Doctor
CARLOS OSSA ESCOBAR
Contralor General de la República
Bogotá
Cordialmente, le solicitamos se sirva vigilar el proceso mediante el cual el gobierno nacional, a través de Isagen, pretende comprar las acciones que la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, posee en Hidromiel S.A. ESP y en el Fideicomiso Miel I. Esta petición tiene que ver con que, como verá, se hallan amenazados los intereses de la Nación y los de los caldenses, y no sólo porque ese negocio es parte de la privatización del sector eléctrico nacional:
1. Entre el departamento de Caldas, el municipio de Manizales y otros municipios, los caldenses posemos casi la mitad de las acciones de la CHEC. A su vez, CHEC es propietaria del 37.7 por ciento de Hidromiel y del 9 por ciento del Fideicomiso Miel I, del cual Hidromiel posee el 23.6 por ciento.
2. El Ministerio de Hacienda, que representa las acciones que la Nación tiene en la CHEC, que son el 50.045 por ciento del total, quiere imponer en la junta directiva de la CHEC que ésta le venda a Isagen, a menos precio, la participación que posee en Miel I y en Hidromiel, incluido el proyecto de trasvase del río Guarinó en Miel I.
3. Que el gobierno nacional, en cabeza de Isagen, pretende comprar a menos precio no tiene dudas: ha ofrecido por lo que la CHEC posee en Hidromiel y en Miel I 13.5 millones de dólares, cuando en libros esa inversión llega a 28 millones de dólares. Y ha ofrecido por el trasvase del Guarinó 5 millones de dólares, cuando ese trasvase vale, de conseguirse la licencia ambiental y según Inverlink, 20 millones de dólares.
4. Para agravar las cosas, el gobierno nacional insiste en transferirle a Isagen las acciones que la CHEC posee en Hidromiel y Miel I, para facilitar la venta de Isagen, también a menos precio, a inversionistas extranjeros.
La vigilancia que le estamos solicitando no se debe a un exceso de celo de nuestra parte, sino a que van tres veces en que el gobierno que preside Andrés Pastrana Arango se aprovecha de su poder para actuar en contra los particulares intereses de los caldenses. La primera vez ocurrió cuando intentó imponer, mediante la represión y pasando por encima de la opiniones de las autoridades de Chinchiná y del gobernador de Caldas, el contrato leonino de la mal llamada “autopista del café”. La segunda ocasión se dio cuando inició el proceso de privatización de la CHEC, sin siquiera consultar con las autoridades del departamento. Y la tercera sucedió cuando le impuso a la gobernación de Caldas un “convenio de desempeño” contra la cantidad y calidad de la educación primaria y secundaria de los caldenses, empleando el chantaje de no pagarle los sueldos al magisterio y convirtiendo en un crédito al departamento lo que según la ley es el aporte obligatorio del gobierno nacional para pagar esos sueldos.
Firmada por Sandra Toro, presidenta, y Jorge Enrique Robledo, asesor de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos