Ponencia sobre situación agropecuaria en Colombia, presentada al I Encuentro Nacional de Jóvenes del Polo Democrático Alternativo – PDA. Bogotá, 28 y 29 de noviembre de 2006.
En medio de millones de mercancías que invaden el mundo, suele olvidarse un hecho inmodificable de enorme trascendencia: sin importar cuantos computadores, automóviles, televisores y demás objetos se disfruten, los seres humanos deben comer tres veces al día, so pena de perecer. Y esos alimentos, incluidos los que parecen sintéticos y saben a plástico, son productos agropecuarios que tienen origen en el trabajo de la tierra.
Jorge E. Robledo. El Nuevo Día, 10 de marzo de 1997
Actualmente asistimos al más execrable espectáculo de rapiña de las reumáticas economías de los países “en vía de desarrollo” por parte del poderoso capital financiero. La historia reciente de la humanidad nos ha mostrado que la ruina de millones de productores urbanos y rurales en todo el mundo no es una consecuencia impensada de las orientaciones neoliberales, sino su principal propósito.
La debacle de naciones enteras que por razones distintas a su voluntad someten su soberanía a los intereses de las multinacionales, se generaliza por todo el globo; la injerencia de las superpotencias, especialmente de Estados Unidos, en la vida económica, política y militar de países de todas las latitudes, es muestra de la rigidez y tozudez ideológica y de las intenciones imperialistas de quienes tienen hoy la sartén por el mango en el concierto mundial. La idea de crear y fortalecer mercados globales está sujeta a la consolidación de capitales de carácter monopólico y transnacional y presupone el desaparecimiento de todas las formas económicas no monopolistas, bien sean empresariales y, naturalmente campesinas.
En Colombia, el problema de la dominación extranjera consiste en el saqueo de nuestros recursos naturales y materias primas, en la toma del mercado nacional por los monopolios extranjeros; en las inversiones del capital financiero internacional que asegura jugosos beneficios a costa del trabajo nacional. Manifestación de este dominio y control de nuestra economía, son las relaciones comerciales, laborales, ambientales, militares, culturales y de todo tipo que se pretenden imponer con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que sacrifica la soberanía, frena aún más el desarrollo industrial nacional, aumenta los despidos sin tasa ni medida en los sectores público y privado, promueve el endémico y doloroso espectáculo de las bautizadas ocupaciones informales y el establecimiento de las tenebrosas maquilas, suprime las reivindicaciones laborales, subasta los bienes públicos en franco detrimento del patrimonio nacional, permite el apoderamiento de recursos, servicios, y sectores estratégicos del Estado por parte de los monopolios extranjeros, quiebra la producción agraria e industrial perdiendo la soberanía alimentaria e incrementando el atraso en las relaciones de producción y las economías agrarias.
En las postrimerías de los noventa, con arrojo y valentía, los neoliberales criollos iniciarán su artificio que más adelante desencadenará en la hecatombe neoliberal. Los que preparaban la celada desde el gobierno de Barco, los renovados apátridas comandados por un político de tercera rescatado del eje cafetero que aseguraba el vasallaje al gobierno norteamericano con toda clase de falacias que soportaban la apertura, la oligarquía nacional y el gobierno gringo, montaron lo que será el nuevo modelo económico neoliberal, sentando el más duro golpe al sector agropecuario colombiano.
Una de las grandes falacias sobre las que se montó la apertura consistió en señalar que el agro nacional estaba excesivamente protegido y que si no se había desarrollado más era porque los empresarios y los campesinos habían abusado del llamado “paternalismo” estatal. Pero….también era cierto que si bien el sector no funcionaba como debía, de él derivaban su sustento campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios, quienes, además, le hacían aportes significativos al desarrollo del país. (Jorge E. Robledo. Neoliberalismo y desastre agropecuario. 30 de noviembre de 1999).
