El agro nacional, literalmente, est\u00e1 embargado; abogados y oficinas de cobro, con perverso celo, cual \u201cchepitos\u201d modernos, emiten llamadas a horas impensadas, quitando el sue\u00f1o, la tranquilidad y ahora los bienes a productores en mora por causas ajenas al acontecer dentro de sus fincas, principalmente imputables al incumplimiento de las obligaciones del estado para con el desenvolvimiento econ\u00f3mico general.<\/p>\n
Un grupo de lecheros metenses que se atrevieron a organizarse y emprender desarrollos modernizantes, deben a la banca oficial m\u00e1s de 1500 millones de pesos; Piscicultores que en actitud id\u00e9ntica decidieron dar valor agregado a su producto, tras el se\u00f1uelo de la exportaci\u00f3n, soportan sumas similares a los anteriores; arroceros del Meta y Casanare, adeudan al agrocomercio algo m\u00e1s de 125.000 millones, sin contar las contabilizadas con el Banco Agrario y entidades financieras privadas.<\/p>\n
El ma\u00edz amarillo, refugio de muchos agricultores entrampados con las deudas, con productividades comparables a las de los ma\u00edces importados, est\u00e1n abocados a amplificar sus acreencias por causa de bajos precios internacionales y la revaluaci\u00f3n del peso, fallas macroecon\u00f3micas, endosables a la esfera gubernamental, pero los platos rotos han de pagarlos los maiceros. Seguramente se sumar\u00e1n a este rosario de desest\u00edmulos, los productores coste\u00f1os v\u00edctimas de la sequ\u00eda, al igual que los casanare\u00f1os que vieron como los chig\u00fciros se mor\u00edan a la par con sus reses, en medio de la abulia estatal y petrolera, que acrecentar\u00e1 las p\u00e9rdidas de un sector abandonado a su suerte.<\/p>\n
El gobierno, presionado por la movilizaci\u00f3n campesina, expidi\u00f3 una ley para las deudas menores a 20 millones, la reglamenta dos veces, pero los juicios a estos labriegos prosiguen, sin que el banco estatal, Finagro y el Fonsa logren coordinar una operaci\u00f3n que alivie la situaci\u00f3n de los peque\u00f1os productores.<\/p>\n
Para obligaciones superiores a los 20 millones de pesos, en las que incurren la inmensa mayor\u00eda de los arroceros, originadas en los bajos precios del primer a\u00f1o de TLC con los gringos y una epifitia que los debiluchos sistemas de investigaci\u00f3n, remedo del esfuerzo cient\u00edfico acompa\u00f1ante a todo proceso productivo serio, no ha podido, transcurridos cuatro a\u00f1os resolver con certeza, finalmente se dicta el marco legal el pasado 31 de julio, con tales imprecisiones y vaguedades que obligan a una reglamentaci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de recursos para hacer efectiva dicha medida; transcurridos 90 d\u00edas de expedida, contin\u00faa sin viabilizar su aplicaci\u00f3n y detener el despojo patrimonial se\u00f1alado. <\/p>\n
El cr\u00e9dito como instrumento clave de una pol\u00edtica agraria exitosa, no existe en Colombia; El art\u00edculo 66 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, luego de 23 a\u00f1os de expedido, aguarda un desarrollo correspondiente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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