Ra\u00fal Arroyave<\/p>\n
Con la abolici\u00f3n del situado fiscal y las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la naci\u00f3n perpetrada en 2001 con el Acto Legislativo 01, se inici\u00f3 el desmonte exigido por el Fondo Monetario Internacional, de las transferencias territoriales para el financiamiento de la salud y la educaci\u00f3n.<\/p>\n
A partir de entonces dejaron de ser un porcentaje de los ingresos corrientes de la naci\u00f3n para transformarse en una cifra fija que, con el nombre de Sistema General de Participaciones (SGP), sufrir\u00e1 sucesivos y sistem\u00e1ticos recortes a trav\u00e9s de la ley 715 de 2001 y de los documentos Conpes aprobados desde enero de 2002.<\/p>\n
El SGP, que para el a\u00f1o 2001 era de 10.962 billones de pesos, fue cercenado en 4% (438 mil millones de pesos) con destino a los municipios ribere\u00f1os del r\u00edo Magdalena, los resguardos ind\u00edgenas, los programas marginales de alimentaci\u00f3n escolar y el Fonpet. La misma ley 715 asign\u00f3 para educaci\u00f3n el 58,5% del disminuido SGP, a pesar de que durante la vigencia del situado fiscal la asignaci\u00f3n para educaci\u00f3n correspond\u00eda a 60% del mismo.<\/p>\n
Con esta premisa, el Conpes empez\u00f3 a distribuir el presupuesto con el m\u00e9todo de once doceavas, para birlarles a las entidades territoriales la \u00faltima doceava, en virtud de lo exigido por las pol\u00edticas de recorte de las plantas de personal o, de no ser posible, carg\u00e1rsela al presupuesto de la vigencia siguiente.<\/p>\n
Bajo estos par\u00e1metros poco auspiciosos se fue aplicando toda la pol\u00edtica de recorte en los a\u00f1os 2002 y 2003. Con las decisiones presupuestales y las definiciones en materia de pol\u00edtica educativa se da inicio a la escalada de normas y nuevos documentos Conpes que han conducido al actual proceso de ajuste y a la escalada sin precedentes en contra de la estabilidad laboral y los hist\u00f3ricos derechos del magisterio.<\/p>\n
Todo esto, sumado a arbitrarias directivas ministeriales, termin\u00f3 hacinando a los estudiantes en las aulas; recarg\u00f3 de trabajo a docentes y directivos; sac\u00f3 a miles de maestros de sus tradicionales puestos de trabajo, aboli\u00f3 \u00e1reas y procesos acad\u00e9micos claves para una educaci\u00f3n de calidad y para una formaci\u00f3n integral y amenaz\u00f3 con traslados discrecionales y masivos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el gobierno levant\u00f3 la espada de Damocles de la evaluaci\u00f3n-sanci\u00f3n y afin\u00f3 un perverso mecanismo de concurso para impedir la vinculaci\u00f3n en propiedad de los maestros; congel\u00f3 los salarios, no s\u00f3lo por los montos irrisorios de los incrementos forzados sino por la v\u00eda de negar un r\u00e9gimen de escalaf\u00f3n que sea est\u00edmulo para la labor de los docentes; burl\u00f3 la vinculaci\u00f3n en propiedad de los educadores provisionales y en fin, confin\u00f3 la educaci\u00f3n p\u00fablica a la marginalidad, reduciendo su calidad y lanzando absurdas y oprobiosas prohibiciones contra los menores de cinco a\u00f1os y mayores de 16 para que hagan parte del sistema formal educativo, todo en aras de la radical “racionalizaci\u00f3n” exigida por el FMI y el Banco Mundial.<\/p>\n
Y en la misma medida en que avanza el recorte de las transferencias territoriales, se presiona que concluya el proceso de certificaci\u00f3n de los municipios en los marcos de la nefasta ley 715. En esa perspectiva se inscribe la \u00faltima reforma a las transferencias propuesta al Congreso a finales del a\u00f1o pasado y que se hundi\u00f3 en la segunda votaci\u00f3n, como parte de la derrota que le propin\u00f3 a Uribe la abstenci\u00f3n activa al referendo. El mismo d\u00eda de su hundimiento, el ministro del Interior anunci\u00f3 su nueva presentaci\u00f3n en pr\u00f3ximas legislaturas.<\/p>\n
El proyecto congela hasta el a\u00f1o 2008 las transferencias territoriales, al suprimirse su crecimiento real del 2 y 2,5%; se eleva a norma constitucional el embeleco de las regiones formadas por varios departamentos y las provincias conformadas por un grupo de municipios; se establece que estos sean los responsables de la prestaci\u00f3n de los servicios b\u00e1sicos como la educaci\u00f3n, salud, vivienda, saneamiento ambiental, seguridad, tr\u00e1nsito e infraestructura b\u00e1sica, mientras que la responsabilidad de la naci\u00f3n pasa a ser residual; se estipula que el cofinanciamiento de la naci\u00f3n hacia los entes territoriales siga s\u00f3lo hasta que ellos generen sus propios recursos y que las Asambleas Departamentales pueden establecer dentro de su territorio sobretasas a los impuestos nacionales o departamentales en los t\u00e9rminos y hasta los l\u00edmites que determine la ley, lo que implica recortar y suprimir las transferencias y delegar en los entes territoriales, por primera vez en la historia republicana, la facultad de decretar nuevos tributos, lo que era privativo del Congreso.<\/p>\n
Establec\u00eda que el gobierno les puede suprimir las participaciones y regal\u00edas, intervenir en su manejo y destinaci\u00f3n, y declarar la inexistencia de rentas de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, con lo cual la educaci\u00f3n y la salud quedan a merced de los ordenadores del gasto. Se deja sentado que el monto de las transferencias queda sujeto a las limitaciones y \u00abequilibrios\u00bb de la ley de presupuesto y a las pol\u00edticas de ajuste exigidas por el FMI para garantizar a el pago de la deuda p\u00fablica.<\/p>\n
Estas, entre otras, son las razones que condujeron el 2 de marzo a Fecode a convocar al magisterio a un paro nacional indefinido en defensa de las transferencias territoriales y del r\u00e9gimen prestacional especial. Los militantes y activistas del MOIR y de Tribuna Magisterial estaremos en la primera l\u00ednea de esta justa lucha.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Ra\u00fal Arroyave Con la abolici\u00f3n del situado fiscal y las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la naci\u00f3n perpetrada en 2001 con el Acto Legislativo 01, se inici\u00f3 el desmonte exigido por el Fondo Monetario Internacional, de las transferencias territoriales para el financiamiento de la salud y la educaci\u00f3n. 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