Marcelo Torres<\/p>\n
Bases del nuevo ordenamiento territorial por decreto
\nDe acuerdo con la constituci\u00f3n la labor legislativa del congreso abarca m\u00faltiples aspectos en materia del nuevo ordenamiento del territorio nacional. Entre ellos, fijar las bases de la organizaci\u00f3n territorial, definir las competencias de las entidades que la conforman, legislar para los nuevos departamentos y sobre la capital de la rep\u00fablica.
\nPrecisamente porque sentar las aludidas bases resulta de cardinal importancia para el desarrollo de la nueva organizaci\u00f3n territorial, las disposiciones transitorias resolvieron, en unos cuantos art\u00edculos, despojar al Congreso de dichas funciones y traslad\u00e1rselas, sin m\u00e1s ni m\u00e1s, al presidente.
\nGaviria pudo as\u00ed recibir y verter en un proyecto de ley las conclusiones de la comisi\u00f3n de estudio sobre ordenamiento territorial que \u00e9l mismo design\u00f3, decretar la organizaci\u00f3n de los nuevos departamentos, nombrar en varios de ellos sus primeros gobernadores, reglamentar el control de densidad de poblacional del archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina y expedir por decreto el r\u00e9gimen especial del Distrito Capital de Bogot\u00e1. Este \u00faltimo con la capital en un reyezuelo, recorta a\u00fan m\u00e1s las atribuciones del concejo distrital y autoriza la consiguiente andanada de impuestos sobre la inerme ciudadan\u00eda. De igual forma, el gobierno fue facultado para decretar el vital r\u00e9gimen de servicios p\u00fablicos domiciliarios y su sistema de tarifas, as\u00ed como las competencias municipales.<\/p>\n
El fondo para las emergencias de Gaviria
\nDefensores de la nueva Constituci\u00f3n y medios masivos de comunicaci\u00f3n siguen celebrando, como el mayor logro en las costumbres pol\u00edticas colombianas, la supresi\u00f3n de los auxilios parlamentarios. Catilinarias contra los corruptos y certificados de defunci\u00f3n contra el clientelismo ponen la nota com\u00fan en el “nuevo pa\u00eds”.<\/p>\n
Poco se fijan los desaforados Catones en el art\u00edculo transitorio 46. All\u00ed se autoriza el funcionamiento, por cinco a\u00f1os, de un multimillonario fondo de solidaridad y emergencia social, adscrito a la Presidencia, para financiar proyectos de apoyo a los sectores m\u00e1s vulnerables de la poblaci\u00f3n. Bancadas enteras de parlamentarios se cuentan, naturalmente, entre tales sectores “vulnerables” a los caudales del mentado fondo. Y ni qu\u00e9 decir de las ingentes legiones de desharrapados con cuyas necesidades se traficar\u00e1 con presteza, con los fondos del fondo de Palacio, para convertirlos en carne de urna del candidato presidencial de las preferencias del gobierno. As\u00ed lo han denunciado varias voces autorizadas.<\/p>\n
Resulta evidente por qu\u00e9 el gobierno tiene entre ojos al “Veedor”: \u00e9ste ha osado se\u00f1alar con dedo acusador la bolsa que contiene el \u00e1brete s\u00e9samo de los proyectos y metas presidenciales. No es para menos: de los miles de millones de pesos del fondo en cuesti\u00f3n bien puede depender la elecci\u00f3n del pr\u00f3ximo presidente de Colombia.<\/p>\n
Alguna vez se catalog\u00f3 a Colombia como el pa\u00eds de las maravillas. Lo que sucede se sit\u00faa por lo menos en la categor\u00eda del “realismo m\u00e1gico”. El mandatario que funge de n\u00e9mesis del clientelismo ha levantado el m\u00e1s monumental aparato clientelista. Los auxilios, lapidados por su utilizaci\u00f3n parlamentaria, \u00bfrecibir\u00e1n la bendici\u00f3n ahora, del Estado cuando el que los administra es el propio C\u00e9sar?<\/p>\n
Subordinaci\u00f3n de la justicia al gobierno. El fiscal, agente del presidente
