El gobierno se apresta a firmar un Acuerdo con la Unión Europea cuyos textos son secretos, como lo fueron cuando se negoció el TLC con Estados Unidos. La falta de transparencia ante asuntos de tanta importancia para el futuro de la nación sólo se explica en su lesivo contenido para los intereses de los colombianos, que en este caso contempla inclusive algunas mayores amenazas que lo negociado con Estados Unidos.
Uno de los temas de más hondo contenido social en estos tratados de integración profunda es el de la propiedad intelectual, cuyo objetivo en últimas es limitar la libre competencia y garantizar rentas monopólicas a los titulares de dichos derechos. Como advirtió Joseph Stiglitz en su visita a Colombia, es en este terreno del conocimiento y de la inversión y financiero donde se encuentran las mayores amenazas de las negociaciones y no sólo en el campo comercial. La propuesta europea en “Propiedad Intelectual” confirma el estropicio que este Acuerdo será para Colombia. Como señala Xavier Seuba Hernández profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, empezando por las Disposiciones Generales el texto de la CE plantea serias inquietudes; así, en los “objetivos”,-cuya redacción resulta de trascendental importancia en las interpretaciones para solución de controversias,- omite lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del ADPIC o Acuerdo sobre esta materia en la OMC. Estos hacen referencia a los objetivos y al equilibrio entre los derechos y obligaciones entre usuarios y titulares de derechos y a que la protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la promoción, transferencia y difusión de la innovación tecnológica en beneficio recíproco de productores y usuarios de estos conocimientos, favoreciendo el bienestar económico y social. Además, permite a los países adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, así como prevenir abusos de los titulares de estos derechos que limitan el comercio o la transferencia de tecnología. Pues bien, el texto de la UE ni menciona estos objetivos ni remite a estos artículos del ADPIC en el ámbito multilateral de la OMC.
Adicionalmente la propuesta europea incorpora categorías de derechos de propiedad intelectual que no aparecen en el ADPIC; por ejemplo, categoría autónoma de derecho de propiedad intelectual, de las “variedades vegetales”. Igualmente incorpora sanciones penales para toda infracción a los derechos de propiedad intelectual que ni siquiera han sido admitidas en su legislación y que en el ADPIC se limitan a casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva del derecho de autor. Esta propuesta además implicaría cuantiosas mayores cargas para el Estado. “En suma, en materia de propiedad intelectual la propuesta europea a la CAN apenas compromete a la CE y sí complica a los países de la CAN. Dicha propuesta parece concebida para proteger exclusivamente a los titulares de derechos de propiedad intelectual, restringir derechos reconocidos en el ADPIC y limitar los efectos de la Declaración de Doha. A todo ello y entre otras cuestiones, sobresale el énfasis que se impone a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, celo que lleva a la Comisión Europea a proponer estándares superiores a los europeos y en ocasiones contradictorios y de discutible ajuste a la propia legalidad comunitaria”, sostiene Seuba.(cursivas mías) En el campo de medicamentos, según estudio de iPharma citado por Jorge Enrique Robledo en debate sobre en el senado, el solo costo de aceptar las pretensiones europeas en datos de prueba y en ampliación del plazo de las patentes a 25 años, superaría con creces los US $600 millones al año. Las graves amenazas contenidas en las aspiraciones europeas en propiedad intelectual y servicios llevaron al retiro de Bolivia y la ruptura de la unidad de la CAN en este Acuerdo, otro costo más de estas lesivas negociaciones.
Los perjuicios de este Tratado no se limitan al campo de propiedad intelectual. Como señaló Robledo este Acuerdo que será OMC plus plus, es decir cuyas concesiones van más allá de lo negociado en la esfera multilateral de la OMC y del TLC con EU, se derivan costos cuya gravedad resulta inocultable aún bajo el nublado lente de los propios estudios oficiales. Según un estudio de Planeación Nacional, que simula la eliminación de tarifas, las exportaciones de Colombia aumentarían 0,71% y las importaciones desde la UE en 1,73% .Similar conclusión deriva Ricardo Arguello: aumento de exportaciones 2,97% y de importaciones de 3,34%. De 32 subsectores en 30 la producción nacional caería y sólo aumentaría en vegetales, frutales y azúcar. Imposible aducir beneficios en el terreno comercial; menos aún cuando, como advierte el senador Robledo, el supuesto de eliminación de tarifas es irreal; por ejemplo, en azúcar y derivados la UE ofreció un contingente de 15.000 toneladas frente a 180.000 solicitadas por Colombia. ¡Contingentes en un acuerdo de “libre comercio” y en el producto en el cual según otros estudios oficiales Colombia presenta la mayor ventaja comparativa revelada! Estas son las falacias del libre comercio Norte SUR impuesto bajo la actual globalización. La ingenuidad gubernamental frente a los perjuicios de este Tratado resulta asombrosa. Cómo puede el agro colombiano competir con el europeo cuyas ayudas anuales ascienden a US 51.583 millones y donde de cada US $100 de ingreso 36 corresponden a ayudas internas. Las consecuencias obvias serán más hambre y violencia en el campo colombiano. En muchos otros terrenos la amenaza de este Tratado es patente. Sin embargo razones de economía política urgen su firma, pues como señaló Luis Jorge Garay, éste tendría el beneficio para el gobierno Uribe de limpiar su imagen de violador de derechos humanos, razón por la cual el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado el TLC con esa nación e Inglaterra reducirá sus ayudas.
Nota: Y en materia de derechos humanos resulta inaudita la actitud del presidente al impedir la liberación del cabo Moncayo utilizando falsas acusaciones contra la senadora Piedad Córdoba, como lo hizo con el magistrado Iván Velásquez en el oscuro episodio de “Tasmania”. ¡Que contraste con la defensa vehemente del exdirector del Das Jorge Noguera, nombrado cónsul en Milán habiendo sido acusado por la justicia colombiana¡