Aurelio Suárez Montoya, Agosto 4 de 2003
En la sociedad colombiana se ha sentado un estigma especial contra “los violadores”. Estos sicópatas, que algo han heredado del medio de descomposición en el cual se criaron, de una organización social enferma regida para su devenir por la ley de la máxima ganancia y el mayor beneficio individual, se convierten en blanco preferido de quienes le quieren demostrar a los asociados que la justicia aquí sí opera y “llega hasta las últimas consecuencias”. Casos de delincuentes como Garavito, el “monstruo de los cañaduzales” y otros por el estilo se dan como ejemplo de aplicación de la Ley con todo su rigor. No obstante, hay otros tipos de “violadores” quienes, por el contrario, reciben el aplauso de la sociedad, se les premia, los poderes centrales los protegen y corren en su concurso para validar sus conductas en aras de la defensa de “las instituciones”, a las cuales confunden con los siniestros personajes que actúan contra las mayorías con idéntico cálculo e iguales ardides que los depravados sobre sus víctimas inocentes e inermes.
Un buen ejemplo de lo expuesto puede encontrarse en el INFORME DEFENSORIAL No.5018-22904 del Defensor del Pueblo Regional de Risaralda, FERNANDO ALBERTO ALVARES BELTRAN, dirigido al Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira acerca del “Conflicto estudiantes/directivas, UTP”, el Julio 31 de 2003. En él, el funcionario en mención afirma que se enteró de dicha situación el día 28 de julio cuando fue citado por el secretario de Gobierno Departamental, Guillermo Pérez, para dar a conocer el “operativo policial” de desalojo de los estudiantes de la UTP. Surgía de una petición expresa del rector, Luis Enrique Arango, como un acto “preventivo” ( al estilo de BUSH en IRAK) ante una posible “toma” debido a que los estudiantes habían decretado un paro y estaban “armando unas “carpas” ( que era una sola, en singular). Y, ¡Quién lo creyera ¡ la solicitud de “tierra arrasada” del rector fue rechazada por determinación “del comandante de Policía ante los planteamientos presentados por la Secretaria de Gobierno Municipal y la Abogada de la Defensoría del Pueblo; decidiéndose como alternativa, el acordonamiento policial de la sede y permitir la mediación defensorial en el conflicto”.
Cuenta en su informe el Defensor del Pueblo que, tras conversaciones con las partes el día martes 29 de julio, dejó constancia “de la oposición rotunda de la Defensoría de un operativo de desalojo con el empleo de la fuerza pública” , algo en lo que insistían el Rector, su Asesor, el Secretario General y los Vicerrectores Académico y Administrativo, anunciando para ello tanquetas traídas de Cali (las que han atropellado en Risaralda a los venteros ambulantes y a los campesinos) dado que “conocían antecedentes de activismo de algunos estudiantes, lo que los hacía presumir de existencia de intereses revolucionarios detrás de la aparente Asamblea Estudiantil”. De esos mismos “revolucionarios” también informa el defensor del Pueblo que, aunque los Directivos no atendieron ninguna solicitud estudiantil, “los jóvenes negociadores aceptaron desalojar la universidad bajo la condición de que el Consejo Superior atendiera a la Comisión de Estudiantes completa”.
Luego de relatar que el asesor de la Rectoría, Germán Toro, el día miércoles 30 de julio intentó desconocer la promesa rectoral de permitir la conversación de la Comisión con el Consejo Superior, arguyendo que los “ministros” que vendrían no tratarían el asunto, y de destacar las diligencias que fue menester adelantar para que las Directivas cumplieran con la palabra empeñada, el Defensor dice: “ Honorables Miembros del Consejo Superior Universitario, con suma preocupación observo las irregularidades cometidas, el inadecuado manejo de la situación y la vulneración de fundamentales derechos en la problemática expuesta, es por eso que reitero a ustedes la inminencia y urgencia de tomar cartas en el asunto, disponiendo las medidas necesarias tendientes a que cesen las acciones vulneradoras y se eviten las arbitrariedades en el curso del proceso de negociación. Es mediante el diálogo, en condiciones de igualdad y de respeto, que se logran los fines y cometidos estatales”.
El Consejo Superior de la UTP sesionó el día sábado y, en efecto, escuchó a la Comisión Estudiantil. En primer lugar, respaldó todo lo actuado por el rector, Luis Enrique Arango y, en segundo lugar, como lo decía López Pumarejo, citado para ello muchas veces por Juan Guillermo Ángel, “cuando no se quiere atender algo, nómbrese un comité”, procedió en consecuencia a nombrar uno con un encargo peor: organizar unas mesas que….sí aplaquen el alboroto y embolaten la solución.
He ahí una historia de las “violaciones” de buen recibo, aprobadas por los centros de poder que así ven interpretada la política oficial y, con base en la coyuntural popularidad de Uribe, los atropellos, aventuras y prepotencias se reafirman como auténticas exégesis de la cartilla de la Casa de Nariño. A las graves acusaciones del Defensor, a quien le faltó poner en conocimiento de las autoridades penales los delitos que acusa, ya que quien vulnera derechos fundamentales es un delincuente, se les cubre con un manto de silencio e impunidad. El “violador” se justifica ante la opinión, se le rinde reverencia y… parte sin novedad. Con frío cálculo ya prepara su siguiente golpe artero en el cual la nueva víctima será igualmente tratada. Basta presumir para proceder. Nadie lo había hecho en 41 años, solo podía hacerlo alguien cuyo lema es: “los principios cambian con el tiempo”, para acallar las tormentosas sombras del pasado que le empañan la imagen en los altares ante los que ahora se pone de rodillas y a bajo cuyo alero se coloca, liturgia eterna de espíritus mediocres, como los que para dirigir una universidad urgen de policías y tanquetas.