Tribuna Magisterial, Bogotá, julio 31 de 2003
A partir del Acto Legislativo Nro. 1 de 2001 y de la ley 715, el gobierno ha venido sometiendo a la educación pública, de manera metódica y sistemática a un proceso de desvertebramiento y privatización. En este sentido, se cumple con creces el cometido de la política ordenada al anterior gobierno por el FMI y se adiciona con más medidas y proyecciones que, sin duda alguna, ciernen sobre la educación pública y los derechos del magisterio un futuro nada promisorio.
Los ejes de la política oficial contenidos en la mal llamada “Revolución Educativa”, tienen que ver, en primer lugar, con su desfinanciamiento paulatino que la conduzca a la inevitable privatización, al entrar a saco sobre las transferencias territoriales en busca de recursos que le permitan subsanar las obligaciones de la creciente deuda externa; en segundo lugar con su desvertebramiento administrativo total mediante la municipalización y la plantelización; y en tercer lugar, con el arrasamiento absoluto de los derechos laborales y prestacionales del magisterio colombiano.
Todas estas medidas, acompañadas en lo pedagógico de la imposición de las concepciones constructivistas, de los indicadores de logro, las competencias básicas y los estándares educativos, hacen parte de la decisión del régimen uribista de adecuar el país en todos sus órdenes a los parámetros del ALCA, en el cual, la educación entendida como venta de servicio, es uno de los nuevos frentes apetecidos por las grandes multinacionales de la educación.
En este orden de ideas, el desvertebramiento de la educación pública tiene que ver con la determinación de la Nación de desprenderse, más allá del recortado Sistema General de Participaciones, de toda obligación operativa y financiera, descargando estas funciones en los quebrados entes territoriales, al tiempo que centraliza de manera autoritaria y despótica todas las decisiones claves en materia de política educativa. Para corroborar esto basta repasar las funciones y obligaciones de los diferentes entes territoriales definidas en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 715 de 2001.
En las perspectivas de esta política, entra en juego el nuevo papel que se le ha asignado a los rectores, al pretender convertirlos en gerentes de la empresa educativa concretada en la institución, en la cual, por encima de cualquier criterio pedagógico, técnico o científico, deben primar la racionalidad y la eficiencias neoliberales, entendidas al estilo de las fábricas en el sistema capitalista, como la producción de mas bienes o servicios a menos costos.
Esto es lo que explica, entre otras disposiciones los decretos 1850 y 3020; la congelación de los salarios en los últimos tres años; su anunciada congelación por dos años más con el referendo uribista; la congelación del escalafón y la anunciada expedición del decreto reglamentario del artículo 24 de la ley 715 que, en la práctica, congela de manera absoluta el escalafón de los docentes, al sujetar el mismo a la existencia de disponibilidad presupuestal; el incremento de los aportes prestacionales a los docentes activos y pensionados establecido en el recién aprobado Plan Nacional de Desarrollo; la supresión total del régimen especial de los maestros contenida en el mismo referendo y los anuncios de abolir la mesada pensional número catorce, gravar con una sobretasa a las pensiones y presentar un nuevo Acto Legislativo para recortar, una vez más, las transferencias territoriales en por los menos dos billones de pesos.
Las 17 funciones asignadas a los rectores en el artículo 10° de la ley 715 enfatizan la intención del gobierno de acrecentar su carácter gerencial y de convertirlos en pieza clave de un nuevo despotismo institucional, el mismo que se entroniza a nivel nacional en los marcos de la llamada seguridad democrática. Por eso, la gama de funciones abarca desde las rutinarias de dirigir la preparación de los PEI y presidir los órganos de gobierno escolar, hasta rendir informes semestrales al Consejo Directivo de la Institución Educativa, representar legalmente la institución y realizar control de cumplimiento sobre docentes y administrativos; hasta las inéditas de definir perfiles y seleccionar personal, proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación y responder por la calidad de la prestación del servicio en su institución.
