Tribuna Magisterial, Bogot\u00e1, julio 31 de 2003<\/p>\n
A partir del Acto Legislativo Nro. 1 de 2001 y de la ley 715, el gobierno ha venido sometiendo a la educaci\u00f3n p\u00fablica, de manera met\u00f3dica y sistem\u00e1tica a un proceso de desvertebramiento y privatizaci\u00f3n. En este sentido, se cumple con creces el cometido de la pol\u00edtica ordenada al anterior gobierno por el FMI y se adiciona con m\u00e1s medidas y proyecciones que, sin duda alguna, ciernen sobre la educaci\u00f3n p\u00fablica y los derechos del magisterio un futuro nada promisorio.<\/p>\n
Los ejes de la pol\u00edtica oficial contenidos en la mal llamada \u201cRevoluci\u00f3n Educativa\u201d, tienen que ver, en primer lugar, con su desfinanciamiento paulatino que la conduzca a la inevitable privatizaci\u00f3n, al entrar a saco sobre las transferencias territoriales en busca de recursos que le permitan subsanar las obligaciones de la creciente deuda externa; en segundo lugar con su desvertebramiento administrativo total mediante la municipalizaci\u00f3n y la plantelizaci\u00f3n; y en tercer lugar, con el arrasamiento absoluto de los derechos laborales y prestacionales del magisterio colombiano.<\/p>\n
Todas estas medidas, acompa\u00f1adas en lo pedag\u00f3gico de la imposici\u00f3n de las concepciones constructivistas, de los indicadores de logro, las competencias b\u00e1sicas y los est\u00e1ndares educativos, hacen parte de la decisi\u00f3n del r\u00e9gimen uribista de adecuar el pa\u00eds en todos sus \u00f3rdenes a los par\u00e1metros del ALCA, en el cual, la educaci\u00f3n entendida como venta de servicio, es uno de los nuevos frentes apetecidos por las grandes multinacionales de la educaci\u00f3n.<\/p>\n
En este orden de ideas, el desvertebramiento de la educaci\u00f3n p\u00fablica tiene que ver con la determinaci\u00f3n de la Naci\u00f3n de desprenderse, m\u00e1s all\u00e1 del recortado Sistema General de Participaciones, de toda obligaci\u00f3n operativa y financiera, descargando estas funciones en los quebrados entes territoriales, al tiempo que centraliza de manera autoritaria y desp\u00f3tica todas las decisiones claves en materia de pol\u00edtica educativa. Para corroborar esto basta repasar las funciones y obligaciones de los diferentes entes territoriales definidas en los art\u00edculos 5\u00b0, 6\u00b0 y 7\u00b0 de la ley 715 de 2001.<\/p>\n
En las perspectivas de esta pol\u00edtica, entra en juego el nuevo papel que se le ha asignado a los rectores, al pretender convertirlos en gerentes de la empresa educativa concretada en la instituci\u00f3n, en la cual, por encima de cualquier criterio pedag\u00f3gico, t\u00e9cnico o cient\u00edfico, deben primar la racionalidad y la eficiencias neoliberales, entendidas al estilo de las f\u00e1bricas en el sistema capitalista, como la producci\u00f3n de mas bienes o servicios a menos costos.<\/p>\n
Esto es lo que explica, entre otras disposiciones los decretos 1850 y 3020; la congelaci\u00f3n de los salarios en los \u00faltimos tres a\u00f1os; su anunciada congelaci\u00f3n por dos a\u00f1os m\u00e1s con el referendo uribista; la congelaci\u00f3n del escalaf\u00f3n y la anunciada expedici\u00f3n del decreto reglamentario del art\u00edculo 24 de la ley 715 que, en la pr\u00e1ctica, congela de manera absoluta el escalaf\u00f3n de los docentes, al sujetar el mismo a la existencia de disponibilidad presupuestal; el incremento de los aportes prestacionales a los docentes activos y pensionados establecido en el reci\u00e9n aprobado Plan Nacional de Desarrollo; la supresi\u00f3n total del r\u00e9gimen especial de los maestros contenida en el mismo referendo y los anuncios de abolir la mesada pensional n\u00famero catorce, gravar con una sobretasa a las pensiones y presentar un nuevo Acto Legislativo para recortar, una vez m\u00e1s, las transferencias territoriales en por los menos dos billones de pesos.<\/p>\n
Las 17 funciones asignadas a los rectores en el art\u00edculo 10\u00b0 de la ley 715 enfatizan la intenci\u00f3n del gobierno de acrecentar su car\u00e1cter gerencial y de convertirlos en pieza clave de un nuevo despotismo institucional, el mismo que se entroniza a nivel nacional en los marcos de la llamada seguridad democr\u00e1tica. Por eso, la gama de funciones abarca desde las rutinarias de dirigir la preparaci\u00f3n de los PEI y presidir los \u00f3rganos de gobierno escolar, hasta rendir informes semestrales al Consejo Directivo de la Instituci\u00f3n Educativa, representar legalmente la instituci\u00f3n y realizar control de cumplimiento sobre docentes y administrativos; hasta las in\u00e9ditas de definir perfiles y seleccionar personal, proponer a los docentes que ser\u00e1n apoyados para recibir capacitaci\u00f3n y responder por la calidad de la prestaci\u00f3n del servicio en su instituci\u00f3n.<\/p>\n
