Luego de m\u00e1s de un a\u00f1o largo durante el cual el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social habl\u00f3 de que se encontraba \u201ccasi listo\u201d el decreto reglamentario de la negociaci\u00f3n colectiva para los empleados p\u00fablicos, el gobierno, invocando el Convenio 151 de OIT que estipula esa negociaci\u00f3n especial, acaba de expedir el decreto 535 de 2009, para reglamentar el derecho de petici\u00f3n relativo a los memoriales de solicitudes respetuosas de que trata el art\u00edculo 416 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. T\u00edpica maniobra uribista.<\/p>\n
Hay una diferencia abismal entre lo establecido en el decreto presidencial y la negociaci\u00f3n colectiva de los empleados p\u00fablicos. Es de la esencia de esta negociaci\u00f3n el reconocimiento de \u201cpartes\u201d, el car\u00e1cter \u201cbilateral\u201d del procedimiento, que las reivindicaciones laborales de los sindicatos originan \u201cconflictos colectivos\u201d, los cuales deben solucionarse por el procedimiento de la \u201cnegociaci\u00f3n colectiva\u201d o, en su defecto, por conciliaci\u00f3n, mediaci\u00f3n o arbitramento, pero nunca mediante la decisi\u00f3n \u201cunilateral\u201d, propia del derecho de petici\u00f3n y del Estado autoritario, que impone las condiciones del empleo p\u00fablico, mediante la ley y el reglamento. <\/p>\n
En ninguna parte del decreto 535 de 2009 se habla de negociaci\u00f3n, del reconocimiento de partes, de conflicto colectivo, ni siquiera de la posibilidad de lograr acuerdos colectivos, de lo que se habla es de concertar y de que cumplido el t\u00e9rmino de concertaci\u00f3n \u2013que no implica la existencia de acuerdo alguno- la administraci\u00f3n unilateralmente resolver\u00e1 las peticiones respetuosas planteadas.
\n As\u00ed, concertar las condiciones del empleo p\u00fablico, para efectos del decreto, es tratar con los sindicatos las peticiones respetuosas que ellos presenten, pero resolverlas unilateralmente. En otras palabras, lo que establece ese decreto es un escenario para conversar o tertuliar con la administraci\u00f3n sin ninguna transcendencia jur\u00eddica, por cuanto unilateralmente la administraci\u00f3n resolver\u00e1 las peticiones respetuosas formuladas.<\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 416 del CST, como casi todas las disposiciones de su parte colectiva, data de agosto de 1950, cuando lo m\u00e1s avanzado en el mundo eran los espacios de reuni\u00f3n con la administraci\u00f3n (Francia, B\u00e9lgica, EEUU, etc.), en los que informaba su funcionamiento, pol\u00edticas y proyecciones, limit\u00e1ndose la participaci\u00f3n sindical a o\u00edr y la administraci\u00f3n a escuchar las quejas o peticiones del sindicato, generalmente de car\u00e1cter individual.
\nEn cambio la negociaci\u00f3n colectiva para los empleados p\u00fablicos es una instituci\u00f3n del a\u00f1o de 1978, consagrada en virtud del Convenio 151 de OIT, como superaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n y del concepto de Estado autoritario.
\nLo que correspond\u00eda y sigue siendo la aspiraci\u00f3n de las organizaciones sindicales, es reglamentar, mediante decreto, la ley 411 de 1997, aprobatoria del Convenio 151 de OIT, que establece la negociaci\u00f3n colectiva como procedimiento para determinar las condiciones del empleo p\u00fablico.
\nDicha aspiraci\u00f3n era bien conocida por el gobierno nacional, por lo que la explicaci\u00f3n de la expedici\u00f3n del decreto no debe buscarse en la decisi\u00f3n de cumplir el Convenio 151 -que es obligatorio para el estado colombiano-, sino en la nueva campa\u00f1a diplom\u00e1tica adelantada por esos d\u00edas para la aprobaci\u00f3n del TLC con EEUU, y para cuyo prop\u00f3sito a Uribe le conviene aparentar ser respetuoso de los derechos humanos y en especial del derecho de asociaci\u00f3n sindical, inherente al de negociaci\u00f3n colectiva.