Lo primero fue la eliminación de precios internos de sustentación, para todos los productos, a partir de entonces dichos precios fueron fijados por el valor de las respectivas cotizaciones internacionales. Ello influyó tanto en los cereales y las oleaginosas como en el café y el banano, entre otros. Solamente se exceptuó el azúcar. Debido a eso, entre 1990 y 1996, los ingresos de los agricultores cayeron en más de 20% para casi todos los sectores. El precio del kilo de ganado en pie duró congelado dos años seguidos y en arroz no se reportó incremento real alguno. (Aurelio Suárez. “El sector agropecuario colombiano frente al TLC con Estados Unidos” p. 22, agosto de 2006).
Luego se proscribió cualquier tipo de protección, respaldo o subsidio que sirviera como apoyo del Estado a los productores, se eliminaron los estímulos a las exportaciones, la garantía de compra de cosechas, el apoyo a la compra de fertilizantes e insumos, se sustituyó el inicuo crédito de fomento agropecuario por el crédito comercial al liquidar la caja agraria, desaparecieron las instituciones creadas años atrás para fomento y el desarrollo del sector. Los más perjudicados por estas decisiones fueron los campesinos.
Una vez se hizo el ejercicio de comparar cómo se producía en el agro de Colombia y en el de Estados Unidos, por ejemplo, quedó claro que la capacidad nacional de competencia de los colombianos era bastante menor, y no solo porque los subsidios de esa potencia a su sector agropecuario sumaban unos 80 mil millones de dólares al año. Cuando la apertura empezó, toda la producción se hacía allá con equipos de significativo poder y, con frecuencia, por auténticos monopolios que controlaban capitales e inversiones inmensas, porque no existía la producción campesina, entendida ésta como la que hacen quienes carecen de manera absoluta de un capital o lo tienen de muy escaso monto y deben entonces laborar con sus manos y las de su familias, sin contratar mano de obra asalariada o en muy poca cantidad, y sin el empleo de maquinarias que les aumenten la productividad de su trabajo.
También se señaló que los precios de sustentación norteamericanos eran tan efectivos que hasta habían permitido garantizarles el ingreso a los agricultores para que no sembraran o pagarles, por cuenta del Estado, el sacrificio de millares de vacunos y el derrame de millones de litros de leche, para impedir superproducciones consideradas indeseables.
Eran tan notorias las diferencias en las tasas de interés de los créditos, que no es del todo exagerado decir que allá los productores pagaban por el dinero en un año lo que aquí se les cobraba en un mes, con esos intereses menores expresándose también en las cartas de crédito utilizadas por los intermediarios de otros países que compraban sus exportaciones, negocios que solían ser impuestos a los países atrasados con la complicidad de los organismos financieros internacionales.
En tanto aquí el riego apenas respaldaba una porción pequeña del área sembrada, allá era prácticamente omnipresente, gracias a que desde la década de 1930 el Estado había hecho por su cuenta grandes inversiones en represas y canales. Mientras en esas tierras los fletes se abarataban por el común empleo de ríos y ferrocarriles como sistemas de comunicación, en éstas casi todo se cargaba por carretera, el sistema de transporte más costoso que existe después del aéreo.
En tanto allá existía una formidable red de universidades públicas gratuitas y multitud de centros de investigación financiados por el gobierno, que ponían a disposición de los productores especialistas por montones y casi que a diario semillas mejoradas y avanzados recursos para controlar las plagas, aquí apenas había unas pocas facultades de agronomía y veterinaria signadas por la escasez de recursos, y los institutos de investigación, mal dotados y financiados, eran la excepción y no la norma, a pesar de que en los países de las zonas templadas los gélidos inviernos se encargan de hacer fuertes controles fitosanitarios cada año, mientras que en las regiones tropicales las plagas se reproducen y mutan con extraordinaria rapidez, realidad que genera diferencias naturales enormes y de grandes consecuencias a la hora de competir.
Para completar el cuadro de las desemejanzas, allá solo se producía en tierras planas y aquí buena parte de la agricultura y la ganadería se hacía en las montañas, donde ni siquiera era posible beneficiarse de muchas de las posibilidades que ofrece el empleo de la rueda. En resumen, a cada agricultor y ganadero norteamericano lo llevaban de la mano el Estado y la capacidad nacional de competencia que los gobiernos habían creado y mantenían, cuando en Colombia ocurría todo lo contrario. (Jorge E. Robledo. Neoliberalismo y desastre agropecuario. 30 de noviembre de 1999).
