En los \u00faltimos meses una cantidad considerable de compraventas de oro de los principales centros mineros del pa\u00eds cerraron sus puertas. En lugares como Zaragoza, El Bagre, Nech\u00ed y Medell\u00edn en Antioquia, y Marmato en Caldas, debido a las presiones que el gobierno nacional est\u00e1 ejerciendo sobre ellos, los comercializadores suspendieron las compras a los peque\u00f1os mineros. <\/p>\n
La peque\u00f1a miner\u00eda tiene una larga tradici\u00f3n en Colombia. Los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca y Choc\u00f3, entre otros, han sido epicentros de la extracci\u00f3n de minerales desde hace varios siglos. Hoy en Colombia 2 millones de personas dependen directa e indirectamente de esta actividad que se realiza en 484 de los 1.100 municipios, raz\u00f3n por la que este tipo de producci\u00f3n ha sido considerada como una actividad de gran importancia hist\u00f3rica y social al contribuir en la generaci\u00f3n de empleo, la dinamizaci\u00f3n de las econom\u00edas locales y la erradicaci\u00f3n de la pobreza. <\/p>\n
Pese a su importancia, los gobiernos de los \u00faltimos a\u00f1os han decidido arrasar con esta actividad, buscando que la extracci\u00f3n de minerales preciosos est\u00e9 a cargo \u00fanicamente de grandes empresas extranjeras. Para lograr este fin, las instituciones gubernamentales han utilizado dos t\u00e1cticas simult\u00e1neamente; acatando las exigencias del banco Mundial, se dise\u00f1\u00f3 y perfeccion\u00f3 una pol\u00edtica minera, tributaria y ambiental ampliamente favorable a las compa\u00f1\u00edas mineras trasnacionales, consagrada finalmente en el c\u00f3digo de minas de 2001; por otro lado, se han expedido numerosas normas contra los peque\u00f1os mineros dirigidas a imponerles enormes obligaciones, dificultar su formalizaci\u00f3n y negarles el derecho a trabajar. <\/p>\n
En medio de una importante ca\u00edda de los precios de los principales minerales en los mercados internacionales y de una creciente movilizaci\u00f3n social en contra de los proyectos de las grandes compa\u00f1\u00edas mineras en el pa\u00eds, el gobierno no ha optado por modificar las condiciones econ\u00f3micas de estas empresas, por el contrario, ha arreciado contra la miner\u00eda tradicional. Prueba de ello son los decretos 2235 y 2367 de 2012 mediante los cuales la fuerza p\u00fablica, sin que medie proceso alguno, est\u00e1 avalada para destruir maquinaria, realizar arrestos y decomisar e incautar minerales si los responsables de la mina no cuentan con un t\u00edtulo minero, imposible de obtener en la gran mayor\u00eda de casos. De acuerdo a la Defensor\u00eda del Pueblo, entre el 2001 y 2007, de 3.631 solicitudes de formalizaci\u00f3n presentadas por los peque\u00f1os mineros, menos del 1% terminaron en la expedici\u00f3n del t\u00edtulo. <\/p>\n
El impacto negativo por la prohibici\u00f3n de la compra de minerales ya se siente en los principales municipios mineros en los que se empieza a padecer una grave crisis social, fruto del desempleo, el endeudamiento y la falta de alternativas laborales. Las finanzas de estas poblaciones se resentir\u00e1n al no percibir regal\u00edas ni impuestos en el volumen usual, lo que afectar\u00e1 la inversi\u00f3n social y agudizar\u00e1 las dificultades. <\/p>\n
Frente a este panorama, es apenas justo que los peque\u00f1os y medianos mineros del pa\u00eds hayan decidido convocar nuevamente a un paro nacional a partir del 18 de febrero. El incumplimiento de los acuerdos logrados en la movilizaci\u00f3n de 2013 y la persecuci\u00f3n a miles de trabajadores que realizan una de las actividades m\u00e1s dif\u00edciles y peligrosas que existen, son razones suficientes para que los mineros eleven su voz de protesta ante un gobierno que se ha dedicado a favorecer los intereses extranjeros en detrimento del bienestar de los colombianos. <\/p>\n
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