Por Iv\u00e1n Toro L\u00f3pez<\/p>\n
A las 11 de la ma\u00f1ana del 20 de febrero las computadoras se apagaron, las cajas y b\u00f3vedas se cerraron y los 8.250 trabajadores suspendieron labores. Era su respuesta a la decisi\u00f3n del gobierno de continuar el proceso de marchitamiento de la entidad, hasta su liquidaci\u00f3n definitiva. A esa hora en la oficina principal de la Avenida Jim\u00e9nez se desarrollaba una rueda de prensa en la que Jes\u00fas Bernal, presidente de Sintracreditario, le anunciaba al pa\u00eds que daba comienzo una hist\u00f3rica huelga en el sector financiero. Aunque el motivo del conflicto era la negociaci\u00f3n del pliego, en realidad se trataba de la lucha por la supervivencia de la Caja, amenazada de muerte por la pol\u00edtica imperialista de desmantelar las entidades que han prestado alg\u00fan apoyo a la producci\u00f3n nacional, de manera que \u00e9sta sea f\u00e1cil presa de la ofensiva propiciada por la apertura.<\/p>\n
Para este antinacional prop\u00f3sito Samper design\u00f3-como presidente de la Caja a Carlos Gustavo Cano, quien durante varios a\u00f1os estuviera al frente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Desde las primeras de cambio de su gesti\u00f3n, Cano mostr\u00f3 cu\u00e1les eran sus intenciones. Lanz\u00f3 a los cuatro vientos calumniosas especies tratando de inculpar a los trabajadores de los peculados cometidos por altos funcionarios y acerca de los supuestamente astron\u00f3micos costos laborales. Con la colaboraci\u00f3n de Mar\u00eda Sol Navia, ministra de Trabajo, mont\u00f3 un expediente que le permitiera despedir a la directiva sindical al primer conato de pelea, y sin haberse presentado el pliego procedi\u00f3 a implementar un plan de contingencia con el cual pretend\u00eda conjurar el paro.<\/p>\n
Con el caballito de batalla de que la causa de las dificultades de la Caja era “la convenci\u00f3n m\u00e1s fabulosa del mundo”, la presentaci\u00f3n de las peticiones sindicales fue respondida con la denuncia de 93 de los 108 puntos de que constaba la convenci\u00f3n colectiva.<\/p>\n
De nada valieron las profusas explicaciones acerca de las verdaderas razones de la calamitosa situaci\u00f3n de la entidad que, como lo demostr\u00f3 el sindicato, se ubicaban en la cuantiosa deuda acumulada por el Estado, del orden de 650 mil millones de pesos; el desmonte de las inversiones forzosas de parte de las dem\u00e1s entidades financieras y de los impuestos CIF` a las importaciones; la eliminaci\u00f3n de las ventajas en materia de encaje y provisi\u00f3n de cartera, por cuenta de la Ley 45 de 1990; el desangre econ\u00f3mico derivado de operaciones fraudulentas con la complicidad de altos directivos y de pr\u00e9stamos cuantiosos nunca cubiertos, otorgados a conspicuos personajes de la vida nacional y las p\u00e9rdidas generadas en la venta de activos durante la administraci\u00f3n Gaviria, entre otras. Detr\u00e1s de todo estaba la determinaci\u00f3n de liquidar uno de los \u00faltimos vestigios del cr\u00e9dito de fomento, ahondar la ruina de la producci\u00f3n agraria y entregar totalmente al campesinado en garras del sector financiero, para lo cual el paso inmediato ser\u00eda la conformaci\u00f3n de un nuevo organismo, controlado por el capital extranjero y regentado por los magnates del agro.<\/p>\n
Una vigorosa lucha de masas
\nTerminadas las etapas legales de negociaci\u00f3n, la ofensiva arreci\u00f3 con propuestas enga\u00f1osas oportunamente desnudadas por el sindicato, y la amenaza perentoria de que si estallaba la huelga se proceder\u00eda a liquidar la entidad. En tal sentido se manifestaron el propio Cano y la ministra de Agricultura. La r\u00e9plica no se hizo esperar y m\u00e1s de 95% de los empleados vot\u00f3 a favor del cese. Ante la inminencia del conflicto y en un acto inusual, Samper se pronunci\u00f3 por escrito, en respuesta a una petici\u00f3n del sindicato, reiterando que “si sus aspiraciones laborales no se ajustan a las posibilidades de la Caja, el gobierno nacional se ver\u00eda obligado a liquidarla para atender los compromisos financieros ya adquiridos”. La altanera actitud del Ejecutivo fue respondida con una declaraci\u00f3n de todos los sectores del movimiento obrero, brindando su irrestricto respaldo a la lucha de los creditarios, en la que se anunciaba incluso un paro nacional del sindicalismo bancario.<\/p>\n