\nSi alguna esfera del Estado recibi\u00f3 el tratamiento de tierra arrasada, \u00e9se fue el de la justicia. Correspond\u00eda al Congreso determinar el n\u00famero de magistrados de la Corte Constitucional y al Senado su elecci\u00f3n, pero tanto lo primero como la designaci\u00f3n – directa e indirecta- de la mayor\u00eda de sus integrantes se le atribuy\u00f3 al presidente. M\u00e1s a\u00fan, la misma prerrogativa le fue otorgada para nombrar directamente la mayor\u00eda de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, que ejerce el control general de toda la pir\u00e1mide judicial del pa\u00eds.<\/p>\n
A fines de noviembre de 1991 la “Comisi\u00f3n Especial” que se integr\u00f3 en reemplazo del Congreso revocado -llamada “congresito”-, aprob\u00f3 el draconiano C\u00f3digo de Procedimiento Penal hoy vigente. Gaviria tambi\u00e9n recibi\u00f3 autorizaci\u00f3n, otra vez suplantando al Congreso, para organizar la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. El hecho corrobor\u00f3 la intenci\u00f3n de convertir a la Fiscal\u00eda en una oficina policiaco-judicial sin independencia, como instrumento represivo totalmente subordinado al gobierno. La persecuci\u00f3n y el encarcelamiento de los l\u00edderes sindicales de Telecom, al igual que la asimilaci\u00f3n del ejercicio del derecho de huelga al terrorismo, lo comprueban sin r\u00e9plica. A despecho de la alharaca oficial sobre la reducci\u00f3n del tama\u00f1o del Estado, la Fiscal\u00eda conform\u00f3 un monstruo burocr\u00e1tico que aglutina bajo su mando una impresionante lista de dependencias judiciales y policivas. No s\u00f3lo se mantuvo la ominosa justicia se creta, sino que se entreg\u00f3 al Fiscal -el Gran Inquisidor del r\u00e9gimen- las temibles facultades de ordenar a los \u00f3rganos punitivos allanamientos, intercepci\u00f3n de comunicaciones, captura de personas y recolecci\u00f3n de evidencias.<\/p>\n
Varias otras medidas, algunas de ellas de primordial importancia, recogen las posiciones transitorias en varios de sus art\u00edculos: nombramiento de la junta directiva del Banco de la Rep\u00fablica por el presidente Gaviria; expedici\u00f3n de decreto presidencial sobre las funciones del banco; conversi\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores en Superintendencia; normas fiscales y otras – sobre territorios ind\u00edgenas; adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos a las comunidades negras de la zona pac\u00edfica, etc\u00e9tera.<\/p>\n
La acentuada tendencia del gobierno a arrasar inclusive la propia normatividad constitucional que le impuso al pa\u00eds se percibe en el hecho de que 18 de sus decretos han sido declarados total o parcialmente inexequibles por los altos tribunales en los \u00faltimos nueve meses, entre ellos varios del paquete relativo a la “modernizaci\u00f3n” del Estado. La Corte Constitucional tumb\u00f3 la disposici\u00f3n de la ley 15 del a\u00f1o pasado, aprobada a instancias del gobierno, que pretend\u00eda prolongar indefinidamente la detenci\u00f3n de las personas. La Asociaci\u00f3n de Abogados Defensores anunci\u00f3 una demanda contra el presidente por fraude procesal. La respuesta del ejecutivo, mof\u00e1ndose de las sentencias judiciales, consiste en hacer aprobar como legislaci\u00f3n permanente, por un Congreso d\u00f3cil, los decretos dictados al amparo del estado de conmoci\u00f3n interna.<\/p>\n
Las Disposiciones Transitorias remataron el proceso que culmin\u00f3 con la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991. Proceso espurio de punta a cabo, como las justificaciones esgrimidas para impulsarlo y las instituciones que trajo al mundo, al igual que la Asamblea que fue su parturienta y el gobierno que lo fragu\u00f3 todo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Marcelo Torres Bases del nuevo ordenamiento territorial por decreto De acuerdo con la constituci\u00f3n la labor legislativa del congreso abarca m\u00faltiples aspectos en materia del nuevo ordenamiento del territorio nacional. 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