Los colombianos, que durante tanto tiempo han tenido que soportar el doble azote de la crisis econ\u00f3mica y la violencia, enfrentan actualmente las medidas pol\u00edticas del gobierno de Uribe V\u00e9lez que llevan al extremo esa indignante situaci\u00f3n. <\/p>\n
Al antidemocr\u00e1tico prop\u00f3sito de recurrir al referendo, con el que se propone establecer mayores obst\u00e1culos a la presencia en el Congreso de las fuerzas minoritarias y de oposici\u00f3n, lo que lo convertir\u00e1 en un \u00f3rgano ya absolutamente integrado por una elite econ\u00f3mica y pol\u00edtica, se suma ahora la expedici\u00f3n de normas al amparo de la Conmoci\u00f3n Interior que, seg\u00fan la extensa exposici\u00f3n de motivos para decretarla, est\u00e1n destinadas a afectar gravemente todos los aspectos de la vida nacional. Con este expediente, el Ejecutivo concentra en sus manos todos los poderes. Empez\u00f3 decretando un impuesto al patrimonio, lo que viola flagrantemente la norma constitucional que atribuye la potestad de imponer grav\u00e1menes exclusivamente a los cuerpos representativos. Y ahora, con base en posiciones abiertamente reaccionarias, divulgadas a trav\u00e9s del ministro Londo\u00f1o Hoyos, como las que predican que no hay derecho ciudadano que no se pueda desconocer y que el poder militar debe prevalecer sobre el civil, el gobierno de Uribe acaba de expedir un decreto que al destrozar aspectos claves del Estado de derecho abre caminos hacia la posible instauraci\u00f3n de una dictadura. <\/p>\n
No otra cosa significa la negaci\u00f3n de las libertades y derechos democr\u00e1ticos de la ciudadan\u00eda que all\u00ed se hace con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Sin previa orden judicial y a partir de lo que sospechen, intuyan o infieran los miembros de las fuerzas militares y de polic\u00eda, cualquier colombiano puede ser objeto de detenci\u00f3n y captura, registro y allanamiento de su hogar y sus bienes inmuebles e interceptaci\u00f3n de sus comunicaciones privadas. Inicialmente medio pa\u00eds, y eventualmente el pa\u00eds entero, estar\u00e1 clasificado en zonas de guerra bajo control militar -eufem\u00edsticamente llamadas de Rehabilitaci\u00f3n y Consolidaci\u00f3n, al igual que a los informantes se les pas\u00f3 a llamar cooperantes- donde, adem\u00e1s, a los ciudadanos se les impedir\u00e1 o restringir\u00e1 su movilizaci\u00f3n y circulaci\u00f3n, se les censar\u00e1 y empadronar\u00e1 y se les forzar\u00e1 a poner a disposici\u00f3n de la fuerza p\u00fablica sus bienes as\u00ed como sus capacidades profesionales. El acompa\u00f1amiento de la Fiscal\u00eda en la ejecuci\u00f3n de estas medidas, no ofrecer\u00e1 mayores garant\u00edas a la poblaci\u00f3n a juzgar por el exultante entusiasmo con que su director, Luis Camilo Osorio, aplaudi\u00f3 su draconiana rigurosidad.<\/p>\n
Es cada d\u00eda m\u00e1s evidente que la “seguridad democr\u00e1tica”, la bandera que le sirve de pretexto al gobierno en todas sus disposiciones referentes al orden p\u00fablico, equivale al establecimiento de la inseguridad antidemocr\u00e1tica. Seg\u00fan declar\u00f3 Uribe V\u00e9lez en Estados Unidos, lo dictaminado en este decreto “no tiene un mil\u00edmetro de reversa”, por lo que la bienvenida que le hab\u00eda dado al debate sobre estas medidas y su afirmaci\u00f3n de que “Colombia lo que necesita es controversia, vibraciones democr\u00e1ticas, din\u00e1mica democr\u00e1tica” quedan reducidas a mera charlataner\u00eda. En boca de Uribe, esas expresiones no pueden sino ser producto de una frescura ins\u00f3lita, pero para los colombianos de bien tales “controversias…vibraciones y din\u00e1mica” son requisitos que precisan para manifestar la m\u00e1s amplia denuncia y la m\u00e1s categ\u00f3rica condena a las coyundas que hoy se les quieren imponer. <\/p>\n
Bogot\u00e1, septiembre 16 de 2002 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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