La tragedia vivida por el sector agropecuario colombiano, agravada desde 1.991, llega ahora a su cuarto acto y el final no parece asomarse, el padecimiento en ella no tiene l\u00edmites ni produce compasi\u00f3n a quienes se han dedicado a producirle quebrantos sin pausa. En el “Revolc\u00f3n”, al someterse el pa\u00eds a los convenios de la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio, no s\u00f3lo se rebajaron los aranceles para la mayor\u00eda de los productos alimentarios y agroindustriales sino que se sentaron las bases para desmontar los apoyos con los que esta actividad hab\u00eda contado, desde el cr\u00e9dito de fomento y la asistencia t\u00e9cnica gratuita hasta la existencia del m\u00e1s importante eslab\u00f3n de la cadena, el IDEMA que interven\u00eda las cosechas fijando precios de sustentaci\u00f3n y dando alimentos baratos a las clases m\u00e1s pobres. <\/p>\n
En el cuatrienio de 1.994 a 1.998, Colombia alcanz\u00f3 altos niveles de importaci\u00f3n de g\u00e9neros agropecuarios. Las compras externas sumaron m\u00e1s de 1.900 millones de d\u00f3lares por a\u00f1o, una cifra colosal trat\u00e1ndose de art\u00edculos que se pueden elaborar en el pa\u00eds. En el gobierno de El Cambio el modelo se ajust\u00f3 con nuevas afrentas: diciendo que el eje de las cadenas productivas era el comercializador privado, se entreg\u00f3 el manejo y la destinaci\u00f3n del cr\u00e9dito de FINAGRO a tales agentes. En 2001, de m\u00e1s de un bill\u00f3n de pesos que dicha entidad coloc\u00f3, s\u00f3lo 6% fue para peque\u00f1os productores. El control de los recursos hizo que los intermediarios, molinos, hipermercados, firmas internacionales o de los grandes grupos, gozaran de capital a tasas de inter\u00e9s menores que las comerciales e impusieran sus precios y condiciones a los “aporreados” agricultores colombianos, incluidos los de la cadena l\u00e1ctea. No se descarta que esos dineros se hayan usado tambi\u00e9n en las importaciones. <\/p>\n
El resultado de tanto desprop\u00f3sito es dram\u00e1tico. En 1.990 la agricultura colombiana entregaba a cada compatriota 21 kilos de sorgo, 6 de soya, 3 de trigo, 59 de arroz, 34 de ma\u00edz y 36 de hortalizas. En 2000 esa dotaci\u00f3n disminuy\u00f3 a apenas 5 de sorgo, menos de 1 de soya, 54 de arroz, 28 de ma\u00edz, 29 de hortalizas y en el m\u00e1s importante, el trigo, s\u00f3lo un kilo para cada nacional. Se est\u00e1 perdiendo la seguridad y la soberan\u00eda alimentarias. La FAO, la Organizaci\u00f3n para la Alimentaci\u00f3n y la Agricultura de la ONU, define una situaci\u00f3n de alta dependencia para un pa\u00eds en esta materia cuando las importaciones de alimentos superan el 25% del saldo del comercio exterior que queda de descontar de los ingresos recibidos por las exportaciones totales, los destinados al pago del servicio de deuda externa. Afirma, as\u00ed mismo, que hay seis pa\u00edses miembros en los que ese porcentaje es mayor al 50% y 18 en los que supera el 25%. Entre estos se encuentra Colombia. En 1996, las importaciones de alimentos eran el 32.6% del remanente en d\u00f3lares disponibles luego de descontar de las ventas totales externas el costo del endeudamiento. Para 1.997 fue el 38%, en 1998 alcanz\u00f3 al 41% y entre 1999 y 2001 fluctu\u00f3 cerca del 30%, sobresalimos por destinar m\u00e1s recursos externos a comprar comida que podemos producir. \u00a1 Una infamia! <\/p>\n
Nada de esto conmueve al nuevo gobierno. Al contrario, sus disposiciones de pol\u00edtica agropecuaria se encaminan por el mismo sendero destructor de los tres primeros actos. El Acuerdo con el gremio cafetero, que reduce el subsidio para el precio interno, elimina el cr\u00e9dito preferente y los apoyos para renovaci\u00f3n de cultivos y la asistencia t\u00e9cnica general, se valida como ” el mayor esfuerzo posible en la dif\u00edcil situaci\u00f3n fiscal”, las importaciones de leche se aceptan “porque son legales” y las de arroz, pactadas con Ecuador en 150.000 toneladas para febrero de 2003, se explican como ” un acto comercial con un socio que nos vende poco y nos compra mucho”. As\u00ed, con esas simplezas, el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, se despach\u00f3 en la sesi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Quinta de la C\u00e1mara, donde se abri\u00f3 un espacio de discusi\u00f3n acerca de la situaci\u00f3n del campo. Todas ellas estuvieron adobadas con las baratijas de la “globalizaci\u00f3n incluyente”, el Desarrollo Rural, la Reforma Agraria para la “lucha contra la pobreza” y otras hierbas de la factura del Banco Mundial. <\/p>\n
Pero la peor se\u00f1al es la actitud, hasta ahora incierta, frente a la exigencia estadounidense, a nombre de sus multinacionales, de exigir la prohibici\u00f3n al comercio de productos gen\u00e9ricos agroqu\u00edmicos. Hay un memorando gringo en ese sentido y, por ahora, el gobierno se limita a negar su existencia y a silenciar cualquier denuncia al respecto. Si se habla, como con los medicamentos, de un lapso para esa determinaci\u00f3n por tres a\u00f1os, \u00e9se es precisamente el tiempo que falta para que dicha imposici\u00f3n se haga por v\u00eda del ALCA. All\u00ed, la reclamada “propiedad intelectual” se convertir\u00e1 en nueva fuente de enriquecimiento, generando precios monopol\u00edsticos, como lo denunci\u00f3 el conocido intelectual Noam Chomsky. Con todas estas medidas se est\u00e1 colocando a la agricultura y al sector pecuario colombianos una “piedra de molino” al cuello, es casi una obsesi\u00f3n conducirlos inermes al holocausto del ALCA, ese s\u00ed el acto final de la tragedia tan pat\u00e9tico como en las de Esquilo o S\u00f3focles. <\/p>\n
Septiembre 17 de 2002<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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