La gota que rebas\u00f3…<\/p>\n
La aplicaci\u00f3n del decreto 2235 del 2012 que ordena la destrucci\u00f3n de maquinaria pesada en operaciones de extracciones de minerales que no cuenten con t\u00edtulo minero y\/o licencia ambiental, le da trato de criminales a mineros informales, artesanales e incluso aquellos que est\u00e1n en v\u00eda de formalizaci\u00f3n.<\/p>\n
El caso del bajo valle antioque\u00f1o es representativo, 400 efectivos policiales de la DIJIN inmovilizaron un buld\u00f3zer, dos dragas, incautaron 1.600 galones de combustible y 102 libras de mercurio, y capturaron a 16 personas acusadas de miner\u00eda ilegal. La operaci\u00f3n policial, que se llev\u00f3 a cabo en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el mismo Presidente Juan Manuel Santos, fue publicitada como un positivo digno de mostrar (Ver:http:\/\/tinyurl.com\/md99t4q). <\/p>\n
Tiempo despu\u00e9s se conoci\u00f3 que los “criminales” capturados en la operaci\u00f3n Dorado resultaron ser mineros informales agremiados en una asociaci\u00f3n de mineros del bajo Cauca, una organizaci\u00f3n que tiene el reconocimiento de la secretar\u00eda de minas de Antioqu\u00eda por ser una agremiaci\u00f3n que, en palabras de la propia secretaria Claudia Cadavid Marquez, tiene “conciencia sobre el compromiso con la legalidad y el medio ambiente y muchas de las 25 minas que comenzaron el proceso, est\u00e1n pagando regal\u00edas a los municipios de manera adecuada, a pesar de ser unidades sin t\u00edtulo” (Ver:http:\/\/tinyurl.com\/lo39z23). Fueron estos mismos mineros quienes mediante un recurso de tutela, buscaron salvar su maquinaria de la destrucci\u00f3n que ordena el decreto 2235. Casos como este se reproducen por toda la geograf\u00eda colombiana.<\/p>\n
En consecuencia, la confusi\u00f3n que gener\u00f3 el gobierno de poner en una misma bolsa a criminales y a mineros sin t\u00edtulo fue tal, que al propio presidente le correspondi\u00f3 salir a explicar lo que era obvio, “la lucha es contra la miner\u00eda criminal y no contra los mineros artesanales”. Sin embargo, dej\u00f3 claro que la destrucci\u00f3n de la maquinaria no tendria reversa y los da\u00f1os co-laterales ocasionados a los mineros peque\u00f1os ser\u00edan compensados por otras “ayudas” que no fueron especificadas. <\/p>\n
De ah\u00ed que Conaminercol -organizaci\u00f3n vocera del paro- plantee en su pliego de petici\u00f3n que el gobierno debe “incorporar al ordenamiento jur\u00eddico de manera inmediata una norma que haga diferencia entre la miner\u00eda informal y la miner\u00eda ilegal”, pues la conceptualizaci\u00f3n de la miner\u00eda informal permitir\u00eda un reconocimiento por parte del Estado del derecho a la existencia de una actividad de extracci\u00f3n peque\u00f1a y a mediana escala.<\/p>\n
La Legalizaci\u00f3n es un caminoTortuoso<\/p>\n
En el a\u00f1o 2007 la Defensor\u00eda del pueblo Public\u00f3 un informe sobre la miner\u00eda de hecho. En \u00e9l se mostr\u00f3 que aproximadamente 50 minas de cada 100 no ten\u00edan titulaci\u00f3n, y que las familias que depend\u00edan de la miner\u00eda informal se estimaban en 50 mil distribuidas en unas 3600 minas.<\/p>\n
El estudio calific\u00f3 tambi\u00e9n como un”fracaso” los procesos de legalizaci\u00f3n adelantados por el gobierno. De 3.631 solicitudes de legalizaci\u00f3n, s\u00f3lo se perfeccionaron 23 contratos de concesi\u00f3n. El gobierno presiona a los mineros informales sin ofrecerles programas de formalizaci\u00f3n serios. <\/p>\n
De esta manera, los mineros artesanales deben afrontar simult\u00e1neamente persecuciones judiciales y de grupos armados<\/p>\n
En este sentido, para los mineros es l\u00f3gico exigir que el gobierno incorpore en normas y leyes alg\u00fan proceso de legalizaci\u00f3n cuyos requisitos atiendan la realidad minera. Especialmente los diferentes tipos de miner\u00eda y la escala en la que se desarrollan. La complementaci\u00f3n de este procedimiento debe contar con la participaci\u00f3n de los mineros informales.<\/p>\n
La peque\u00f1a y mediana miner\u00eda vs la miner\u00eda Transnacional<\/p>\n
El Banco Mundial es due\u00f1o de un 5% de las acciones de la minera Transnacional Anglogold Ashanti. En el a\u00f1o 1990 el mismo Banco recomend\u00f3 al gobierno de Cesar Gaviria reformar su pol\u00edtica minera. La primera gran decisi\u00f3n de la reformada pol\u00edtica minera consisti\u00f3 en prohibirle al Estado colombiano su participaci\u00f3n en la explotaci\u00f3n, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de los recursos mineros. As\u00ed, el Estado Colombiano se convirti\u00f3 en rentista y no cont\u00f3 con ninguna oportunidad para intervenir en el mercado minero.<\/p>\n
