El futuro próximo de los colombianos se decide el 30 de mayo en las urnas, dependiendo de quien resulte elegido podremos esperar que los males que nos aquejan, que son muchos, inicien un firme proceso de solución o continúen profundizándose las enormes lacras que afectan a nuestra sociedad y que significan dolor y tragedias sin límite.
Los empresarios nacionales deben preguntarse si el candidato que escogen adelantará una política de protección del mercado interno que les garantice la venta de su producción o si como han hecho los gobiernos de la apertura para acá, mantendrá los privilegios al capital foráneo, constriñendo los esfuerzos propios y condenándolos al fracaso.
Los usuarios del sistema de salud deberían examinar si se mantendrá la receta del Ibuprofeno o al fin se recuperará un sistema que no discrimine, preste asistencia universal, es decir a todo tipo de patología y lo respalde el Estado.
Les convendría a los atribulados consumidores de los servicios públicos domiciliarios, que acabamos de conocer de la negativa de la mayoría Uribista en el Congreso al referendo del agua apoyado por más de dos millones de colombianos, saber si votan por la privatización de las empresas estatales construidas con el ahorro público para el suministro de agua, gas, energía eléctrica, como ya ocurrió con la telefonía o si por el contrario se respalda el carácter público de estos servicios y de esta manera se garantiza su prestación independientemente de la capacidad económica de las familias.
Los trabajadores que aún disfrutan de un empleo, cada vez menos remunerado y con eliminación de garantías, tendrían que considerar si la opción que escogen representa la continuidad de las cooperativas de trabajo asociado, la supresión de las horas extras, la limitación del incremento salarial o si por primera vez se impone el criterio de aumentar el ingreso de los colombianos para que crezca el mercado interno, se fortalezca y apoye el desarrollo nacional.
Quienes estudian o pretenden hacerlo tendrían que cuestionarse en relación con el tipo de formación que esperan y las condiciones para hacerlo, pues la política educativa actual está enfocada a la formación de técnicos para laborar en maquilas y matrículas altas sufragadas a punta de crédito o si quieren una educación de muy alto nivel, científica y con la garantía de financiación por parte del Estado para ofrecer ambientes adecuados a los alumnos.
Los desplazados y afectados por las violencias tendrían que preguntarse si los candidatos ofrecen reparación y castigo como debería ser o si simplemente olvidan por cualquier confesión.
Los patriotas, quienes comprenden las implicaciones que trae en nuestra vida cotidiana y en la relación con los países vecinos la presencia de tropas extranjeras con licencia para la impunidad, deberían esperar una decisión de revisión de los acuerdos inconstitucionales y evitar la sujeción de la nación a los dictados de las grandes potencias.
Los ganaderos, los lecheros, los agricultores de Colombia todos tendríamos que cuestionarnos sobre las disposiciones fitosanitarias y los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Comunidad Europea, que parecen diseñados para liquidar toda forma pequeña o mediana de producción agropecuaria.
En fin, todos tendríamos que deliberar sobre la política que conviene para que Colombia avance y con ello se elimine el hambre y la pobreza. Mi conclusión es que únicamente el programa propuesto por Petro y el Polo ofrecen la garantía del cambio que tanto necesitamos.