\nY como lo reglado no es la negociaci\u00f3n colectiva de los empleados p\u00fablicos, sino el derecho de petici\u00f3n, consagrado en una norma de mitad del siglo pasado para los memoriales de solicitudes respetuosas, el decreto 535 de 2009 no representa ning\u00fan avance y s\u00f3lo es una maniobra m\u00e1s del gobierno de Uribe.
\nNo obstante, llama la atenci\u00f3n que se excluyan el tema de las plantas de personal como un asunto de concertaci\u00f3n, con el argumento que las mismas exceden el campo laboral. Ning\u00fan tema est\u00e1 tan ligado al campo laboral como la necesidad de ampliar las plantas de personal, la mayor\u00eda congeladas desde hace m\u00e1s de 29 y 30 a\u00f1os, y por cuya cuenta han proliferado formas deslaborizadas de vinculaci\u00f3n, como contratos de prestaci\u00f3n de servicios (OPS), cooperativas de trabajo asociado, empresas \u201cunipersonales\u201d, entre otras.
\nSe calcula que m\u00e1s del 25% de las personas que desempe\u00f1an funciones propias del empleo p\u00fablico, est\u00e1n vinculadas mediante OPS y cooperativas de trabajo asociado. Es decir, que existen m\u00e1s de 300 mil personas a las quienes el Estado colombiano les evade el pago de sus prestaciones sociales: primas, vacaciones, cesant\u00edas, intereses a las cesant\u00edas, cotizaciones en salud, pensi\u00f3n, riesgos profesionales y caja de compensaci\u00f3n, al no reconocerlos como lo que son en la realidad, verdaderos empleados p\u00fablicos. Luego, lo que hay all\u00ed es un gran tema laboral de negociaci\u00f3n colectiva, que, de concretarse, permitir\u00e1 darle fin a la sistem\u00e1tica violaci\u00f3n de los derechos humanos a este importante n\u00famero de colombianos.
\nLas organizaciones sindicales deben insistir en que el Convenio 151 de OIT est\u00e1 vigente y es de obligatorio cumplimiento para el estado colombiano. Organizar a sus afiliados en torno a este tema de la negociaci\u00f3n colectiva de los empleados p\u00fablicos y ponerlos al d\u00eda de este nuevo incumplimiento del gobierno al tratado. Presentar las reclamaciones pertinentes ante la Comisi\u00f3n de Libertad Sindical de OIT (proceso jur\u00eddico) y las quejas ante el Consejo de Administraci\u00f3n de OIT (proceso pol\u00edtico), a fin de que forzar al estado colombiano a que honre su palabra y cumpla el tratado. <\/p>\n
Es de esperarse que dada la dif\u00edcil situaci\u00f3n por la que atraviesan los trabajadores del Estado, aunada a la agudizaci\u00f3n de la crisis econ\u00f3mica mundial, m\u00e1s pronto que tarde -aun sin reglamentaci\u00f3n de la negociaci\u00f3n colectiva- las organizaciones sindicales del sector busquen por la v\u00eda de la movilizaci\u00f3n la recuperaci\u00f3n de la capacidad adquisitiva de los salarios, dr\u00e1sticamente disminuida durante Uribe I y Uribe II; el reconocimiento de empleados de los trabajadores tercerizados, mediante la ampliaci\u00f3n de las plantas de personal, y dem\u00e1s reivindicaciones laborales y sindicales m\u00e1s sentidas. <\/p>\n
Nota: Escrito para la Escuela de Formaci\u00f3n Sindical y Pol\u00edtica Ra\u00fal Eduardo Mahecha, el 11 de marzo de 2009, por Ram\u00f3n Antonio Paba Roso, abogado litigante, especialista en derecho contencioso administrativa y funci\u00f3n p\u00fablica, asesor sindical.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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