La segunda decisi\u00f3n de aquella pol\u00edtica minera fue definir al capital extranjero como principal actor del sector minero, es decir que la nueva funci\u00f3n de gobierno ser\u00eda la de proveer mejores condiciones para la inversi\u00f3n for\u00e1nea.<\/p>\n
Cuando Juan Manuel Santos justific\u00f3 su nuevo c\u00f3digo minero, hizo menci\u00f3n sobre un caso particular de especulaci\u00f3n econ\u00f3mica con t\u00edtulos mineros. El primer mandatario se escandaliz\u00f3 porque un nacional vendi\u00f3 sus derechos sobre una zona minera a una multinacional del carb\u00f3n en una suma de dinero gigante. La zona titulada se caracterizaba por estar ubicaba en medio de dos \u00e1reas extensas propiedad de la misma Minera que hasta antes de la venta imped\u00edan su expansi\u00f3n (http:\/\/tinyurl.com\/ob9m8lh). El presidente consider\u00f3 inaceptable este tipo espec\u00edfico de especulaci\u00f3n en contra de las multinacionales, por ello justific\u00f3 un endurecimiento de los requisitos necesarios para entregar t\u00edtulos mineros. Los derechos mineros serian entonces entregados a personas que demostraran capacidad econ\u00f3mica y vocaci\u00f3n minera a gran escala. De ah\u00ed que las nuevas disposiciones para adquirir un t\u00edtulo minero serian de dif\u00edcil acceso para la mayor\u00eda de peque\u00f1os y medianos nacionales. <\/p>\n
Al igual que la modificaci\u00f3n del c\u00f3digo minero, la existencia de la autoridad nacional de licencias ambientales fue creada como una entidad encargada de reducir los tiempos de licenciamiento de proyectos mineros. La consulta previa de las comunidades nativas -requisito vital para una licencia- duraban entre 2 y 4 a\u00f1os, sin embargo, el gobierno quiso que este tr\u00e1mite con las comunidades durara 6 meses. <\/p>\n
En este orden, el gobierno impone todo el poder del Estado al servicio de los problemas de la gran miner\u00eda, mientras los mineros peque\u00f1os y medianos entran en paro para presionar al gobierno la no desaparici\u00f3n de esta actividad en peque\u00f1a escala, m\u00e1xime cuando la miner\u00eda artesanal, peque\u00f1a y mediana, est\u00e1n representando la actividad econ\u00f3mica del 45% de los municipios del pa\u00eds. <\/p>\n
La miner\u00eda el Valle del Cauca merece trato especial<\/p>\n
La agremiaci\u00f3n de mineros del Valle del Cauca ha estimado que de 377 unidades productivas, 202 no cuentan con titulaci\u00f3n. Estas unidades mineras est\u00e1n ubicadas en los municipios de Ansermanuevo, Cartago, Caicedonia, Zarzal, Roldadillo, Bol\u00edvar, Bugalagrande, Tul\u00faa, Ginebra, Vijes, Yumbo, Buga, Dagua, Cali, Jamund\u00ed, El Dovio y Buenaventura.<\/p>\n
El \u00e1rea que cubre las unidades mineras se superponen en una buena parte del parque nacional los farallones de Cali, como tambi\u00e9n parte de los r\u00edos Naya, Yurumanqu\u00ed, Anchicay\u00e1, Dagua, Casambre, Calima, Dovio,Vueltos y Garrapatos, el Desbaratado, Frailes, Nima, Amaime,Zabaletas, Sonso, Tulu\u00e1, Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, Timba y Cali.<\/p>\n
Puesto que la ley 685 de 2001 fracas\u00f3 en el Departamento -de 298 solicitudes de la legalizaci\u00f3n al menos 146 fueron negadas- es urgente que las actividades mineras sean legalizadas y se acuerde un acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico y social que garantice el m\u00ednimo impacto ambiental.<\/p>\n
El caso del corregimiento del corregimiento de Zaragoza, Municipio de Buenaventura<\/p>\n
En abril de 2010, el Juez Segundo Administrativo de Buenaventura decret\u00f3 un cese inmediato de la explotaci\u00f3n minera mecanizada en el medio y bajo atrato. De igual forma, en julio del mismo a\u00f1o, la autoridad ambiental del valle (CVC) declar\u00f3 el estado de emergencia de los r\u00edos Dagua y Anchicay\u00e1. <\/p>\n
Sin embargo, las explotaciones mineras persisten. Seg\u00fan la informaci\u00f3n period\u00edstica los due\u00f1os de la maquinaria pesada se desplazaron al Cauca. Los mineros que se quedaron son los peque\u00f1os y medianos nativos del departamento y se instalaron en la zona con sus familias. El Departamento y la Naci\u00f3n deben darles soluciones a los peque\u00f1os y medianos mineros que no tienen otras opciones de subsistencia (http:\/\/goo.gl\/ZPMItY).<\/p>\n
En conclusi\u00f3n, tanto los mineros del valle, como los mineros artesanales de Colombia piden que se les legalice pero que no se les exija lo mismo que a las grandes multinacionales, y esa solicitud central es lo que hace que el paro declarado desde el pasado 17 de julio, haya sido la \u00fanica salida justa y necesaria. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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