Estas cartas estaban sobre la mesa al iniciarse la contienda. La participaci\u00f3n y beligerancia de las bases fue de tal magnitud que el primer d\u00eda del conflicto s\u00f3lo reportaron operaciones diecis\u00e9is de las 846 oficinas de todo el pa\u00eds, echando por tierra el meticuloso plan de contingencia que le hab\u00eda costado a la instituci\u00f3n m\u00e1s de tres mil millones de pesos. En los d\u00edas siguientes la par\u00e1lisis fue total. No hubo un solo sindicato de importancia que no expresara su compromiso con la batalla que se libraba entre Sintracreditario, basti\u00f3n del sindicalismo colombiano, y los voceros del imperialismo liderados por Ernesto Samper. En especial se destacaron las organizaciones de la rama financiera ACEB. UNEB y Fenasibancol, las cuales en medio de la refriega adelantaron un paro de medio d\u00eda, como prueba de que el movimiento nacional no era una mera expectativa. Tambi\u00e9n jug\u00f3 importante papel el respaldo de la USO, Sittelecom, Sindess, Sinucom y Fenaltrase. M\u00e1s de cuarenta parlamentarios, encabezados por Jorge Santos N\u00fa\u00f1ez, firmaron una carta exigiendo una soluci\u00f3n que garantizara la permanencia de la Caja y el respeto a los derechos adquiridos.<\/p>\n
Carlos Gustavo Cano, con el apoyo de los conglomerados econ\u00f3micos, presion\u00f3 insistentemente la \u00a1legalizaci\u00f3n de la huelga y la convocatoria del tribunal de arbitramento. Orlando Obreg\u00f3n, reci\u00e9n ungido ministro de Trabajo, no dio curso a esas exigencias, lo cual motiv\u00f3 un agudo enfrentamiento entre estos dos funcionarios del r\u00e9gimen samperista, que culmin\u00f3 con la renuncia del presidente de la Caja, derrotado por la combatividad de los trabajadores y la solidaridad del sindicalismo y el campesinado. Que el movimiento no hubiera sido puesto al margen de la ley es un precedente que servir\u00e1 a todos los trabajadores bancarios.<\/p>\n
Ante la imposibilidad de alcanzar los objetivos inicialmente trazados por la administraci\u00f3n, el alto gobierno se vio obligado, despu\u00e9s de cinco d\u00edas de inactividad, a un replanteamiento, entrando a negociar. A tal determinaci\u00f3n tambi\u00e9n contribuyeron los anuncios de que para la segunda semana de par\u00e1lisis se gestaban paros c\u00edvicos en numerosos municipios donde la Caja es la \u00fanica instituci\u00f3n bancaria y la realizaci\u00f3n de marchas campesinas en varios departamentos. De esa manera el conflicto hubiera remontado el marco laboral convirti\u00e9ndose en una expresi\u00f3n de lucha del pueblo contra la pol\u00edtica neoliberal continuada por Ernesto Samper.<\/p>\n
Parte de victoria
\nLiberada la mesa de negociaci\u00f3n de las obstrucciones de Cano, todav\u00eda persist\u00edan los voceros gubernamentales, reforzados por Antonio Hern\u00e1ndez Gamarra, asesor de la presidencia, en la pretensi\u00f3n de recortar las conquistas de los asalariados. Sin embargo, despu\u00e9s de intensos di\u00e1logos se lleg\u00f3 a un acuerdo que garantiza la continuidad de todos los derechos para los empleados actualmente vinculados y el incremento de los salarios y dem\u00e1s prestaciones en un monto igual a la inflaci\u00f3n causada. En cuanto al porvenir de la instituci\u00f3n, principal preocupaci\u00f3n sindical, se conform\u00f3 una comisi\u00f3n tripartita que en un plazo de tres meses elabore un diagn\u00f3stico y formule propuestas tendientes a su fortalecimiento. A ese escenario concurre el sindicato continuando la batalla para que la Caja recupere su papel de banco de fomento agrario, con base en una legislaci\u00f3n especial y el manejo de los recursos oficiales en sus agencias y sucursales en todo el pa\u00eds, entre otras medidas indispensables para su futuro.<\/p>\n
Firmados los acuerdos en Caja Agraria y Ecopetrol, donde se lograron resguardar reivindicaciones alcanzadas en d\u00e9cadas de lucha y se impidi\u00f3 el desmonte de estas empresas, se ha desatado una virulenta campa\u00f1a con el c\u00ednico argumento de que el pa\u00eds est\u00e1 siendo entregado a la voracidad de los asalariados. Rudolf Hommes, El Tiempo y los dirigentes gremiales Juan Manuel Ospin (SAC), Jaime A. Cabal (Acopi), y C\u00e9sar Gonz\u00e1lez (Asobancaria), encabezaron la vocingler\u00eda de quienes quieren entregar la riqueza petrolera y el sudor de los campesinos, los recursos naturales y el trabajo de los colombianos, a los verdaderamente insaciables apetitos de los pulpos imperialistas. Lo que no soportan es que las luchas proletarias detengan el avance de la recolonizaci\u00f3n norteamericana. Mientras ciertos sectores se retuercen desesperados ante las victorias populares, el MOIR las exalta como ejemplo en la defensa de la soberan\u00eda econ\u00f3mica de la naci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Iv\u00e1n Toro L\u00f3pez A las 11 de la ma\u00f1ana del 20 de febrero las computadoras se apagaron, las cajas y b\u00f3vedas se cerraron y los 8.250 trabajadores suspendieron labores. Era su respuesta a la decisi\u00f3n del gobierno de continuar el proceso de marchitamiento de la entidad, hasta su liquidaci\u00f3n definitiva. 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