El lunes 2 de Mayo en la gran prensa y a trav\u00e9s de los dem\u00e1s medios de comunicaci\u00f3n hablados y escritos, se inform\u00f3 a la opini\u00f3n p\u00fablica sobre el hallazgo de defraudaciones contra el sistema de Salud, el prop\u00f3sito de la noticia era hacer parecer que quienes iniciaban la cruzada contra esta monstruosa estafa al fisco, era el gobierno en cabeza del presidente Santos. Este hecho me recordaba al ni\u00f1o de una empleada del servicio dom\u00e9stico en la vecindad, que cuando se hacia del cuerpo en alguna de las instancias de la vivienda, corr\u00eda al patio a recoger un poco de tierra para cubrir su deposici\u00f3n y de esta manera encubrir lo que el sab\u00eda, le significar\u00eda al menos una reprensi\u00f3n. La verdad es que organizaciones como la Fundaci\u00f3n M\u00e9dica Colombiana, Misi\u00f3n M\u00e9dica, los sindicatos de la salud y otras organizaciones sociales llevan a\u00f1os denunciando estos escabrosos hechos, los cuales iban a resumirse en el debate largamente solicitado por los Senadores del Polo Democr\u00e1tico, Alexander L\u00f3pez y Jorge Enrique Robledo, el martes 3 de mayo, como en efecto se hizo y el gobierno ladinamente pretendi\u00f3 minimizar.<\/p>\n
El gobierno adem\u00e1s, con esa estrategia medi\u00e1tica, trat\u00f3 de hacer aparecer la situaci\u00f3n como el resultado de la acci\u00f3n punible de algunos funcionarios de rango medio y no como la consecuencia inevitable de un sistema regido por la ley 100, que conduce al latrocinio, por que se concibe como el negocio de la salud y no como un servicio.<\/p>\n
La denuncia hecha por el Senador Robledo no deja duda alguna, la investigaci\u00f3n realizada por los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, en relaci\u00f3n con las practicas de las empresas que conforman a ACEMI, Asociaci\u00f3n de las m\u00e1s poderosas EPS, muestra que durante varios a\u00f1os han recurrido al menos a cuatro practicas para disparar sus ingresos: falsear la informaci\u00f3n, decidir que pagos se hacen y cuales no, as\u00ed est\u00e9n contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, para utilizar la tercera estrategia, mediante tutelas cobrar por segunda vez al Fondo de Solidaridad y Garant\u00edas- FOSYGA, servicios no prestados en el r\u00e9gimen contributivo y finalmente incrementar el monto de la Unidad de pago por Capitaci\u00f3n-UPC- que es el valor que se les reconoce anualmente por atender los afiliados al POS, mediante el suministro de la informaci\u00f3n que emplea el Ministerio de la Protecci\u00f3n para fijar su monto.<\/p>\n
En plata blanca eso consiste en que: reportan pacientes ficticios o servicios no prestados o incluso valores mayores de medicamentos, entre otros; niegan tratamientos, ex\u00e1menes cl\u00ednicos y droga incluidos en el POS, y luego reclaman por v\u00eda judicial su pago al FOSYGA como si se hubiera hecho o entregado y finalmente, arman unos datos para aparentar costos mayores en la atenci\u00f3n de los usuarios, de tal manera que se obliga el incremento de la UPC.<\/p>\n
La cuantificaci\u00f3n del robo descarado a los recursos que deben garantizar la salud de los Colombianos, produce escalofr\u00edo: cerca de la mitad de los 1,8 billones en el 2009 y otro tanto de los 2.5 billones, que el FOSYGA les giro por recobros, sin mencionar las cifras de los a\u00f1os anteriores. Quienes formularon la Ley y la pusieron en pr\u00e1ctica contin\u00faan defendiendo su aplicaci\u00f3n contra toda evidencia, quienes se han lucrado de ella se pavonean como exitosos empresarios, mientras los Colombianos sufren a diario las inconsecuencias de una pol\u00edtica que explota el trabajo de los profesionales de la salud y discrimina a millones con un servicio subsidiado que cubre la tercera parte de las patolog\u00edas del POS. La Ley 100 ya prob\u00f3 su perversidad y debemos abogar por darle sepultura.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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