Por Jos\u00e9 Fernando Ocampo<\/p>\n
El 8 de mayo doscientos cincuenta mil educadores entraron al paro indefinido para obtener un salario profesional. Las multitudinarias concentraciones y marchas dan muestra de cu\u00e1n urgente es la mejora sustancial de la paga de los maestros. Es la primera vez en 35 a\u00f1os que la Federaci\u00f3n Colombiana de Educadores declara un cese en procura de aumentos. Los anteriores apuntaron a la obtenci\u00f3n del Estatuto Docente, del r\u00e9gimen prestacional y de la reforma educativa, o al cumplimiento de los sueldos y primas, pero nunca al incremento de la remuneraci\u00f3n.<\/p>\n
Hoy el pa\u00eds reconoce que la retribuci\u00f3n de los maestros es irrisoria y no se compadece con la trascendencia de la labor de educar a la ni\u00f1ez y la juventud. Un docente normalista reci\u00e9n egresado apenas gana poco m\u00e1s de un salario m\u00ednimo, y el promedio del sector no alcanza los tres. Los profesores con t\u00edtulo universitario y catorce a\u00f1os de experiencia devengan 550 mil pesos mensuales, ingreso muy inferior al de la mayor\u00eda de los pa\u00edses latinoamericanos.<\/p>\n
La respuesta del gobierno de Samper ha sido tramposa y demag\u00f3gica. Durante la campa\u00f1a electoral empe\u00f1\u00f3 su palabra en que mejorar\u00eda las condiciones de vida de los educadores. Despu\u00e9s, los hechos han desmentido todas sus promesas.<\/p>\n
En lugar de salarios, el gobierno basa su propuesta en incentivos. Es decir, no se aumenta la remuneraci\u00f3n del docente, sino que se le obliga a competir por incrementos transitorios cuyas condiciones no dependen de su trabajo, asignados arbitrariamente por alcaldes o autoridades educativas.<\/p>\n
El caso de la jornada \u00fanica es muy diciente. Desde 1968 Lleras estableci\u00f3 la doble jornada diurna para aumentar la cobertura sin invertir en construcci\u00f3n de planteles, lo que rebaj\u00f3 la calidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica. Hoy el gobierno ofrece incentivos a los educadores que ampl\u00eden el tiempo de ense\u00f1anza. Sin embargo, para establecer la jornada \u00fanica, como lo ordena la Ley General de Educaci\u00f3n, se requiere aumentar en una tercera parte la planta f\u00edsica nacional.<\/p>\n
Los dem\u00e1s incentivos, o le dan v\u00eda libre al clientelismo al asignarles a las autoridades locales la distribuci\u00f3n de los premios, o colocan a los docentes en la posici\u00f3n de pelear migajas con sus colegas y con los directivos para mejorar un poco sus ingresos. Se trata de un arma para manipular al magisterio. En esencia, el gobierno aqu\u00ed aplica tambi\u00e9n el \u201cpacto social\u201d de productividad, precios y salarios. Queda al descubierto el car\u00e1cter neoliberal de la pol\u00edtica educativa de Samper, cuyo fundamento reside en concebir la educaci\u00f3n como una mercanc\u00eda, sujeta a la ley de la m\u00e1xima ganancia.<\/p>\n
Contra esta enga\u00f1osa oferta, Fecode lanz\u00f3 el paro nacional indefinido. Por la presi\u00f3n, el ministro de Educaci\u00f3n, Sarabia Better, acept\u00f3 pasar de 300 mil a 800 mil millones de pesos, para distribuirlos en tres a\u00f1os, pero mantuvo el mayor porcentaje para los incentivos, en contra de las mejoras salariales. Solamente la mitad se asignar\u00eda a las mensualidades, pero sin aplicarles a los: porcentajes de aumento el \u00edndice de inflaci\u00f3n. En estos t\u00e9rminos el incremento con miras al salario profesional llegar\u00eda en tres a\u00f1os apenas a casi un 16% para 1998, o sea, 4.5% en el primer a\u00f1o, 6.5% en el segundo y un poco m\u00e1s de 4% en el tercero.<\/p>\n
