La revocatoria, por parte de la ANLA, el día 1° de marzo, de las sanciones proferidas por Corpocesar y Corpomag contra Drummond y Fenoco, debido a los graves daños ambientales y sanitarios causados por estas dos empresas, ligadas en el negocio del carbón en Cesar y Magdalena, es una muestra más de la obsecuencia y permisividad del gobierno de la unidad nacional santista, ante el inicuo despojo de los recursos naturales, realizado por las multinacionales minero-energéticas a cuyo paso sólo dejan socavones, desolación, hambre y miseria para trabajadores y habitantes de las poblaciones.
El día 13 de enero de 2013, la multinacional estadounidense Drummond, propietaria de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, en La Loma, Cesar, produjo el derramamiento de alrededor mil toneladas del mineral en el puerto de embarque de Ciénaga, Magdalena; hecho que Drummond mantuvo en silencio y que por denuncias de los medios, la opinión pública y las autoridades conocieron 17 días después de ocurrido, considerándolo un grave atentado contra la fauna y flora marinas, la subsistencia de pescadores, la salud de los pobladores y el turismo de Santa Marta.
Las airadas protestas y denuncias ciudadanas por semejante descalabro ambiental obligaron a la Corporación Autónoma del Magdalena, CORPOMAG y la ANLA, a sancionar a Drummond con la prohibición de utilizar barcazas para llevar el carbón hasta los barcos transportadores, hasta tanto implementara medidas que garantizaran la operación de embarque en forma segura.
Pero si en Magdalena llueve, en Cesar no escampa. La empresa ferroviaria –FENOCO- que transporta el carbón desde las minas de La Jagua y La Loma hasta los puertos de Ciénaga y Santa Marta y es propiedad de las trasnacionales mineras Drummond y Glencore, está ocasionando graves perjuicios a la salud de los habitantes de estos dos departamentos, a lo largo de la vía férrea, por efectos del polvillo de carbón diseminado desde los trenes, la contaminación auditiva producida por el ensordecedor y exasperante ruido de cornetas o pitos instalados en las locomotoras, así como el estrépito de los trepidantes vagones cuya intensa vibración produce, además del estruendo, el agrietamiento en las paredes de las viviendas e impiden el sueño de quienes habitan a lado y lado de la vía férrea.
Cansados de soportar semejante tormento desde cuando se puso en operación la vía férrea, los habitantes de Bosconia, Cesar, siempre han opuesto resistencia al paso del ferrocarril, de modo que en 2008, como fruto de sus protestas, el Ministerio de Ambiente se comprometió a obligar a FENOCO a construir una variante por fuera de la población. Pero tal promesa ha sido incumplida y las empresas mineras sabotean la construcción de la nueva vía ofreciendo soluciones alternas como la construcción de un puente o el encapsulado del tramo que afecta al poblado, todo lo cual son simples subterfugios para dilatar la realización de tal obra, única solución real al problema.
En consecuencia, los habitantes damnificados organizaron el Frente Cívico BOSCONIA SIN CONTAMINACIÓN cuyas denuncias y movilizaciones llevaron a la Corporación Autónoma del Cesar–CORPOCESAR—a emitir una resolución que obligó a Fenoco a disminuir la velocidad de sus trenes por debajo de los 20 km. por hora y prohibió la circulación de los mismos entre las 10 horas de la noche y las 04 horas de la madrugada. Pero tan tímida medida desató la arrogancia de las empresas saqueadoras del carbón y recurrieron a la ANLA para que desmintiera las bien fundadas razones de Corpocesar, con el perverso propósito de demandar a la Nación por los “daños” recibidos con dicha sanción. Y tal cual como en Santa Marta, la ANLA, con razones poco convincentes pero muy sospechosas, desestimó los juiciosos argumentos de Corpocesar y levantó la sanción a Fenoco, precisamente, el mismo día que burló la resolución de Corpomag para beneficiar a la texana Drummond.
Queda demostrada, así, una vez más, la enorme influencia de las grandes compañías minero-energéticas sobre las decisiones del gobierno neoliberal de Santos que, en forma sumisa, las colma de gabelas jurídicas, tributarias y laborales para que acrecienten sus ganancias con el brutal saqueo de los recursos naturales y el trabajo nacional, en una clara y vergonzosa renuncia al ejercicio de la soberanía. Pero también va quedando claro para cada vez más amplios sectores de la población colombiana, en particular para los de Bosconia que la solución a sus insatisfechas y crecientes necesidades depende de su unidad, organización y movilización.
La mal disimulada connivencia del gobierno (a través de la ANLA) con los raponeros de la riqueza nacional ha causado gran indignación y rechazo en la ciudadanía que, sin amilanarse, sigue fortaleciendo la defensa de sus derechos y preparando la resistencia desde sus organizaciones gremiales y cívicas. Estas luchas hacen parte de las que en otros lugares de la patria libran los sectores democráticos y populares por la soberanía y la vida en Marmato, La Colosa, El Quimbo, Santurbán, Cerromatoso, el Cerrejón y en las vías de las zona andina donde los labriegos del producto insignia de la agricultura nacional desarrollan un Paro Cívico por la Dignidad Cafetera, junto con cacaoteros y camioneros cansados de soportar el abandono y los atropellos de los indolentes y apátridas gobiernos neoliberales.