Aurelio Suárez Montoya
“La United Fruit fue un foco de corrupción increíble”, afirma, en “Palabras Pendientes”, López Michelsen. La acusa de ser la primera en mezclar política, dinero y poder judicial. El 31 de julio de 2001, el ex presidente Samper, en la Universidad Iberoamericana de México, aseguró “la corrupción es una enfermedad de la globalización, y es transmitida por las multinacionales a través de una crisis de principios”. Como nadie puede alegar el conocimiento de causa que les cabe a ambos, no puede prescindirse de ese marco para analizar las recientes amenazas proferidas por William Lash, Secretario Adjunto de Comercio de USA, de “sacar” de las ventajas arancelarias del ATPA a 6.000 productos colombianos en el mercado norteamericano. Es un castigo si no se aceptan los reclamos, emanados de los procesos de demanda contra la Nación, por dos grupos, TermoRío (formada por la Sithe Energy, la LeaseCo. Power y la EPSYN Finance de “inversionistas” locales) y NORTEL, de la rama de comunicaciones. Aparte de la opinión sobre los reales beneficios del ATPA, el aspecto principal es la coerción ejercida sobre la soberanía nacional. En esos pleitos hay evidencia de dolo al suscribirse los contratos respectivos.
El caso de TermoRío trata del suministro de energía a largo plazo que esa empresa le prestaría a la antigua firma distribuidora del Atlántico, Electranta. Se pactó para iniciar en julio de 1998, pero, al decidirse en diciembre de 1997 la privatización de CORELCA, el contrato no se incluyó dentro del paquete de oferta al afirmar el Ministerio de Minas, en ese tiempo, que los sobrecostos en los que incurría y algunas cláusulas violaban la Ley. TermoRío siempre fue una firma de papel, apenas adquirió un terreno y algunos precontratos para el equipo, jamás vendió un kilovatio. En el lapso entre la suscripción del contrato y la privatización, el último gerente de Electranta, sin autorización, firmó un otrosí que impedía la venta de los activos y autorizaba -para dirimir diferencias- la competencia del tribunal de la Cámara de Comercio de París. La Sithe Energy y sus socios recurrieron a dicha instancia, la que profirió un laudo a su favor por 60.3 millones de dólares. En tanto, en los tribunales colombianos, los abogados de la SuperServicios, se “hacían los de la oreja mocha” contra el interés nacional; Henry Cobo Solano, un testigo de ésto y funcionario de Electroguajira, dispuesto a aportar pruebas sobre los sobornos en el caso, fue asesinado. Por este “torcido” Mr. Lash exige pago inmediato. También lo han hecho el ex embajador Frechette y la senadora Hillary Clinton con otros de sus colegas.
Lo de NORTEL es uno de los contratos de “riesgo compartido” que TELECOM firmó en 1.993 con seis empresas para poner dos millones de teléfonos. Se colocaron 1´873.845, de los que se vendieron 1´149.294. Violando la Ley 37 de 1993, al repartir la participación sobre los ingresos brutos y no sobre las ganancias o pérdidas, TELECOM se comprometió a pagar unos “valores de rescate” si los cálculos de tarifas y tráfico no eran los esperados. Como fallaron en un 70%, las seis multinacionales demandaron, exigiendo “el rescate” para liquidar los contratos, por mil millones de dólares, pese a que por la administración de las operaciones recibieron, según la Contraloría General, 1.300. Eso significa que por línea vendida captaron más de mil dólares cuando el precio en el mercado mundial es de 400. Quieren más y en el caso de NORTEL es un descaro. El proyecto CAPITEL, desarrollado en Bogotá, instaló 183.626 líneas y vendió 129.426. Allí TELECOM, pese a que los contratos se justificaron porque la estatal no pondría un peso, tuvo que invertir 65 millones de dólares anticipados, los que NORTEL no puso. Y, considerando que además la multinacional no cumplió a tiempo con la instalación, ni con los estratos sociales proyectados, la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones, USTC, aplicando la metodología de la Contraloría, sostiene que, antes bien, NORTEL le debe a TELECOM. El pleito, pese a todo, se perdió por 73 millones de dólares y ya el gobierno de Pastrana ha corrido a hacer un préstamo por 600 para transar con todas las partes, sin ton ni son. En esa iniciativa, y según un documento del CONPES, el aval para el crédito, que compromete el 82% de los activos de TELECOM, sería una sociedad que se constituiría con todas las telefónicas locales que posee la empresa. Así se dividiría a TELECOM, su patrimonio se dejaría a merced del capital financiero y su papel se reduciría a la conmutación, dejándola casi al servicio de 05 y 07. Mr. Lash también vino por el cheque de NORTEL.
Pereira no escapa a las amenazas gringas. Por algunas opiniones y comentarios se sabe que el BID, inclusive a través de ministros, presiona la entrega de la gestión de Aguas y Aguas a una compañía internacional, como se comprometió a hacerlo Luis Alberto Duque. Ante la renuencia de la administración actual, se amenaza con suspender el préstamo, leonino como el que más, y cobrar indemnización correspondiente. Algunos están mortificados por esto y la Alcaldía hace suertes para que se acepte su remisión. Desde condecorar a la virreina Patterson, demostrar cumplimiento del Plan de Desempeño y hasta sacar a licitación, pasando por encima de los Concejos de tres municipios, el manejo privado de las cuencas alta y media del Río Otún y según los términos de referencia del BID, Es decir, entregar la madre pero no el hijo. Está por ver qué sucede si un símil de Mr. Lash, introduce la gestión de Aguas y Aguas en su pliego de exigencias. Por ahora aquí se ve más debilidad que fortaleza.
El Imperio no negocia, impone. La visita de Lash es memorando de esa ley de alcance global. Cabalga sobre los desafueros de funcionarios venales, como en el célebre tratado Herrán – Hay, el que regaló a Panamá y que, al no ser refrendado por el Congreso de Colombia, suscitó el separatismo, castigando a “los corruptores insensatos y homicidas de Bogotá”, “pequeñas despreciables criaturas” como les espetó Theodore Roosevelt.
Publicado en el periódico La Tarde Mayo 7 de 2002