Las cercan\u00edas de fin de a\u00f1o 2015 son propicias para identificar los hechos m\u00e1s relevantes, los acontecimientos que marcaron la regi\u00f3n, para bien o para mal. En este sentido, si tenemos en cuenta las rese\u00f1as de los medios de comunicaci\u00f3n y el sentir de millones de habitantes, es un hecho incontrovertible que las actuaciones de Electricaribe y de la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Energ\u00eda y gas causaron indignaci\u00f3n en los siete departamentos de la Regi\u00f3n Caribe. Veamos por qu\u00e9.<\/p>\n
Durante m\u00e1s de quince a\u00f1os la trasnacional espa\u00f1ola Gas Natural Fenosa tiene el control mayoritario de la empresa Electricaribe S.A. con el 85.38 por ciento de las acciones, presta un servicio muy deficiente con una infraestructura obsoleta, oscilaciones permanentes, apagones, aunado a altas tarifas, cobros indebidos, principalmente a los sectores populares como el llamado consumo distribuido comunitario que no existe sino en los c\u00e1lculos empresariales, la mayor subnormalidad del pa\u00eds (92%), ha cambiado las redes de cable por las de aluminio de mala calidad que no resiste la salinidad y poluci\u00f3n de esta parte del pa\u00eds y que lleva a que con cualquier llovizna se vaya la luz. No han valido las protestas permanentes de los usuarios, los llamados de atenci\u00f3n de las autoridades territoriales, las muertes por electrocuci\u00f3n, quiz\u00e1s record mundial con m\u00e1s de 520 en diez a\u00f1os.<\/p>\n
Por su parte la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Energ\u00eda y Gas (Creg) desde su creaci\u00f3n hace veinte a\u00f1os como entidad dependiente del Ministerio de Minas y Energ\u00eda y de la Presidencia de la Rep\u00fablica, ha ejercido sus funciones a favor de los intereses de las empresas oligop\u00f3licas, especie de cartel econ\u00f3mico, que desempe\u00f1an las actividades de generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n, distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de energ\u00eda y gas. La normatividad tarifaria es su funci\u00f3n principal que ejerce a trav\u00e9s de resoluciones, en las cuales impone la tasa de rentabilidad (WACC) m\u00e1s alta del mundo, el 14%, cuando a nivel internacional es en promedio del 8%; la remuneraci\u00f3n de todas las inversiones, administraci\u00f3n, operaci\u00f3n y mantenimiento de las empresas; dictamina que hay que reconocerles en las tarifas la infraestructura obsoleta como si fuera nueva. Tambi\u00e9n estableci\u00f3 el llamado Cargo por Confiabilidad a favor de las generadoras para que tuvieran sus equipos listos en casos de sequ\u00edas o fen\u00f3menos como El Ni\u00f1o, por lo cual se les ha pagado desde 2006 la monumental cifra de 18 billones de pesos pagados por todos los usuarios del pa\u00eds a raz\u00f3n de $50 el KVH mensuales. Los resultados han sido contraproducentes y no ha habido seguimientos adecuados por parte de las autoridades competentes seg\u00fan denuncia la Contralor\u00eda General de la Naci\u00f3n. El aumento tarifario es el m\u00e1s alto de los \u00faltimos a\u00f1os: 50% en el gas y 30% en energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n
Por estas poderosas razones se desat\u00f3 en la Costa Atl\u00e1ntica una insatisfacci\u00f3n general, protestas por doquier, exigencias perentorias de resolver la crisis estructural con medidas integrales por parte de dicha empresa y el gobierno nacional; pero en vez de soluciones se vinieron m\u00e1s alzas permanentes y peores servicios. Se conformaron organizaciones de usuarios residenciales y gremios de empresarios peque\u00f1os y medianos que han profundizado en el conocimiento del asunto y se aprestan a grandes movilizaciones en el despuntar del nuevo a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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