En los tratados de libre comercio (TLC) y en los tratados bilaterales de inversi\u00f3n (TBI)hay que leer la letra menuda, especialmente en lo relativo a las disposiciones sobre reglas de inversi\u00f3n y soluci\u00f3n de controversias inversionista-Estado.<\/p>\n
Una de las reglas m\u00e1s peligrosas que contienen estos tratados es la de \u201cexpropiaci\u00f3n regulatoria\u201d, que est\u00e1 en el cap\u00edtulo 11 o de las reglas de inversi\u00f3n en el TLCAN (EE. UU.-Canad\u00e1-M\u00e9xico), as\u00ed como en los TLC que EE. UU. negoci\u00f3 con Colombia, Per\u00fa y Chile, por separado. Igualmente, en la Alianza Transpac\u00edfica, y en la Alianza de libre comercio Transatl\u00e1ntica entre la Uni\u00f3n Europea y EE. UU., estas reglas se endurecen a\u00fan m\u00e1s.<\/p>\n
A las corporaciones, con las reglas de inversi\u00f3n, se les garantiza el derecho a demandar a los gobiernos por supuestas violaciones a las reglas de inversi\u00f3n, en materias que afecten directamente sus ganancias, cr\u00e9dito, contratos, derechos de propiedad intelectual y expectativas de ganancias futuras, sin tomar en cuenta a sus propios gobiernos. Al menos, bajo las reglas de la OMC las corporaciones demandan a los gobiernos, pero a trav\u00e9s de sus propios gobiernos.<\/p>\n
La expropiaci\u00f3n es un concepto bastante amplio, bajo las reglas de inversi\u00f3n, que no solo cubre las formas directas de expropiaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n las indirectas como las\u201cexpropiaciones regulatorias\u201d. Por ejemplo, los cambios legislativos sobre las normas sanitarias, laborales o ambientales que afecten los ingresos futuros de los inversionistas. No importa cu\u00e1l sea el prop\u00f3sito de los cambios regulatorios y si estos armonizan o no con las leyes locales, de todas maneras el inversionista podr\u00e1 demandar al Gobierno para reclamar compensaciones, ante un tribunal de arbitramento: El Gobierno est\u00e1 representado por un juez, el inversionista por otro, y un tercero acordado por los dos, o escogido de una lista. Las sentencias o resoluciones son definitivas e inapelables. Sin embargo, estos \u201cjueces\u201d ya han estado en las n\u00f3minas de las propias corporaciones o de los Estados, y usan las puertas giratorias entre el sector privado y el p\u00fablico.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n se mencionan algunas demandas, para ilustrar c\u00f3mo operan estas reglas de inversi\u00f3n: en 1996 M\u00e9xico fue demandado por la Metalclad Corporation, una compa\u00f1\u00eda de EE. UU. para la disposici\u00f3n de desechos, acusando al Gobierno mexicano de violar el cap\u00edtulo 11, porque el estado de San Luis Potos\u00ed se neg\u00f3 a dar permiso a la compa\u00f1\u00eda para reabrir una planta de disposici\u00f3n de desechos, despu\u00e9s de que un auditor ge\u00f3logo declar\u00f3 que el sitio contaminar\u00eda el agua del acueducto local. El gobernador del estado cerr\u00f3 la planta y declar\u00f3 al sitio parte de una zona ecol\u00f3gica. Metalclad demand\u00f3 al Gobierno por expropiaci\u00f3n buscando una compensaci\u00f3n. Un tribunal del TLCAN sentenci\u00f3 en contra de M\u00e9xico y le orden\u00f3 pagar 16,7 millones de d\u00f3lares en compensaciones (A peoples\u2019 guide to the WTO and the FTAA).<\/p>\n
En 1999, despu\u00e9s de que un estudio de la Universidad de California sobre el qu\u00edmico MTBE, demostr\u00f3 que es un cancer\u00edgeno, el estado de California se convirti\u00f3 en el primero en prohibir su uso como un aditivo de la gasolina. La firma canadiense Methanex, que produce este ingrediente, calific\u00f3 la medida como confiscatoria. En consecuencia, demand\u00f3 al gobierno federal de los EE. UU. por 970 millones de d\u00f3lares, bajo el marco del cap\u00edtulo 11.<\/p>\n
