Por Marcelo Torres Benavides<\/p>\n
A mediados de diciembre del a\u00f1o pasado sobrevino el esc\u00e1ndalo del llamado “narcomico”. Inicialmente, una abrumadora mayor\u00eda del Senado, en la cual se contaba el senador Jorge Santos N\u00fa\u00f1ez, aprob\u00f3 lo que en otros tiempos se habr\u00eda considerado loable y normal reafirmaci\u00f3n del principio democr\u00e1tico del debido proceso. Sin embargo, los medios de comunicaci\u00f3n afirmaron, y as\u00ed qued\u00f3 registrado en la mente de muchos colombianos, que la mayor\u00eda de los parlamentarios de Senado y C\u00e1mara hab\u00edan tratado de consagrar la impunidad para los narcotraficantes y sus c\u00f3mplices. Seg\u00fan la ama\u00f1ada versi\u00f3n de las cosas, s\u00f3lo la inmediata denuncia de los medios y el repudio un\u00e1nime de la “parte sana” del pa\u00eds habr\u00eda evitado el desprop\u00f3sito. El hecho muestra hasta qu\u00e9 punto ha llegado la adulteraci\u00f3n, monstruosa, del proceso real que padece el pa\u00eds y la urgencia de librar una consecuente lucha contra el desmantelamiento de las conquistas democr\u00e1ticas.<\/p>\n
Un alboroto prefabricado
\nLa “parte sana” de Colombia a que aludieron los dicterios de la prensa y los dem\u00e1s medios se refer\u00eda especialmente a la posici\u00f3n asumida por el fiscal Valdivieso, Andr\u00e9s Pastrana y los otros candidatos presidenciales liberales y conservadores. En perfecta identificaci\u00f3n, sobra decirlo, con la del Departamento de Estado norteamericano y el embajador Frechette. Seg\u00fan todos ellos, la modificaci\u00f3n aprobada por el Senado en torno del delito tipificado como enriquecimiento il\u00edcito conduc\u00eda a la imposibilidad de investigar, enjuiciar y condenar a quienes incurrieron en tal conducta criminal. Lo que echar\u00eda por tierra, como lo afirm\u00f3 el fiscal, el Proceso 8.000. Con lo cual se desactivar\u00eda una de las piezas claves de la actual injerencia norteamericana en los asuntos internos del pa\u00eds. Aqu\u00ed reside la ra\u00edz del esc\u00e1ndalo armado alrededor del llamado “narcomico”.<\/p>\n
Bast\u00f3 entonces con que el gobierno de Estados Unidos advirtiera que, para expedir un comunicado sobre el asunto, esperar\u00eda la respectiva alocuci\u00f3n presidencial televisada acerca del tema para que Samper, como ha sido habitual, se sumara presuroso a la posici\u00f3n norteamericana. Con lo cual, como se sabe, la modificaci\u00f3n legislativa aprobada se hundi\u00f3 en la C\u00e1mara aquella misma noche.<\/p>\n
El debido proceso, piedra de esc\u00e1ndalo
\n\u00bfY cu\u00e1l era la modificaci\u00f3n objeto de tantas iras? Sencillamente, la reafirmaci\u00f3n de que los ciudadanos s\u00f3lo pod\u00edan ser enjuiciados por enriquecimiento il\u00edcito si previamente se comprobaba que la fuente de tal enriquecimiento era un delito. La Corte Suprema, dos a\u00f1os atr\u00e1s, hab\u00eda se\u00f1alado que tal comprobaci\u00f3n consist\u00eda en la sentencia correspondiente proferida en juicio; ello deb\u00eda ser as\u00ed; insist\u00eda la Corte, para preservar el debido proceso. Precisamente en dicha sentencia del alto tribunal se basaba el proyecto de modificaci\u00f3n legislativo constituido en piedra de esc\u00e1ndalo. Es decir, m\u00e1s clara y justa no pod\u00eda ser la motivaci\u00f3n que llev\u00f3 a los legisladores a aprobar el proyecto de ley. La argumentaci\u00f3n contraria, la de la fiscal norteamericana Janet Reno, la del Departamento de Estado gringo y sus corifeos colombianos, se basa en que a los narcotraficantes y sus secuaces no puede juzg\u00e1rseles seg\u00fan tales procedimientos y principios, que universalmente constituyen las bases democr\u00e1ticas de la justicia.<\/p>\n
La tesis impl\u00edcita es que en la lucha contra el narcotr\u00e1fico se justifica la supresi\u00f3n de tales preceptos. Viene al caso recordar que, muy expl\u00edcitamente, el proyecto de reforma constitucional del gobierno de Gaviria, presentado a la Constituyente de 1990, propuso suspender y limitar el derecho de defensa para determinados juicios y delitos. Tal abominaci\u00f3n, como las que -especialmente desde 1989- vienen mutilando garant\u00edas procesales y preceptos democr\u00e1ticos han sido inspiradas por la pol\u00edtica norteamericana antinarc\u00f3ticos. En su cumplimiento se suprimi\u00f3 el jurado y se erigi\u00f3 la justicia encapuchada. As\u00ed, se ha impuesto a la justicia colombiana el falso dilema de impunidad o fascismo, y la conclusi\u00f3n de arrasar las conquistas democr\u00e1tico-burguesas en aras de la lucha contra la delincuencia organizada. En el caso del enriquecimiento il\u00edcito, si ya no es necesario probar previamente el il\u00edcito del cual provendr\u00eda la riqueza malhabida, equivale ello a exonerar al Estado de la carga de la prueba y en adelante ser\u00e1 el acusado quien deber\u00e1 demostrar su inocencia.<\/p>\n
