Aurelio Su\u00e1rez Montoya, La Tarde, Pereira, 14 de octubre de 2008<\/b><\/p>\n
El art\u00edculo 213 de la Constituci\u00f3n de Colombia establece que el Estado de excepci\u00f3n, denominado de Conmoci\u00f3n Interior, puede ser declarado por el Presidente de la Rep\u00fablica \u201cen caso de grave perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico\u201d y que el gobierno deriva de \u00e9l facultades discrecionales para expedir decretos con fuerza de ley. Recoge, por tanto, atribuciones excepcionales que fortalecen a\u00fan m\u00e1s el presidencialismo al actuar sustituyendo al Poder Legislativo.<\/p>\n
No es f\u00e1cil ligar el paro de los trabajadores del Poder Jurisdiccional con los elementos que caracterizan una \u201cgrave perturbaci\u00f3n de orden p\u00fablico\u201d, pese a que el gobierno se empe\u00f1e en documentar con cifras abultadas los traumatismos que \u00e9l mismo ha ocasionado al desconocer derechos laborales irrenunciables de jueces y dem\u00e1s empleados judiciales, insatisfechos desde hace 16 a\u00f1os, someti\u00e9ndolos a una indignante \u201csubasta\u201d en la cual incluy\u00f3 hasta el amenazante \u201c\u00faltima oferta\u201d.<\/p>\n
Algunos sucesos que rodearon la declaratoria de Conmoci\u00f3n inducen a pensar que tras los motivos alegados en el decreto 2939 hay otros m\u00e1s. Empezando por los manifestados por un magnate financiero, vinculado al sector inmobiliario, quien traz\u00f3 la imposici\u00f3n de tal estado de excepci\u00f3n. Las estad\u00edsticas jur\u00eddicas en Colombia revelan un gran volumen de juicios hipotecarios en los juzgados civiles que exigen, acorde con el mismo personaje, aplicar \u201cla oralidad a la justicia civil y administrativa\u201d (supongo para hacer m\u00e1s expeditos los procesos ejecutivos del sistema bancario contra ciudadanos insolventes), que la justicia \u201ces el tema m\u00e1s grave que existe para el desenvolvimiento\u2026del empresariado\u201d y proceder \u201ccomo se tratan las cosas en el sector privado\u201d. Es decir, valer la ocasi\u00f3n para adecuar la juridicidad a los intereses econ\u00f3micos. La plutocracia quiere plasmar sus pretensiones en los c\u00f3digos entre los que, por lo visto, tiene en mira el Civil y el de Procedimiento Civil. Un celebrado primer impulso para la \u201cdescongesti\u00f3n\u201d pudiendo venir no pocos desatinos adicionales.<\/p>\n
No s\u00f3lo al \u201cempresariado\u201d le interesa beneficiarse de la Conmoci\u00f3n. El gobierno tambi\u00e9n puede hallar una ventana de oportunidad para solucionar los numerosos obst\u00e1culos presentados en el Congreso con la aprobaci\u00f3n de su propuesta de reforma a la justicia, en particular en lo relacionado con \u201cel debido proceso\u201d para sus pros\u00e9litos enredados en el \u201cparauribismo\u201d. Vale recordar los impedimentos de un n\u00famero muy amplio de congresistas para debatirla; el abandono del debate por el Polo Democr\u00e1tico Alternativo, denunciando adem\u00e1s la ilegitimidad del ministro Valencia Cossio; las recias cr\u00edticas del Partido Liberal; las glosas de las cortes, por lo insustancial e inoportuna; y hasta las amenazas de boicot de Cambio Radical en algunas coyunturas de discrepancia con altos funcionarios oficiales.<\/p>\n
La declaratoria de Conmoci\u00f3n para \u201cenfrentar los da\u00f1os\u201d del Paro Judicial es a todas luces un maltrato, m\u00e1s grave que ning\u00fan otro, del Ejecutivo sobre el poder jurisdiccional que se suma a la carencia de un ministerio exclusivo para atenderlo, al desconocimiento de los derechos de sus empleados, a la cadena de ofensas proferidas en su contra y a conspiraciones urdidas desde la propia \u201cCasa de Nari\u201d. Hechos tan censurables como el mantenimiento en el encargo del doble ministerio de Interior y Justicia de personas involucradas en apropiaci\u00f3n de bienes p\u00fablicos, como en el caso de Invercolsa; en cohecho, como en la Yidispol\u00edtica; y de falta de \u00e9tica p\u00fablica, como Fabio Valencia Cossio, quien se ha negado a renunciar pese a los muy graves delitos de los que est\u00e1 acusado su hermano y alfil pol\u00edtico, Guillermo Le\u00f3n.<\/p>\n
Los antecedentes insin\u00faan que con la Conmoci\u00f3n se quiere hacer y deshacer, m\u00e1xime que en la declaratoria anterior, en 2002, existe el antecedente de inexequibilidad de la pr\u00f3rroga que se pretendi\u00f3 decretar. Es comprobable la tendencia uribista a proceder con excesos, entre otros, a imponerles cortapisas a las protestas sociales. La frase de Uribe, \u201cno hagamos una Conmoci\u00f3n pensando en el paro, echemos una cosa importante para descongestionar la Justicia\u201d, da para suponer nuevos atentados. Prepar\u00e9monos para lo peor porque esta Conmoci\u00f3n, como se dijo, es parte de su ofensiva, de privatizar los tribunales a la medida de los \u201ccacaos\u201d, de burlar el derecho a la protesta p\u00fablica y pac\u00edfica y, desde luego, es parte sustancial de su embestida autoritaria hacia la dictadura hasta el 2018, por ahora.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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