Mantener una propuesta de incentivos contra salarios significa una burla para el magisterio. El Ministro ha esgrimido el argumento de que la calidad de la educaci\u00f3n depende de los incentivos y que el alza de salarios no la garantiza. Sin embargo, mientras predica la calidad se excusa de su propia responsabilidad, para descarg\u00e1rsela a los educadores. La infraestructura y la dotaci\u00f3n no dependen de los maestros, sino del gobierno. La jornada doble no fue invento del magisterio. El n\u00famero de alumnos por docente no puede duplicarse para ampliar la cobertura en detrimento de la calidad.<\/p>\n
Al mismo tiempo que predica sobre la calidad, el gobierno fomenta programas que atentan contra ella. En el plan de desarrollo asign\u00f3 doscientos mil millones de pesos para subsidiar la educaci\u00f3n privada del m\u00e1s bajo nivel acad\u00e9mico, y solamente una suma igual para la construcci\u00f3n de planteles, condici\u00f3n indispensable para restablecer la jornada \u00fanica diurna en todas las instituciones. Dedica m\u00e1s de un bill\u00f3n de pesos a los hogares comunitarios, que colocan la infancia en manos de “madres comunitarias” sin ninguna formaci\u00f3n pedag\u00f3gica, sin capacidad alguna para el cuidado de los ni\u00f1os y en condiciones denigrantes.<\/p>\n
El magisterio se ha comprometido con la reforma educativa que defendi\u00f3 con el paro de 1993. Su prop\u00f3sito fundamental consiste en mejorar la calidad cient\u00edfica de la educaci\u00f3n. Ning\u00fan maestro duda sobre las bondades del restablecimiento de una sola jornada diurna. La autonom\u00eda escolar exige una consagraci\u00f3n mayor al trabajo pedag\u00f3gico. En esa direcci\u00f3n apunta la Ley General de Educaci\u00f3n cuando establece un sistema de evaluaci\u00f3n de los educadores acorde con el Estatuto Docente. Acusar a los cientos de miles de educadores que batallaron por la reforma, y a Fecode, de que no tienen compromiso con la calidad de la educaci\u00f3n es err\u00f3neo e injusto.<\/p>\n
Derrotar la propuesta de incentivos significa un golpe al criterio de productividad aplicado al aumento de salario de los trabajadores, ala demagogia del “salto educativo”, a la \u00ednfima oferta de incremento para los docentes y al “pacto social” en el coraz\u00f3n mismo. En este sentido el paro del magisterio va m\u00e1s all\u00e1 de la pelea por salarios. Implica un rechazo a la pol\u00edtica econ\u00f3mica y salarial de Samper.<\/p>\n
Al mismo tiempo, entra\u00f1a la defensa de la Ley General de Educaci\u00f3n, amenazada por el Ministerio del ramo. Porque el segundo objetivo del movimiento es la derogatoria del decreto 2886 de 1994, que pretende revivir la municipalizaci\u00f3n, derrotada por el paro de 1993. El decreto resucita la Ley 29 de 1989, que tantos males le ha causado a la educaci\u00f3n colombiana. El Ministerio ha desatado por todo el pa\u00eds una campa\u00f1a contra la reforma educativa en el campo pedag\u00f3gico, tratando de volver al curr\u00edculo obligatorio e imponiendo la metodolog\u00eda constructivista, de car\u00e1cter idealista. Por esa raz\u00f3n el paro tambi\u00e9n se propone obligar al gobierno a negociar con Fecode la reglamentaci\u00f3n de toda la reforma educativa.<\/p>\n
Lo que el paro desnuda es la esencia neoliberal y proimperialista del r\u00e9gimen del salto social y, en particular, de su pol\u00edtica educativa. La lucha por un mejor salario es una condici\u00f3n para elevar la calidad de la ense\u00f1anza. Y la batalla por la reglamentaci\u00f3n de la reforma significa la continuaci\u00f3n del hist\u00f3rico movimiento del magisterio colombiano por una educaci\u00f3n cient\u00edfica, nacional y al servicio del pueblo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Por Jos\u00e9 Fernando Ocampo El 8 de mayo doscientos cincuenta mil educadores entraron al paro indefinido para obtener un salario profesional. Las multitudinarias concentraciones y marchas dan muestra de cu\u00e1n urgente es la mejora sustancial de la paga de los maestros. 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