Todas las semanas los medios de comunicación masiva registran un sinnúmero de noticias que tienen que ver con el transcurrir de la economía nacional, en la que acaba de terminar una de las primicias a destacar tiene que ver con la intervención de la mayor firma de comisionistas de bolsa en Colombia INTERBOLSA por parte de la Superintendencia Financiera dados sus evidentes problemas de liquidez que terminaron en el incumplimiento de obligaciones contraídas con algunos inversionistas, esta firma como todas las que operan en el llamado mercado bursátil, viven de la especulación: una forma de apropiarse a través de títulos valores del trabajo que la economía real produce, pero que termina generando utilidades virtuales, que solo se obtienen mientras el mercado no exige la contabilización en bienes tangibles o materiales de los fondos representados por el papel, cuando estos se liquidan normalmente superan el valor de mercado y el aterrizaje resulta traumático para quienes pretenden obtener valores mayores; una vez fue tomada la empresa en crisis, rápidamente el presidente Santos salió a anunciar que el Estado garantizará con recursos del erario el patrimonio de estos inversores que apostaron por el riesgo y no por el trabajo.
Al mismo tiempo la prensa reseñó y en el portal de la presidencia de la república se publicó el decreto 2235 del 30 de octubre del presente año que faculta a la policía nacional a destruir la maquinaria pesada que se dedique a la explotación minera, la que adelantan en su mayoría pequeños y medianos mineros y con lo que sobreviven más de dos millones de personas; resulta curioso por decir lo menos que cuando se incauta cualquier bien al narcotráfico este se puede decomisar excepto la droga o los llamados precursores y se entregan para su usufructo y manejo a organismos del Estado, pero cuando se trata de los competidores de la minería transnacional la orden perentoria es destruir equipos y maquinaria que igual podría decomisarse si en efecto son empleados para actividades ilícitas y aprovecharlas para entregarla a entes territoriales u organismos del Estado que podrían darle uso para el beneficio de las comunidades.
Contrasta el trato que el gobierno otorga a quienes viven de la especulación y el lucro del trabajo ajeno, con el dado a Colombianos que arriesgan sus patrimonios y sus vidas en actividades que generan trabajo, que deben regularse por supuesto, pero que se integran a la economía nacional.