El Congreso de Colombia aprobó la ley de “Reparación de Víctimas del Conflicto Armado y Restitución de Tierras” con 62 votos a favor y 3 en contra en el Senado y 93 a favor y 3 en contra en la Cámara, cuya composición es de 102 y 166 respectivamente, lo que indica que, por muchas circunstancias, no tuvo el amplio respaldo que se ha pregonado. El pasado 10 de junio fue promulgada por el presidente Santos, valiéndose de todo tipo de parafernalia, incluida la asistencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, quien le intercambió “el honor de su presencia” por el voto para su reelección al frente de esa Institución.
El Gobierno dice que en la Ley están las herramientas para reparar a cuatro millones de víctimas del conflicto armado y devolver a sus propietarios más de dos millones de hectáreas de tierras, así como indemnizar a otras 450 mil familias desplazadas. Agregó el presidente Santos que con esta ley “está construyendo las condiciones para la paz” y “es tiempo de felicitarnos y de asumir que esta ley no es un puerto de destino sino una grilla de partida”.
El presidente Santos caracterizó a los enemigos de la nación entre grupos de extrema izquierda -incluyó la guerrilla- y extrema derecha -señaló a quienes riegan pesimismo sobre su gobierno- esto último es una generalización que no corresponde a la realidad, que estigmatiza y coloca en el nivel de los grupos armados al margen de la ley a quienes por razones filosóficas, políticas o sociales discrepan de su Gobierno. No habrá un colombiano en buen uso de razón que se oponga a que las víctimas sean reparadas, pero sí existen personalidades y sectores que creen que la Ley de Víctimas es más un código de demagogia oficial que una verdadera reparación a quienes han sufrido el rigor de la violencia indiscriminada, propiciada por los que nos han gobernado.
Las organizaciones de víctimas hicieron críticas a la ley, comenzando con que los directamente afectados no tuvieron participación efectiva en su discusión. “No se convocó a una participación masiva de ellas, que se escucharan sus opiniones y adecuar el contenido de la ley a sus supremos intereses. Por el contrario, los llamados a acoger propuestas de las víctimas y sus organizaciones fueron desestimados por el Congreso de la República, explicaron. Así mismo en la Ley de Víctimas “la oferta de los servicios sociales y subsidios de vivienda, a los que tenemos derecho el común de colombianos, no puede considerarse como una reparación o indemnización”, advierte Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –Codhes-.
Las organizaciones de víctimas además impugnaron que: “la ley carece de criterios objetivos e idóneos en indemnización administrativa; el contrato de transacción obstaculiza el acceso a la justicia y viola el derecho a la indemnización; no contempla un reconocimiento de que la reparación es responsabilidad del Estado por incumplir su deber de garantía y protección de los derechos humanos; vulnera la reparación integral patrimonial y no contiene la reintegración al proyecto de vida, conforme a los estándares internacionales; contraviene la jurisprudencia constitucional sobre la distinción entre ayuda humanitaria, prestación de servicios sociales y medidas de reparación; desconoce la universalidad e igualdad en el conjunto de víctimas; desdibujó el carácter transicional de la restitución de tierras; es un retroceso en los derechos de la población desplazada en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia; la atención y reparación de las víctimas es confusa y de difícil acceso; y creó un carácter inconstitucional de la supeditación de los derechos fundamentales de las víctimas al principio de sostenibilidad fiscal”.
Iván Cepeda, congresista del Polo, aseguró que “sus fundamentos son endebles y sus alcances extremadamente limitados”. También teme por “las víctimas que quedarían fuera de la ley. Entre ellas, los más de 100 líderes políticos de oposición y miles de militantes de la Unión Patriótica sacrificados o los “falsos positivos”, civiles asesinados por militares para engrosar las estadísticas de guerrilleros muertos en combate”.
En resumen ¡ahora serán víctimas de la demagogia oficial!