José Arlex Arias, Cartagena, marzo 12 de 2018
El pasado 9 de noviembre, los pilotos de Avianca agremiados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles –Acdac–, levantaron una huelga que había comenzado 51 días atrás. En una decisión trascendental para el sindicalismo colombiano, la Corte Suprema de Justicia determinó que dicha huelga fue ilegal con dos argumentos muy discutibles: “no haber sido votada por las mayorías establecidas legalmente y por recaer sobre un servicio público esencial”. En el primer caso, la Corte Suprema termina legalizando el paralelismo sindical de los patronos para evitar el libre desarrollo del sindicalismo, con su plena autonomía; de hecho, los principales objetivos de la huelga fueron la lucha de Acdac contra un pacto colectivo realizado por Avianca y un sindicato patronal que actuó de “esquirol”, y la nivelación salarial según las escalas que Avianca reconoce a sus similares en otros países.
Así mismo, la Corte –en contra de las sentencias internacionales– pone el negocio de la multinacional Avianca al nivel de un derecho fundamental como la vida y la salud, como si viajar en un avión de Avianca fuera determinante para la vida de todos los colombianos. El informe “La aviación en cifras” de la Aeronáutica Civil, edición 2017, nos dice que en “el 2016 se movilizaron 35,77 millones de pasajeros origen-destino… el tráfico doméstico representó el 67% del total… Avianca movilizó el 57,3% del mercado”. Esto es, que de los 23.965.900 pasajeros movilizados dentro del país, las filiales de Avianca Holdings transportaron 13.732.469; si tenemos 45 millones de habitantes, equivaldría al 30,51% de la población; pero ese cálculo incluye los trayectos y los viajes que realizó un mismo pasajero, con lo cual se demostraría que más del 80% de los colombianos no viajaron por Avianca y no han muerto por ello. A pesar de que un Tribunal de Arbitramento determinó que no se tomaran represalias contra los pilotos, Avianca está cometiendo una masacre laboral despidiendo a cerca de 107 pilotos y sancionando a más de 190, destruyendo el sindicato.
La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que el servicio de transporte aéreo no es esencial o fundamental y en ese sentido se pronuncian las organizaciones de los trabajadores de las líneas aéreas del mundo, que han realizado paros y huelgas y no han sido despedidos por los patronos. La Corte Suprema actuó como la guardiana de los intereses de una transnacional que se aprovechó de la ocasión para aumentar las tarifas y sigue haciendo lo que le da la gana con los pasajeros, penalizándolos si tienen que cambiar de vuelo; sin embargo, la aerolínea se reserva el derecho de cancelar itinerarios, retrasarlos o fusionarlos, ocasionando perjuicios a los pasajeros. Ya Avianca no es “Aerovías Nacionales de Colombia”, nacida el 14 de junio de 1940 de la fusión de SCADTA con el Servicio Aéreo Colombiano (SACO), ambas en sus inicios de capital público, que nos hacía sentir orgullosos; hoy en día es propiedad de “Don Germán” Efromovich, quien le ordenó a la Corte Suprema que actúe a su servicio. Ahora les cobra a los trabajadores colombianos el que no le permitieran ganarse $195 millones de dólares proyectados sino utilidades de $82 millones de dólares, unos 240 mil millones de pesos, los cuales no sacian su avaricia. En Colombia ¡el derecho a la huelga y la libertad sindical solo existen en el papel!