Utilizando una disposici\u00f3n transitoria que le permit\u00eda ordenar gastos electorales para la campa\u00f1a de octubre de 1992, Gaviria, dice Juan Diego Jaramillo, “procedi\u00f3 a decretar 6000 millones de pesos para las elecciones, y mete un mico de 986.000 millones, en que van incluidos todo tipo de becas, auxilios y subsidios de los prohibidos…” (El Tiempo, mayo 12 de 1992).<\/p>\n
Pero esto es apenas un indicio del sometimiento del tesoro p\u00fablico a los intereses familiares y pol\u00edticos del actual mandatario. Ya en 1991, seg\u00fan lo denunciara la veedur\u00eda, la cartera de Gobierno en manos del hoy candidato oficial a la presidencia, Humberto de la Calle Lombana, por medio de resoluciones asign\u00f3 recursos por m\u00e1s de 9.000 millones de pesos a diversas entidades municipales y fundaciones privadas, luego de que la nueva Constituci\u00f3n los proscribiera. Varias de las entidades favorecidas aparecen bajo el nombre de reconocidos congresistas y l\u00edderes pol\u00edticos.<\/p>\n
En entrevista con el director de La Clave, el Veedor Garc\u00eda Hurtado sostiene: “El ministro Hommes maneja una cantidad de autorizaciones legales de recursos inmensos que distribuye a su antojo, a su ama\u00f1o. El ministro de Hacienda, el presidente, el de planeaci\u00f3n son parte de una dictadura fiscal muy bien organizada… Este ha sido uno de los gobiernos que ha manejado la hacienda p\u00fablica con m\u00e1s indelicadeza en la historia de Colombia”. Y m\u00e1s adelante: “Se repartieron m\u00e1s de 20.000 millones de pesos ilegalmente a fondos supuestamente para becas. Yo puse esta demanda ante la Fiscal\u00eda hace un a\u00f1o. Me toc\u00f3 incluir muy a pesar m\u00edo, pero cumpliendo con mis deberes, al presidente C\u00e9sar Gaviria, al ciudadano Gaviria, quien manej\u00f3 tambi\u00e9n fondos de becas del Icetex”.<\/p>\n
Sostiene Rodrigo Mar\u00edn Bernal que, entre 1991 y 1992, el mandatario actual dispuso, lib\u00e9rrimamente, y sin sujeci\u00f3n a las normas ordinarias ni intervenci\u00f3n de los organimos de sumas que ascienden a 185.000 millones. Y concluye: “Nadie sabe hoy c\u00f3mo y con cu\u00e1les criterios se adjudicaron los m\u00faltiples y cuantiosos contratos.” (El Nuevo Siglo, marzo 19 de 1993). Por otra parte, en ese mismo per\u00edodo, afirma el representante Manuel Vel\u00e1squez Arroyave, se gastaron “35.000 millones en viajes y vi\u00e1ticos del presidente Gaviria, la primera dama y los ministros, y 31.000 millones en \u2018imagen\u2019, publicidad y publicaciones.” (El Nuevo Siglo, junio 26 de 1993).<\/p>\n
Esta manipulaci\u00f3n de ingentes sumas del presupuesto sin duda favorece a los candidatos oficiales con miras a perpetuar una casta de vendepatrias en el Palacio de Nari\u00f1o, o sirve para compensar copiosas votaciones favorables al r\u00e9gimen en las corporaciones p\u00fablicas. Y un bocado de ellas, simplemente, va a engrosar las arcas de la familia en el poder y de sus m\u00e1s allegados. De ah\u00ed que Jorge Ram\u00edrez Ocampo, presidente de la Asociaci\u00f3n Nacional de Exportadores, Analdex, dijera al clausurar el IX Congreso del gremio: “Las presiones pol\u00edticas est\u00e1n convirtiendo al presupuesto nacional en un \u00e1rbol de navidad lleno de regalos a costa de la coherencia de la pol\u00edtica econ\u00f3mica.” En el editorial del 28 de agosto de 1992 del diario de los Santos se lee: “Al se\u00f1or presidente Gaviria le falt\u00f3 grandeza para seleccionar los nombres de quienes deb\u00edan de ser llevados al Consejo Superior [de la Judicatura]… El episodio electorero, en el que sale muy mal librada la Justicia, tiene varios inconvenientes. Se corre el riesgo de que el presupuesto de cerca de 300.000 millones -que por ley deber\u00e1 elaborar y administrar el Consejo- pueda quedar hipotecado a los intereses muy particulares de sus electores”.<\/p>\n
Juega la pir\u00e1mide de la arrebati\u00f1a
\nEn la Ley de Apropiaciones vigente en 1993 se incluyen recursos por valor de 52.832 millones de pesos para el Fondo Especial de la Presidencia. En esa “caja menor” del clan gobernante se le asignan 9.000 millones a lo que en el mismo palacio se llama el presupuesto del despacho de la Primera Dama. Al informar sobre estas destinaciones, La Rep\u00fablica del 14 de enero de 1993, dec\u00eda que el susodicho fondo se hab\u00eda convertido en un superministerio “con capacidad para invertir en absolutamente todas las actividades vitales del pa\u00eds”. Tambi\u00e9n se\u00f1alaba c\u00f3mo la Presidencia dispone de 22.688 millones adicionales, contando as\u00ed, en realidad, con 75.520 millones reservados a salud rural, atenci\u00f3n al menor y la familia, capacitaci\u00f3n comunitaria y fomento al desarrollo, actividades que normalmente atienden diversas entidades estatales.<\/p>\n
Gracias a los decretos expedidos el 29 de diciembre de 1992, con base en el art\u00edculo transitorio 20 de la nueva Constituci\u00f3n, dirigidos a la “modernizaci\u00f3n del Estado”, se convirti\u00f3 en establecimiento p\u00fablico el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la Rep\u00fablica. El nuevo organismo tendr\u00e1 una asignaci\u00f3n inicial de 200.000 millones de pesos. El manejo suelto de estos multimillonarios auxilios afirma la representante liberal Mar\u00eda Cristina Ocampo, “qued\u00f3 a cargo de un consejo directivo formado por el secretario general de la Presidencia y cinco amigos”. (El Nuevo Siglo, abril 22 de 1993).<\/p>\n
Preparando el terreno para el resto del cuatrienio
\nContando con que poco debe temer de un Congreso controlado merced a los desayunos de trabajo, el primer mandatario defiende, a trav\u00e9s de sus subalternos, un proyecto de presupuesto para 1994 atiborrado de vicios constitucionales y legales que ha venido denunciando un sinn\u00famero de comentaristas, incluso los pertenecientes a la gran prensa. As\u00ed, el pr\u00f3ximo a\u00f1o la Presidencia manejar\u00e1 de entrada partidas por valor de 70.000 millones de pesos, cifra muy superior a la designada, por ejemplo, para el DAS o aun para el ministerio de Desarrollo o el de Relaciones Exteriores. Al respecto, el Veedor en: su intervenci\u00f3n ante el Congreso, el 24 de agosto \u00faltimo, insiste en que ni Gaviria ni Planeaci\u00f3n Nacional pueden ser ejecutores del gasto. Asimismo se pregunta qu\u00e9 hace la Presidencia manejando decenas de miles de millones de pesos dedicados a la “defensa de los derechos humanos”; o a programas de “prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de enfermedades visuales, orales, auditivas y ortop\u00e9dicas”; a “estudios especiales, asesor\u00edas y consultas”, a “buscar y recuperar barcos que naufragaron”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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