En conclusión, un balance del sector agropecuario colombiano en los últimos años arroja resultados similares a los que han venido caracterizándolo a través de la historia, y agravados de manera especial desde la imposición de la apertura. Con relación al crédito, aunque el grupo de los pequeños propietarios es de 70% del total, nunca ha recibido más de 10% del monto colocado. Los costos principales siguen siendo los paquetes tecnológicos de agroquímicos y las semillas certificadas, compensados necesariamente con una baja remuneración para la mano de obra. La superficie cosechada en los últimos cinco años no ha crecido más de 10% y el empleo rural es casi el mismo desde 1990.
En el año 2002 las importaciones superaron los seis millones de toneladas, llegando a valer algo más de 2.000 millones de dólares. Para 2004, los bienes primarios y los procesados llegaron a 10 millones de toneladas. La poca protección aduanera,…vale 1.400 millones de dólares, tan solo el 15% del valor total de la producción agropecuaria, mientras en Estados Unidos el apoyo estatal es casi igual a la mitad del valor de los ingresos de los productores. La tierra utilizada en pastos dobla la cantidad de la que tiene vocación para ese fin y es diez veces superior a la ocupada en cultivos, la cual es, a su vez, casi la misma que se destinaba para es objetivo hace 30 años.
La desigualdad en la distribución de la tierra se ha agrandado y se registra que los propietarios de más de mil hectáreas, que son menos de uno de cada cien, tienen más de 60 de cada 100 hectáreas. La tendencia de especialización en ganadería y productos tropicales se ha fortalecido, y la pobreza, la violencia y el desplazamiento rural hacia las ciudades no decrecen.
Las transformaciones de los últimos veinte años han reforzado las condiciones de atraso histórico del campo colombiano y han desmontado muchos de los flacos avances que se dieron en algunas circunstancias. Es la consecuencia lógica de adecuar el agro colombiano a los intereses de cada momento de las potencias económicas, principalmente de Estados Unidos, y de un inicuo régimen de distribución de la tierra que ha predominado y que se agrava más con el paso del tiempo y el despojo y la ruina de pequeños y medianos productores y campesinos.
Para colmo de males, después de casi de dos años, el gobierno colombiano y Estados Unidos cerraron la negociación del TLC el pasado 22 de noviembre. Para la administración de Uribe Vélez, el cierre significa la aceptación de todas las exigencias norteamericanas. La famosa estrategia negociadora colombiana que buscaba un tratamiento especial, que pretendía hacer valer su carácter de aliado estratégico de Washington y que había anunciado que defendería el agro y las sensibilidades productivas del país, fue un estruendoso fracaso. Los anuncios hechos durante todo el proceso de que no le servía a Colombia un acuerdo como el firmado con Centroamérica o Chile, pues el gobierno tenía el objetivo de que Colombia fuera ganadora neta, fueron desmentidos por los hechos. La verdad es que el gobierno firmó todo lo que Estados Unidos le propuso.
La afirmación de que vamos a conquistar el mercado de Estados Unidos es una mentira. Todos los estudios realizados previamente, mostraban que aumentaran más las importaciones que las exportaciones, que Colombia quedará sujeta a los vaivenes de las finanzas internacionales sin mayor capacidad de control de su propia economía, que habrá una reducción en los ingresos del Estado y que el aumento en las exportaciones no tendría mayores repercusiones, pues ni existe la oferta exportable ni los Estados Unidos eliminarán la protección de su economía ni sus subsidios a la producción agrícola.
A pesar de eso y basado en argumentos puramente ideológicos que simplemente reflejan la obstinada fe en los dogmas neoliberales, el gobierno está embarcando al país en la peor subyugación foránea desde los tiempos de la Colonia.
Estados Unidos es el ganador del TLC y podrá exportar sus excedentes, controlar la economía colombiana, explotar la mano de obra barata de la población y apoderarse de sus recursos naturales, incluyendo la biodiversidad, el agua y los conocimientos ancestrales.