Lo peor del asunto ha residido en que, paralelamente a tales restricciones de la justicia colombiana, los medios masivos de comunicaci\u00f3n han venido apabullando y lanzando sobre quienes defiendan los derechos conculcados el anatema de voceros del narcotr\u00e1fico. El hecho de que se asimile sin m\u00e1s ni m\u00e1s toda defensa de los derechos democr\u00e1ticos en el terreno de \u00a1ajusticia a un oscuro inter\u00e9s ligado al narcotr\u00e1fico, no puede calificarse m\u00e1s que como un deplorable envilecimiento de la opini\u00f3n p\u00fablica. Tal es el contexto en que se dio el alboroto decembrino contra el Congreso.<\/p>\n
Se equipara la democracia a la delincuencia
\nEn el clima de escarnio p\u00fablico y cacer\u00eda de brujas que se desat\u00f3 en seguida, no fue extra\u00f1o que la Corte Suprema de Justicia renegara de su propia doctrina como lo hizo, ni que aterrorizados parlamentarios de ambas C\u00e1maras votaran negativamente el mismo proyecto que aprobaron la v\u00edspera. La doble afrenta a Colombia -echar atr\u00e1s una garant\u00eda democr\u00e1tica y que ello obedeciera a la voluntad de complacer a un gobierno for\u00e1neo- constituye un turbio logro norteamericano sobre el pa\u00eds. El que congresistas y jueces se averg\u00fcencen por defender las conquistas democr\u00e1ticas a la luz del d\u00eda, dice de la magnitud del dominio gringo sobre la naci\u00f3n.<\/p>\n
A pesar de todo, abogados y organizaciones de juristas dem\u00f3cratas, empleados de la rama judicial y distintas personalidades, han denunciado valerosamente los pasos concretos de la fascistizaci\u00f3n de la justicia colombiana. Las varias iniciativas de dentro y de fuera del Congreso por suprimir la llamada justicia sin rostro, son muy justas y merecen el apoyo de los colombianos. No puede admitirse ni justificarse que por el hecho de que voceros o defensores de los traficantes de narc\u00f3ticos reclamen garant\u00edas y esgriman preceptos democr\u00e1ticos, tales garant\u00edas y preceptos sean desconocidos.<\/p>\n
La experiencia demuestra que tales pr\u00e1cticas, lejos de limitarse a la delincuencia se extienden y aplican a los reclamos y protestas de las masas y contra dirigentes y miembros de las fuerzas opositoras y contrarias al r\u00e9gimen. En los tiempos recientes, el pa\u00eds ha padecido la persecuci\u00f3n y el encarcelamiento de huelguistas del movimiento obrero y de l\u00edderes pol\u00edticos bajo la vigencia de esta caricatura de justicia. Es claro que la tendencia apunta a extender esta justicia de excepci\u00f3n a todos los colombianos rasos.<\/p>\n
Urge la defensa de las bases democr\u00e1ticas de la justicia
\nCuando, luego de la perentoria orden de reversa dada por el gobierno a instancias del imperio, los parlamentarios de Senado y C\u00e1mara echaron atr\u00e1s el proyecto aprobado, el senador Jorge Santos mantuvo su posici\u00f3n. Sostuvo que, lejos de lamentar la aprobaci\u00f3n de un proyecto que reafirmaba una garant\u00eda democr\u00e1tica, lo vergonzoso era que las mayor\u00edas que lo hab\u00edan realizado reversaran ahora bajo la presi\u00f3n del macartismo y el inter\u00e9s extranjero. No podemos admitir, insisti\u00f3, que se equipare la defensa de las conquistas democr\u00e1ticas a actos delictivos: cuando un pa\u00eds acepta pasivamente semejante cosa, advirti\u00f3, puede ser m\u00e1s f\u00e1cilmente esclavizado por sus opresores extranjeros.<\/p>\n
Santos record\u00f3 que el MOIR ha sido partidario de la cooperaci\u00f3n internacional para reprimir el narcotr\u00e1fico en ese \u00e1mbito, pero aclar\u00f3 que lo que impera hoy es una injustificable y descarada imposici\u00f3n de la pol\u00edtica antinarc\u00f3ticos de Estados Unidos en los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, especialmente en aqu\u00e9llos donde se producen las drogas o sirven de puntos intermedios del il\u00edcito tr\u00e1fico. Una naci\u00f3n, reiter\u00f3 el senador del MOIR, puede combatir la delincuencia organizada y al mismo tiempo preservar las libertades y garant\u00edas democr\u00e1ticas.<\/p>\n
El bochornoso episodio del llamado “narcomico” pone de presente la urgente necesidad de la lucha por impedir que prosiga el socavamiento de las bases democr\u00e1ticas de la justicia. Hace casi 150 a\u00f1os, resumiendo las lecciones de la lucha de clases en Francia, Marx asever\u00f3 que, despu\u00e9s de conquistado el poder, es inherente a la burgues\u00eda la tendencia a anular las armas que forj\u00f3 y le sirvieron en su lucha contra el feudalismo: el parlamento, las libertades p\u00fablicas, la ilustraci\u00f3n, etc., impulso que se acent\u00faa en la \u00e9poca del imperialismo. Entonces, como lo aclarara Lenin, la defensa de las conquistas de la democracia burguesa corre por cuenta de los obreros y las capas m\u00e1s progresivas de la poblaci\u00f3n. Es lo que Jorge Santos, entre otros deberes, cumple en el Senado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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