Aún no se escriben todas las historias sobre la minería, son proverbiales los relatos de Jack London sobre los guaqueros del oro en Alaska, retando a la naturaleza, los peligros del mundo congelado y las privaciones propias de lugares inhóspitos lejanos a la civilización, ahora aquí en Colombia hay una fuente inagotable de crónicas de mineros acosados por el Estado al servicio de grandes multinacionales que deben ser desplazados para facilitar la gigantesca labor depredadora de estas últimas en oro, carbón, calizas, fosfatos, arcillas o cualquier otro recurso natural que pueda significar una inversión para sus capitales ociosos.
Quien pudiera por ejemplo hacer la narración sobre los chircales que hace decenas de años funcionan por la vía de Campoalegre al sur del Huila, en donde para aprovechar las arcillas del terreno se levantaron hornos para cocer el barro y fabricar ladrillos con los que se han erigido cientos de construcciones en la región, no son fogones que funcionen todo el año y tengan la zona atosigada con la humareda propia de esta labor, son cochadas que se cocinan de cuando en vez para atender pedidos o mantener un stock que suministre tejas, adobes y baldosas; los verdes campos de arroz que los rodean nunca se han quejado por su actividad.
Sin embargo, la semana que pasó sirvió para que los incrédulos propietarios de estas ladrilleras supieran que no es cuento lo de la Locomotora Minero Energética, garrote para los pequeños y medianos mineros nacionales y privilegios para la minería transnacional; la CAM con el pretexto de aplicar normas expedidas por el Ministerio del Ambiente sobre el control de generación de descargas contaminantes a la atmósfera ordenó el cierre y posterior multa de ocho de estos establecimientos; se pregunta uno que sanción reciben Europa y los Estados Unidos por la emisión de al menos el 70 % de los gases que tienen colapsado el planeta por el efecto invernadero.
La Confederación Nacional de Mineros que agrupa a Medianos y pequeños mineros y barequeros dado la arremetida gubernamental contra este sector con decretos que facultan a la fuerza pública a destruir sus elementos de trabajo y su judicialización sin mediar proceso alguno, ha convocado a un paro nacional minero para el 17 de julio en el que entre otras reclama la concertación de una ley que diferencie los tipos de minería y defina el procedimiento de legalización de títulos. Es nuestro deber apoyar su justo reclamo.