Esta entrega del mercado nacional viola el artículo 65 de la Constitución que impide la desprotección de la producción de alimentos, socava la soberanía y aumenta la dependencia alimentaria del país. (Apartes del artículo “entrega total”, publicado esta semana en www.moircolombia.org).
El TLC es una carga mayor para un sector que nunca supero altos grados e atraso y que ha retrocedido como consecuencia de la apertura. El TLC sumirá al agro colombiano en el caos, los males sociales empeorarán, la desigual distribución de la tierra prevalecerá, y se fortificarán las tendencias a la “ganaderización” y a la siembra de productos tropicales hacia los cuales se nos quiere dedicar exclusivamente. Tienen sobradas razones quienes argumentan, y el capítulo de comercio agrícola da evidencia suficiente al respecto, que en estas condiciones la firma del TLC es un acto de traición a la patria. Si a este estrago se le añaden los que le causan los otros capítulos a la producción rural nacional y a que lo pactado no solamente no cuenta con el consenso de todos de todos los países del mundo sino que además ha sido motivo de sanciones y de rechazo general, Colombia está ante uno de los actos más deshonrosos de su historia pues el TLC reitera el control de Estados Unidos sobre la política avícola colombiana. (Aurelio Suárez. “El sector agropecuario colombiano frente al TLC con Estados Unidos” p. 49, agosto de 2006).
La resistencia no ha concluido; simplemente entra a una nueva etapa. Al lado de la imprescindible y obligatoria movilización popular, debemos exigir a los candidatos al Congreso y a la presidencia que expresen en forma clara su oposición al Tratado, presionar al Parlamento para que no lo apruebe y llevar a la Corte Constitucional la explicación de sus efectos perversos sobre el país. Contamos con la ventaja de que la opinión está mayoritariamente en contra del mismo y hay una decisión unánime del movimiento popular que se acrecentará con el aporte de los hoy claramente damnificados en todos los rincones del país.
A los colombianos de finales del siglo XX la historia nos impuso una dura prueba: la de ser capaces de dejarle una patria mejor a nuestros descendientes, principal deber de un ser humano en su paso por la tierra, o ser inferiores a ella y, aún peor, ni siquiera intentarlo. La actividad de la inteligencia, que le otorga la razón a los patriotas que luchamos en defensa del cabal ejercicio de la soberanía nacional, el requisito indispensable del desarrollo del país, y el reconocido valor del pueblo colombiano autorizan a pensar que no todo está perdido y que la victoria será nuestra. Hagamos votos porque con nuestros esfuerzos así sea. (Jorge E. Robledo. Neoliberalismo y desastre agropecuario. 30 de noviembre de 1999).
Finalmente, presentamos los siete puntos que durante más de una década se han convertido en el eje de nuestra lucha en defensa del campo colombiano y que permitirán el desarrollo de las fuerzas productivas y consigo el fortalecimiento de la economía nacional:
1. Por que cesen las políticas que inducen la importación de productos del agro que pueden producirse en Colombia y por que, en consecuencia con esto, se defina como máxima prioridad garantizar la seguridad y el autoabastecimiento alimentario nacional, requisito indispensable para el desarrollo de cualquier país.
2. Por precios de sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado.
3. Por un efectivo control de los costos de los insumos agropecuarios, tarifas de los servicios públicos, impuestos y demás costos de producción. Por que se suspenda inmediata e indefinidamente la estratificación de los predios rurales.
4. Por créditos suficientes, oportunos y baratos.
5. Por la condonación total de las deudas del sector agropecuario, de forma que cesen los procesos judiciales, los embargos y los remates, y los productores vuelvan a ser sujetos de crédito.
6. Por que el Estado mantenga y desarrolle su papel de protección del sector agropecuario en las garantías de comercialización, precios, créditos investigación, asistencia técnica, construcción de distritos de riego y demás labores que defiendan y estimulen las actividades del sector.
