El Congreso de los EE.UU. en el pasado mes de diciembre autorizó emplear recursos económicos del presupuesto norteamericano para fumigar con Glifosato, Cosmoflux y Poea, los parques naturales de los colombianos. De manera inmediata el gobierno de Álvaro Uribe ha aceptado la fumigación con tóxicos en los santuarios de flora y fauna que tiene el país.
Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, está debidamente probado que el Glifosato es dañino. Muchas ONG`S ambientales han señalado que afecta alimentos, aguas, plantas silvestres, animales y humanos, produce efectos biológicos supremamente graves y al mismo tiempo tiene efectos sociales como la ruina de las cosechas de los campesinos, con lo que provoca desplazamiento y enfermedades.
La legislación colombiana establece que en los parques naturales no se puede hacer la erradicación de los sembrados de coca y amapola por vía aérea sino que esta debe ser manual para respetar la fauna y la flora.
Estas fumigaciones ordenadas por el Congreso norteamericano muestran la gravedad de la pérdida de la soberanía nacional porque no es el gobierno colombiano el que toma la decisión sino que de manera sumisa acata y ejecuta la orden. Llama poderosamente la atención que mientras 2002 se fumigaron 130 mil hectáreas, en el 2003 otras 132.817 hectáreas, la CIA acaba de anunciar que todavía quedan 114 mil hectáreas de coca y amapola, lo que demuestra algo que sospechabamos los colombianos: que esta política ha sido ineficaz porque a pesar de las rimbombantes cifras, el área sembrada permanece relativamente estable. La prueba de esta ineficacia la señala el Senador Jorge Enrique Robledo cuando dice, “no han aumentado los precios de las drogas en las calles de los EE.UU., incremento que ha debido darse si esa estrategia fuese productiva”. Si aplicamos las leyes de la economía.
Este atentado contra los parques naturales ha movilizado a todas las organizaciones ambientalistas de Colombia, que durante todo el mes de marzo han organizado foros, seminarios y movilizaciones para exigirle al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que detenga este crimen contra la naturaleza. En ese mismo sentido el Senador Robledo ha convocado a un debate en la Comisión Quinta del Senado, a la Ministra del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para que le explique al país a que obedece esta política de fumigaciones.
Pero igualmente el gobierno ha decidido fumigar las áreas de producción agropecuaria y la zona cafetera, lo que va a traer consigo la ruina de los cafetales y cafeteros del país, lo que tendrá repercusiones notables para la economía nacional.
El periodista Daniel Samper Pizano, en su columna del El Tiempo de marzo 3, señalaba “no basta con indignarse por las fumigaciones: hay que hacer algo”. Ese algo debe significar que los colombianos en general debemos expresar nuestro repudio a esta política enviando mensajes de protesta al Presidente de la República, al Procurador General de la Nación, la Ministra del Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo, donde exijamos el respeto de nuestra biodiversidad como parte del patrimonio del pueblo colombiano.