Orlando Gallego Aristiz\u00e1bal, Tesorero Liga de Usuarios de Servicios P\u00fablicos de Caldas<\/p>\n
La internacionalizaci\u00f3n de la econom\u00eda \u2013 l\u00e9ase apertura econ\u00f3mica- as\u00ed como las directrices que desde 1980 traz\u00f3 el Banco Mundial, para asegurar a la Banca Multilateral el pago de un alto porcentaje de la deuda externa de los flamante y sofisticadamente llamados \u201cpa\u00edses en v\u00eda de desarrollo\u201d, deuda \u00e9sta, asumida tambi\u00e9n, en su gran mayor\u00eda por las empresas de servicios p\u00fablicos de cada naci\u00f3n, plante\u00f3 como \u00fanica salida el ingreso como accionistas en dichas empresas a las multinacionales, gener\u00e1ndose entonces, desde hace una d\u00e9cada como el caso chileno, y desde el nefasto gobierno anterior en nuestro caso, esa promocionada e implacable ola privatizadora que, con los m\u00e1s dis\u00edmiles argumentos y una sesgada informaci\u00f3n a la opini\u00f3n p\u00fablica, tratan de venderle el cuento al desprevenido usuario y ciudadano, reluciendo s\u00f3lo las supuestas “grandes” ventajas de dicha conversi\u00f3n. No sin contar con la anuencia de las “Dirigencias” pol\u00edticas locales, que como paso preparatorio, “quiebran” f\u00edsicamente sus respectivas empresas de servicios p\u00fablicos para argumentar, dram\u00e1ticamente, su “necesaria” venta.<\/p>\n
Pero, para el efecto, era necesario contar con la anuencia de la legislaci\u00f3n colombiana, amold\u00e1ndola a las directrices del Banco Mundial y abri\u00e9ndola a la voracidad de los capitales multinacionales, eliminando la exclusividad de su prestaci\u00f3n al Estado, en cumplimiento de su funci\u00f3n social. Se sanciona entonces, en agosto de 1994 la Ley 142, que no es m\u00e1s que la patente de subasta al capital privado, especialmente multinacional, de las m\u00e1s rentables empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios en todos los niveles del Estado, nacionales, regionales y municipales; fundando su marco general y justificatorio para la privatizaci\u00f3n en el libre mercado y la competitividad, as\u00ed como el redimensionamiento del Estado y reducci\u00f3n de su funci\u00f3n al solo nivel de vigilancia y control.<\/p>\n
En esas condiciones, al abrirse al libre juego del mercado la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios, y s\u00f3lo como paliativo, el pasivo e indefenso usuario pas\u00f3 a llamarse “cliente”, para ejercer, en ese “supuesto” papel, la defensa de los derechos del consumidor. Era necesario, igualmente, que la referida Ley 142 tuviera dentro de sus componentes el espacio de participaci\u00f3n, que inspir\u00f3 la Constituci\u00f3n del 91, Art.369, quedando as\u00ed consagrado en el art. 362 y subsiguientes- T\u00edtulo V. Cap I.- de la citada Ley, la posibilidad de que los usuarios suscriptores o suscriptores potenciales se organicen en “Comit\u00e9s de desarrollo y control social de los servicios p\u00fablicos domiciliarios”, para asegurar la participaci\u00f3n de los usuarios en la gesti\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n de las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios. Siendo, por dem\u00e1s, lo poco rescatable del articulado y contenido de dicha Ley.<\/p>\n
En ese espacio de participaci\u00f3n ciudadana, que consagr\u00f3 la citada ley, el que la comunidad debe aprovechar para hacer valer derechos que, ol\u00edmpicamente, le han sido negados por las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios, que hab\u00edan hecho con el usuario lo que les ven\u00eda en gana, abusando de su car\u00e1cter de ser servicios esenciales para la vida humana, y de su exclusividad y monopolio para prestarlos, sin contar con los desmanes y tropel\u00edas que en la facturaci\u00f3n cometen a\u00fan; desconociendo incluso que, si la empresa estatal, su propietario real es la comunidad misma, porque el Estado somos todos.<\/p>\n
Entonces, si el Estado somos todos, nadie entiende el contrasentido que los legisladores le est\u00e1n dando a la interpretaci\u00f3n de la citada Ley y, sobre todo, al marco de participaci\u00f3n consagrado en la Constituci\u00f3n nacional. Pues, en ese r\u00e1pido “acatamiento” a la ley 142, los administradores de los bienes del Estado-Concejales y Alcaldes son apenas eso “Administradores”- se apresuran a subastar las empresas y entidades rentables del Estado que son el soporte de la funci\u00f3n social del mismo; sin contar para nada con la voluntad soberana que, para el efecto, le otorg\u00f3 al ciudadano la Constituci\u00f3n del 91.<\/p>\n
En la gran mayor\u00eda de los casos, los activos y recursos de las empresas de servicios p\u00fablicos estatales son inmensamente superiores a los del mismo ente territorial (municipio o departamento) al que pertenecen. De ah\u00ed la l\u00f3gica necesidad, que, de igual manera que a la comunidad se le consulta y define quienes ser\u00e1n los administradores de los bienes del Estado (Alcaldes, Gobernadores, Concejales, Diputados, etc) tambi\u00e9n debe consult\u00e1rsele sobre la conversi\u00f3n o enajenaci\u00f3n de dichos bienes, parcial o totalmente, o como realmente se llama: privatizaci\u00f3n.<\/p>\n
Ya la opini\u00f3n p\u00fablica ha presenciado los procesos y debates que, sobre el tema se llevaron a cabo en Pereira y Medell\u00edn, en los que, para el primero de los casos, la decisi\u00f3n de convertirla en empresa de econom\u00eda mixta termin\u00f3 en zambra callejera; y , para el caso de Medell\u00edn a pesar de las presiones del Alcalde y del capital privado, el Concejo mantuvo el car\u00e1cter estatal de sus empresas de servicios p\u00fablicos, que han sacado la cara por la eficiencia del sector p\u00fablico, siendo modelo de gesti\u00f3n en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n
Hoy, a los usuarios se les est\u00e1 esquilmando y sacando el alimento de su boca, para pagar las facturas de servicios p\u00fablicos. Si eso vivimos hoy, que tal ser\u00e1 la situaci\u00f3n cuando estemos en poder del sector privado.<\/p>\n
As\u00ed como en el sector privado, para la conversi\u00f3n, fusi\u00f3n o liquidaci\u00f3n de cualquier empresa- grande- peque\u00f1a se requiere contar con el voto afirmativo y mayoritario de sus accionistas o socios, de igual manera en el Estado, que es una empresa de todos, como ciudadanos, hay que contar con la voluntad mayoritaria de la comunidad.<\/p>\n
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