7. Por los demás asuntos de interés particular de los sectores del agro o las regiones tendientes a impulsar el progreso del campo colombiano y la unidad entre sus productores, y en la especial exigencia de que el gobierno nacional cumpla de manera estricta los acuerdos que ha firmado, producto de la lucha, con agricultores y ganaderos.
DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY GUBERNAMENTAL DE ESTATUTO DE DESARROLLO RURAL
Pronunciamientos de Organizaciones Gremiales
Bogotá, octubre 10 de 2006
Las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, agrarias, sociales, ambientales, populares, de mujeres y sindicales que suscribimos la presente declaración:
1. Denunciamos los alcances regresivos y antidemocráticos del proyecto gubernamental de Ley de Desarrollo Rural que actualmente se debate en la Comisión V del Senado de la República bajo el número 30S, por su carácter antinacional, atentatorio de la soberanía y la seguridad alimentarias, los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, la producción nacional, la economía campesina, las propiedades y posesiones de la población desplazada, la biodiversidad, la diversidad cultural y étnica, y entrega aún más el campo colombiano a las transnacionales.
2. Rechazamos la intención del gobierno nacional de impulsar y lograr la aprobación de este proyecto en tiempo récord, sin la debida participación de las comunidades rurales, directamente afectadas con su aplicación; y además, sin surtir el trámite obligatorio de Consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, previsto en el Convenio 169 de la OIT y en la Constitución Política
3. Denunciamos la manera antidemocrática e ilegal como la directiva de la Comisión V del Senado está dando curso a esta iniciativa gubernamental, sin permitir, de acuerdo con el reglamento del Congreso, la acumulación del proyecto de ley 99S preparado por la Convergencia Campesina, Negra e Indígena y otras organizaciones, presentado al Senado por el Polo Democrático Alternativo y que trata de la misma materia. Por tanto, exigimos a la directiva de la Comisión V del Senado proceder a la acumulación de los dos proyectos.
4. Advertimos que, con este Estatuto, en el marco del TLC, complementado con la Ley Forestal y la proyectada Ley de Aguas, el capital transnacional encontrará campo abonado para sus jugosos negocios, a costa del desplazamiento, el hambre y la miseria de cerca de doce millones de colombianos necesitados que aún pueblan el campo y del menoscabo del patrimonio ambiental y la diversidad cultural; así, el agro colombiano quedaría definitivamente desprovisto de campesinos, indígenas, negros y productores nacionales. Este es el verdadero “interés estratégico” invocado en las mencionadas propuestas gubernamentales.
5. Instamos a las organizaciones agrarias, populares, sociales y democráticas de todo el país, a manifestar su rechazo al proyecto de “Estatuto de Desarrollo Rural” y a preparar la movilización nacional para evitar que este esperpento se convierta en Ley de la República.
6. Llamamos a las organizaciones internacionales a solidarizarse con las comunidades rurales colombianas y a demandar del Estado, el respeto de sus derechos y dentro de ellos el de la participación democrática, en asuntos vitales como el desarrollo rural, en cuyas discusiones no se convoca ni se escucha a sus voceros y representantes.
7. Exigimos, por consiguiente, que el “Estatuto de Desarrollo Rural” sea archivado por ser altamente inconveniente a fundamentales intereses nacionales. A la vez seguiremos luchando por una Ley que verdaderamente sirva a la Nación, al Pueblo y al Agro Colombianos.
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS CAFETEROS – APEMECAFÉ
ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS UNIDAD Y RECONSTRUCCIÓN – ANUC-UR
ASOCIACIÓN NACIONAL POR LA SALVACIÓN AGROPECUARIA
UNIDAD CAFETERA
UNIDAD PANELERA
CENSAT-AGUA VIVA
CENTRO DE COOPERACIÓN AL INDÍGENA – CEC
CONFEDERACIÓN ECÓLOGO HUMANISTA GUERREROS DEL ARCO IRIS ECOIRIS
FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA – FENSUAGRO
FUNDACIÓN HEMERA
FUNDACIÓN ZIO A´I
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS-ILSA
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA –ONIC
ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA – OIA
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS EN COLOMBIA – PCN
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INCODER –SINTRAINCODER