En reunión general de los habitantes del barrio “Las Brisas” de la ciudad de Pereira, cuando quien dirigía el evento pidió que alzaran la mano quienes tuvieran suspendido algún servicio público domiciliario, en una congregación de un centenar de personas no quedó prácticamente nadie con el brazo abajo. En la Costa Atlántica, uno de cada cuatro usuarios también sufre de desconexión, y el gobierno avaló allí para 150.000 familias pobres el hechizo de la “Energía Social” con el cual se garantiza, mediante el cobro en común a las poblaciones barriales, el recaudo para las empresas privadas, trasladando a los habitantes las contradicciones suscitadas por mora, conexiones fraudulentas y demás. En el Valle del Cauca hay anuncios advirtiendo a quien trate de conectarse a las redes de energía de modo irregular sobre la posibilidad de quedar “electrocutado”, para castigar a los que, en su desespero, osen atentar contra la tasa de ganancia de los consorcios. Después de una década de vigencia de las leyes 142 y 143, uno de cada tres colombianos, la mayoría en las zonas rurales, carece de agua apta para el consumo. Un estudio reciente sobre el destino de las remesas de los emigrantes colombianos destaca la aplicación en el pago de los servicios públicos domiciliarios y el Informe 2004 de Social Watch registra que en la década 1990-2000 subió sólo 3% la población colombiana con acceso a saneamiento y que disminuyó un 3% el número con acceso a fuentes de agua mejorada.
Lo anterior prueba el fracaso del modelo de privatización con rentabilidad que se impuso en el Revolcón desde 1994 para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Se perdió un patrimonio público construido por varias generaciones y parte sustancial de él pasó, a menos precio, al capital extranjero especialmente español y norteamericano. Empresas como Sithe Energy, Bechtel y Houston Energy han hecho de las suyas, así como Endesa, Unión FENOSA, Aguas de Barcelona y TELEFÓNICA, y activos públicos como Telecom o Emcali han dado al traste; en esta última “el rescate” se hace con base en un ilegal Fondo de Capitalización al que los usuarios contribuyen de manera forzosa con el 2% del valor de la factura mensual, mientras el sector financiero controla la empresa. El 50% de la generación de energía, una tercera parte del saneamiento básico, la porción lucrativa del mercado de larga distancia y toda la telefonía móvil, que dobla a la fija, son del sector privado.
Ante tan infausto panorama, el gobierno de Álvaro Uribe persiste en el modelo fallido. Continúa con la eliminación de los subsidios que solventan a los estratos más medios y bajos, suscribe acuerdos con el FMI para privatizar las electrificadotas regionales y acoge préstamos y políticas condicionadas que el Banco Mundial y el BID imponen acerca de la administración del agua para crear nuevos réditos a grupos privados en “negocios” como drenaje de aguas lluvias, concesiones de fuentes con ánimo de lucro y tratamiento de aguas residuales. De manera impudorosa sale a “vender el país” halagando a los inversionistas, como lo hizo en España, con nuevas gangas. Éstas se consagrarán, y con creces, en el TLC con Estados Unidos ante cuyo texto en estos temas las leyes 142 y 143 son catálogos de buenas intenciones.
La organización de los usuarios del país crece paralela con la tragedia. Por esto el 21 y el 22 de julio se reunirá un Congreso Nacional en Bogotá con más de 1.400 delegados de 25 regiones, representando a 100 organizaciones sociales y políticas. Constituye un campanazo de alerta al gobierno para que cese en sus intenciones neoliberales, que abarcan los disparates nombrados y otros más como la venta de las empresas telefónicas, empezando por el “pedazo” que se le piensa a desprender a EPM, un despropósito fraguado por el ahora ejecutor directo e inspirador de marras, Juan Felipe Gaviria, como lo denuncia con evidencia suficiente Javier Gaviria Betancur en su libro, “Gerencia Insólita”. Con seguridad, las conclusiones provechosas de ese Congreso llegarán como bálsamo de aliento a millones de hogares hoy abatidos por los insaciables intereses de las compañías privadas que mandan en el “negocio”. En el ambiente se respira una sensación análoga a la que hizo tambalear al “Mandato Claro” en 1977, cuando la movilización por servicios públicos atizó la protesta del 14 de septiembre; ¿Se repetirá la historia 28 años después, avivada ahora por lo mismo en tiempos del “corazón grande”?