Menci\u00f3n especial merece el tema de la evaluaci\u00f3n de los docentes. Desde hace a\u00f1os, la evaluaci\u00f3n viene siendo defendida contumazmente por parte del gobierno, no como una herramienta de mejoramiento pedag\u00f3gico sino como un instrumento administrativo para el recorte y la racionalizaci\u00f3n de la planta de personal y como el mecanismo expedito para destituir educadores. Despu\u00e9s de la ley 715 y del decreto 1278 de 2002, la evaluaci\u00f3n-destituci\u00f3n tiene adem\u00e1s de los prop\u00f3sitos iniciales ya se\u00f1alados, forzar contra los educadores en trance de reingreso a la docencia, la p\u00e9rdida del derecho a permanecer bajo el viejo estatuto docente (decreto 2277 de 1979), y ahora, despu\u00e9s del Plan de Desarrollo de Uribe, acordado con la actual direcci\u00f3n mayoritaria de Fecode, en medio de gran alborozo de unos y otro, abolir el r\u00e9gimen pensional especial, a\u00fan antes de que entre en vigencia lo proyectado en el numeral 8\u00b0 del referendo uribista.<\/p>\n
Bajo tales enfoques, y sali\u00e9ndole al paso a la ca\u00edda del decreto 1283 que establec\u00eda la evaluaci\u00f3n-despido por competencias espec\u00edficas, el gobierno ha proyectado un decreto reglamentario de la evaluaci\u00f3n anual de desempe\u00f1o, que pretende convertirla en su anhelada evaluaci\u00f3n-destituci\u00f3n. De esta forma, evita correr el riesgo de convocar al magisterio a una evaluaci\u00f3n de tal naturaleza y enfrentar una segura derrota con una campa\u00f1a de \u201cDesobediencia Civil\u201d, a la vez que se lava hip\u00f3critamente las manos con los rectores y genera al interior de la comunidad docente una nueva contradicci\u00f3n de impredecibles consecuencias.<\/p>\n
En este asunto, como en todo lo atinente a las nuevas funciones de rectores y dem\u00e1s directivos docentes, est\u00e1 impl\u00edcita la vieja aspiraci\u00f3n del gobierno manifestada desde las \u00e9pocas en que se discut\u00eda el Estatuto Docente de 1979, de abolir el car\u00e1cter de docentes a los directivos y de convertirlos en empleados de libre nombramiento y remoci\u00f3n y en consecuencia, en funcionarios de plena confianza. El gobierno pretende convertir a los rectores y dem\u00e1s directivos docentes en la punta de lanza contra el magisterio. Unos, han manifestado contrariedad y resistencia frente a estos designios y han hecho causa com\u00fan con los maestros y padres de familia para oponerse a la ventolera neoliberal en boga; pero otros, de manera incorrecta, han asumido con inusitado entusiasmo, digno de mejor causa, su nuevo papel de capataces y jefes de personal y de hecho, se han convertido en los principales propulsores de toda la contrarreforma en curso.<\/p>\n
La hora llama al fortalecimiento de la m\u00e1s decidida unidad entre docentes y directivos docentes, para la defensa de la educaci\u00f3n p\u00fablica y los derechos del magisterio. Esta unidad tiene que pasar de la ret\u00f3rica a los hechos y materializarse, no s\u00f3lo en la din\u00e1mica interna de funcionamiento de las instituciones educativas, en las cuales, por encima de todo, deben preservarse y garantizarse condiciones de libertad y democracia; sino tambi\u00e9n, en relaci\u00f3n con las intenciones del gobierno de descargar en rectores y coordinadores las responsabilidades de aplicar la evaluaci\u00f3n-destituci\u00f3n, frente a la cual, sin la menor vacilaci\u00f3n, docentes y directivos docentes debemos cerrar filas para oponernos a ella y derrotarla, tal como lo hicimos en 1999, durante el ministerio de Bula. Esto es mucho m\u00e1s importante, si se parte del supuesto que la defensa de la estabilidad laboral es lo m\u00e1s sagrado y que rectores y directores, ser\u00e1n a su vez evaluados en su desempe\u00f1o con los mismos fines arteros, por parte de las gobernaciones o alcald\u00edas, ante lo cual su estabilidad depender\u00e1 del grado y fortuna con que logren involucrarse en los tejemanejes de la politiquer\u00eda regional.<\/p>\n
Por lo anterior, la pol\u00edtica contenida en la cacareada \u201cRevoluci\u00f3n Educativa\u201d conducir\u00e1 en un corto lapso de tiempo, sin lugar a dudas, a un verdadero desastre en materia de educaci\u00f3n p\u00fablica y derechos laborales del magisterio. Esta situaci\u00f3n ser\u00e1 mucho m\u00e1s grave si el gobierno logra imponer sus designios en relaci\u00f3n con la evaluaci\u00f3n-destituci\u00f3n. Desde el Frente de educadores \u201cTribuna Magisterial\u201d saludamos este encuentro nacional de rectores y dem\u00e1s directivos docentes a la vez que esperamos que sus conclusiones fortalezcan las pol\u00edticas de resistencia y lucha contra las imposiciones del imperialismo y el FMI que Uribe, de manera servil, ha convertido en brutal avalancha contra la Naci\u00f3n y el pueblo.<\/p>\n
FRENTE DE EDUCADORES \u201cTRIBUNA MAGISTERIAL\u201d<\/p>\n
MIEMBROS DEL COMIT\u00c8 EJECUTIVO DE FECODE
\nRA\u00daL ARROYAVE A. EL\u00cdAS FONSECA C.
\nMEDARDO HERN\u00c1NDEZ B.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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