El Congreso aprob\u00f3 la ley de \u201cSeguridad Ciudadana\u201d, una especie de Estatuto antiterrorista pero contra la poblaci\u00f3n civil, presentado por el gobierno del presidente Santos y respaldado por la coalici\u00f3n de partidos que conforman la \u201cUnidad Nacional\u201d. Adem\u00e1s se est\u00e1n discutiendo m\u00e1s medidas represivas en la reforma al C\u00f3digo de Polic\u00eda que parece m\u00e1s para el control de una c\u00e1rcel que del orden p\u00fablico ciudadano.<\/p>\n
Como lo intentaron los gobiernos anteriores -con m\u00e1s dureza los de Turbay y Uribe-, justifican la iniciativa en la necesidad de tener \u201cherramientas para combatir la delincuencia com\u00fan y las llamadas bandas criminales\u201d, como si la historia no indicara que han utilizado todo tipo de m\u00e9todos, legales e ilegales, hasta convertir al pa\u00eds en uno de los que m\u00e1s violan los derechos humanos en el mundo.<\/p>\n
Al igual que en el Plan Nacional de Desarrollo, convertido en una reforma tributaria, soslayando la discusi\u00f3n en las Comisiones Legislativas, en la Seguridad Ciudadana le metieron la mano a los C\u00f3digos Penal y de Procedimiento Penal y a la Ley de la Adolescencia -cuyo tr\u00e1mite abri\u00f3 gran debate sobre la criminalizaci\u00f3n de los menores de edad, en el cual participaron organizaciones internacionales y personalidades del pa\u00eds-, adem\u00e1s de tipificar nuevos delitos. Me atrevo a asegurar que todas las conductas quedaron criminalizadas.<\/p>\n
En dicho Estatuto se aprob\u00f3: variar los t\u00e9rminos procesales de la Fiscal\u00eda para acusar, realizar la audiencia y formular o archivar la investigaci\u00f3n; facilita las capturas, incluso cambiando los jueces de garant\u00eda; reglamenta las interceptaciones de las comunicaciones; tipifica como delito manipular, remarcar o modificar los celulares, penaliz\u00e1ndolo entre 6 a 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel; abrevia el procedimiento para la extinci\u00f3n de la propiedad; c\u00e1rcel de 9 a 12 a\u00f1os por porte ilegal de armas; 13 a 22 a\u00f1os por financiaci\u00f3n a grupos delincuenciales; 30 a\u00f1os por tr\u00e1fico de drogas; c\u00e1rcel para menores criminales y a quienes los utilicen de 10 a 17 a\u00f1os; allanamientos las 24 horas del d\u00eda; disparar al aire: de 1 a 4 a\u00f1os; comercializar lo robado: de 4 a 12 a\u00f1os, y de medicamentos de la seguridad social, de 2 a 4 a\u00f1os. Es decir, hay dosis para todo. Algunas de ellas necesarias, otras discutibles y otras inaceptables. <\/p>\n
En la \u00faltima categor\u00eda, la criminalizaci\u00f3n de menores de edad es muy popular por el crecimiento de bandas y pandillas que han venido causando da\u00f1o, pero su existencia es la demostraci\u00f3n de la incapacidad del Estado para garantizarles sus derechos fundamentales, que se concreta en la carencia de atenci\u00f3n desde la gestaci\u00f3n, salud, educaci\u00f3n, empleo, seguridad social y vivienda; ese es el caldo de cultivo para que la criminalidad adolescente sea el denominador com\u00fan y no la excepci\u00f3n, por lo cual la represi\u00f3n del Estado conllevar\u00e1 a su sofisticaci\u00f3n y no a la soluci\u00f3n de la problem\u00e1tica social.<\/p>\n
Como esa problem\u00e1tica social conlleva la movilizaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n y el Gobierno no tiene soluciones porque en su modelo econ\u00f3mico prevalecen los intereses plutocr\u00e1ticos, entonces resolvi\u00f3 tambi\u00e9n criminalizar la protesta. La norma penaliza con 2 a 4 a\u00f1os de c\u00e1rcel a quien “por medios il\u00edcitos, incite, dirija, constri\u00f1a o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las v\u00edas o la infraestructura de transporte, de tal manera que atente contra la vida humana, la salud p\u00fablica, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo”. El Vicepresidente de la C\u00e1mara, Germ\u00e1n Navas dijo que es “ambigua” la expresi\u00f3n \u201cmedios il\u00edcitos\u201d porque il\u00edcito es lo que est\u00e1 contra la ley, y si la manifestaci\u00f3n no tiene autorizaci\u00f3n, eso ya puede considerarse il\u00edcito”. <\/p>\n
Lo parad\u00f3jico es que mientras esto sucede, la Confederaci\u00f3n General del Trabajo, con su presidente Julio Roberto G\u00f3mez, anda lagarte\u00e1ndose el Ministerio del Trabajo, y la Confederaci\u00f3n de Pensionados, cambi\u00f3 a su presidente para montar una mayor\u00eda proclive, firmaron un acuerdo con el Gobierno de Santos, usurpando al sindicalismo y mimetizando la violaci\u00f3n de los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Todas las triqui\u00f1uelas para salvar un TLC con EEUU que s\u00f3lo beneficiar\u00e1 a las multinacionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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