Mención especial merece el tema de la evaluación de los docentes. Desde hace años, la evaluación viene siendo defendida contumazmente por parte del gobierno, no como una herramienta de mejoramiento pedagógico sino como un instrumento administrativo para el recorte y la racionalización de la planta de personal y como el mecanismo expedito para destituir educadores. Después de la ley 715 y del decreto 1278 de 2002, la evaluación-destitución tiene además de los propósitos iniciales ya señalados, forzar contra los educadores en trance de reingreso a la docencia, la pérdida del derecho a permanecer bajo el viejo estatuto docente (decreto 2277 de 1979), y ahora, después del Plan de Desarrollo de Uribe, acordado con la actual dirección mayoritaria de Fecode, en medio de gran alborozo de unos y otro, abolir el régimen pensional especial, aún antes de que entre en vigencia lo proyectado en el numeral 8° del referendo uribista.
Bajo tales enfoques, y saliéndole al paso a la caída del decreto 1283 que establecía la evaluación-despido por competencias específicas, el gobierno ha proyectado un decreto reglamentario de la evaluación anual de desempeño, que pretende convertirla en su anhelada evaluación-destitución. De esta forma, evita correr el riesgo de convocar al magisterio a una evaluación de tal naturaleza y enfrentar una segura derrota con una campaña de “Desobediencia Civil”, a la vez que se lava hipócritamente las manos con los rectores y genera al interior de la comunidad docente una nueva contradicción de impredecibles consecuencias.
En este asunto, como en todo lo atinente a las nuevas funciones de rectores y demás directivos docentes, está implícita la vieja aspiración del gobierno manifestada desde las épocas en que se discutía el Estatuto Docente de 1979, de abolir el carácter de docentes a los directivos y de convertirlos en empleados de libre nombramiento y remoción y en consecuencia, en funcionarios de plena confianza. El gobierno pretende convertir a los rectores y demás directivos docentes en la punta de lanza contra el magisterio. Unos, han manifestado contrariedad y resistencia frente a estos designios y han hecho causa común con los maestros y padres de familia para oponerse a la ventolera neoliberal en boga; pero otros, de manera incorrecta, han asumido con inusitado entusiasmo, digno de mejor causa, su nuevo papel de capataces y jefes de personal y de hecho, se han convertido en los principales propulsores de toda la contrarreforma en curso.
La hora llama al fortalecimiento de la más decidida unidad entre docentes y directivos docentes, para la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Esta unidad tiene que pasar de la retórica a los hechos y materializarse, no sólo en la dinámica interna de funcionamiento de las instituciones educativas, en las cuales, por encima de todo, deben preservarse y garantizarse condiciones de libertad y democracia; sino también, en relación con las intenciones del gobierno de descargar en rectores y coordinadores las responsabilidades de aplicar la evaluación-destitución, frente a la cual, sin la menor vacilación, docentes y directivos docentes debemos cerrar filas para oponernos a ella y derrotarla, tal como lo hicimos en 1999, durante el ministerio de Bula. Esto es mucho más importante, si se parte del supuesto que la defensa de la estabilidad laboral es lo más sagrado y que rectores y directores, serán a su vez evaluados en su desempeño con los mismos fines arteros, por parte de las gobernaciones o alcaldías, ante lo cual su estabilidad dependerá del grado y fortuna con que logren involucrarse en los tejemanejes de la politiquería regional.
Por lo anterior, la política contenida en la cacareada “Revolución Educativa” conducirá en un corto lapso de tiempo, sin lugar a dudas, a un verdadero desastre en materia de educación pública y derechos laborales del magisterio. Esta situación será mucho más grave si el gobierno logra imponer sus designios en relación con la evaluación-destitución. Desde el Frente de educadores “Tribuna Magisterial” saludamos este encuentro nacional de rectores y demás directivos docentes a la vez que esperamos que sus conclusiones fortalezcan las políticas de resistencia y lucha contra las imposiciones del imperialismo y el FMI que Uribe, de manera servil, ha convertido en brutal avalancha contra la Nación y el pueblo.
FRENTE DE EDUCADORES “TRIBUNA MAGISTERIAL”
MIEMBROS DEL COMITÈ EJECUTIVO DE FECODE
RAÚL ARROYAVE A. ELÍAS FONSECA C.
MEDARDO HERNÁNDEZ B.