Desde los años setenta los “maestros” colombianos se fueron unificando en FECODE. Impulsados por una justa lógica gremial, consiguieron ir profesionalizando una actividad de importancia vital para la sociedad: la educación pública. No pueden olvidarse tiempos en que “quien no tenía nada que hacer” era recomendado por los politicastros para ser maestro. Igualmente, era usual que los salarios no se pagaran cumplidamente o se entregaran botellas de licor para cubrirlos, era un relajo.
Contra las creencias en boga, FECODE le puso seriedad a la profesión en el país. En 1979, merced a sus luchas por décadas, vio la luz el Estatuto Docente: un código único que establece un escalafón de 14 categorías, y normas claras sobre derechos y deberes de los educadores, regulando la carrera docente en Colombia. Como resultado, el grado de escalafón promedio en el país está entre las categorías 10 y 11, son muchos los maestros que ostentan varios títulos, además de experiencia y especialización pedagógica; y no pocos muestran además niveles de postgrado. La profesionalización de la docencia en Colombia avanzó con la creación del Fondo de Pensiones del Magisterio en 1989. Las erogaciones fiscales para sostener el modelo, del cual hacen parte las condiciones laborales de los profesores, se atendían con la obligación de la Nación de financiar la educación pública dentro de total gratuidad.
Aunque la Constitución del 91 inspiró la acción estatal en el criterio neoliberal de “eficiencia” en el gasto, y para ello descargó en la familia y la sociedad la responsabilidad de la educación, contrario a lo acaecido con la salud, la comunidad educativa logró mantener en la Ley 60 de 1993 la obligación antes vigente, pese a que en ella ya comienza a conjugarse la jerga de “tipologías regionales”, “eficacia”, “ruralidades” y demás. Quizás, el mayor logró alcanzado, con la Ley General de la Educación o Ley 115 de 1994, fue la autonomía de la escuela: elemento esencial para quienes asumen la vocación de educar a niños y a jóvenes en la contribución a su desarrollo y al de la nación. Se proscribió así un sistema replicador de contenidos, en no pocos casos, confesionales y se consagró un régimen en el cual, “el Estado financia y el maestro educa”, como en las sociedades más avanzadas.
En noviembre de 2000, apareció el documento “Reformas Institucionales en Colombia”, dirigido por Alberto Alesina de la Universidad de Harvard en el cual participó Alberto Carrasquilla. Con la consigna “doblarle el espinazo a FECODE”, el documento, fundado en razones fiscales y escandalizado porque Colombia tenía los salarios del sector público más altos en América Latina, trazó línea reclamando la eliminación de los estándares salariales uniformes para el magisterio de todo el país y propuso su fijación por municipios y departamentos acorde con resultados de evaluaciones, reforzó la figura de maestros provisionales, planteó el cambio del régimen disciplinario establecido en el Estatuto Docente y arremetió contra las pensiones del magisterio, al acusarlo de sólo contribuir con el 25% del valor de las mismas. Esto es lo que se consigna e induce en los acuerdos suscritos con el FMI.
Alesina ahonda en los conceptos neoliberales de eficiencia y rendimiento para áreas de bienestar social, con el Acto legislativo 01 de 2001, que limita la financiación del sector sólo hasta el 2008, con la ley 715, que lo municipaliza y hasta lo relega a nivel de planteles educativos, y con el decreto 1278 de 2002, que reglamentó el concurso para docentes dentro del nuevo Estatuto de Profesionalización, el que dicho sea de paso no exige el título docente para ejercer la docencia y que convoca engañosamente a 200.000 personas para cubrir 60.000 vacantes, lo que se ha hecho es seguir sus recomendaciones al pié de la letra.
Gracias a ellas, quien se desempeñó, por ejemplo, como taxista en 2004, con suerte y una palanca politiquera, podría ser profesor en 2005, con un régimen de estabilidad laboral diferente al del resto de docentes, siempre con estatus de periodo de prueba, y que podría abandonar las aulas para regresar a sus anteriores o a nuevas ocupaciones. Esa política no repara en las principales víctimas de ella que son los estudiantes, ni en las secuelas que trae al progreso nacional, ni tampoco que para imponerlas haya que recurrir a una represión desenfrenada. Lo importante para los prosélitos de Alesina no es la calidad de la educación sobre la que tanto peroran, lo importante es, por motivos fiscales, “doblarle el espinazo a FECODE”, consagrar las condiciones para quienes de todo esto se lucrarán al máximo en el TLC.