La acci\u00f3n de Methanex fue la primera de su clase que pone en cuesti\u00f3n las regulaciones estatales en EE. UU. Al respecto, la entonces senadora Sheila Kuehl, cabeza del comit\u00e9 californiano, le escribi\u00f3 Representante de Comercio de los EE. UU., dici\u00e9ndole: \u201cEncontramos desconcertante que nuestro sistema democr\u00e1tico de toma de decisiones est\u00e9 siendo vulnerado por un grupo lejano de oficiales no electos. La historia de California est\u00e1 poniendo en claro que el TLCAN (\u2026) amenaza la capacidad de los estados y naciones para optar por un capitalismo regulado y democr\u00e1ticamente gobernado, en vez de un capitalismo de laissez-fairey una forma de gobierno pol\u00edticamente aislada\u201d (Chris Mooney, Localizing globalization, prospect.org, december 19-2001).<\/p>\n
Ahora, en Colombia hay un conflicto entre las autoridades ambientales y la desafiante transnacional Drummond, a la que se le impuso una multa de 7.000 millones de pesos por derramar carb\u00f3n en el mar, al mismo tiempo que afronta investigaciones por parte de la Contralor\u00eda General.<\/p>\n
Las objeciones de Jos\u00e9 Miguel Linares, presidente dela transnacional, presagia una demanda en contra de Colombia, en tribunales internacionales, o por lo menos las declaraciones, amenazan con hacerlo. Linares al ser preguntado sobre las p\u00e9rdidas de la compa\u00f1\u00eda, debidas a la prohibici\u00f3n de llevar el carb\u00f3n hasta los barcos en barcazas, responde: \u201cEntre 5 y 6 millones de d\u00f3lares diarios en ventas. (\u2026) nuestro contrato de concesi\u00f3n contempla el cargue con barcazas hasta el 2023. Sorpresivamente, en el 2007, se nos orden\u00f3 cambiarlo por el directo. Ten\u00edamos un derecho adquirido y no hab\u00eda un estudio que justificara las bondades y necesidad del cargue directo\u201d. (\u2018Cargue de carb\u00f3n con barcazas no contamina\u2019: Drummond, eltiempo.com, enero 18-2014). Derechos adquiridos \u2018matan\u2019 protecci\u00f3n del medioambiente.<\/p>\n
Igualmente, ya la Drummond hab\u00eda demandado \u201cal Estado colombiano ante la Corte Internacional de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Par\u00eds para que fuera compensada por los sobrecostos en que hab\u00eda incurrido debido al incumplimiento del Gobierno colombiano de los contratos de transporte del carb\u00f3n por Ferrov\u00edas, que, despu\u00e9s de su liquidaci\u00f3n, entreg\u00f3 a Fenoco, que a su turno tuvo demoras para poner en servicio el ferrocarril. En total, el Estado colombiano le tuvo que pagar 60.000 millones de pesos a Drummond el a\u00f1o pasado (2012), unos 33 millones de d\u00f3lares\u201d. (noticiasunolaredindependiente.com, 10-2-2012). Es el mismo procedimiento y las mismas razones esgrimidas.<\/p>\n
El problema central con los TLC, y en general con los tratados bilaterales de inversi\u00f3n, es que los gobiernos, limitados por los tratados internacionales, est\u00e1n cediendo su poder soberano de regular en nombre del inter\u00e9s p\u00fablico, y lo ha hecho en beneficio de los inversionistas, como ha sucedido con algunos de los casos rese\u00f1ados. Incluso, las transnacionales tabacaleras estadounidenses, respaldas por Obama, tienen como objetivo erosionar las regulaciones del tabaco, caracteriz\u00e1ndolos como obst\u00e1culos a la inversi\u00f3n y al comercio, escribiendo, en la pr\u00e1ctica, ellas mismas las leyes antitabaco \u00bfDe d\u00f3nde emana la soberan\u00eda, de los ciudadanos o de las transnacionales?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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