sociales. Por esa razón se requiere un cambio estructural, en el que prevalezcan la producción nacional y el empleo digno, con garantía de los derechos sociales y económicos. Solo lo lograremos si elegimos una opción distinta a la que representa el presidente Juan Manuel Santos. No podemos votar mal en marzo y en mayo y después reclamar que se nos gobierne bien.