Juan Carlos Mart\u00ednez Botero, Vocal de Control de Chinchin\u00e1 y miembro de la Liga de Usuarios de Servicios P\u00fablicos de Caldas.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del gobierno Uribe de firmar un Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos, establece las bases definitivas para que el voraz apetito de las transnacionales sea satisfecho, mediante la entrega total de los servicios p\u00fablicos y el patrimonio ambiental del pa\u00eds, y en desmedro del inter\u00e9s nacional y la mayor\u00eda de la poblaci\u00f3n colombiana. El TLC busca consolidar el mercado de inversiones de las transnacionales norteamericanas en este sector \u201cque actualmente representa entre el 60 y el 70% del producto global de los pa\u00edses de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3mico, OCDE, de la cual EE.UU. es el principal miembro, aunque representa s\u00f3lo el 20% del comercio mundial\u201d.1<\/p>\n
En los TLC que viene imponiendo el gobierno norteamericano a los diferentes pa\u00edses del continente, como alternativa de recolonizaci\u00f3n ante los tropiezos que ha tenido la negociaci\u00f3n del ALCA, el cap\u00edtulo de servicios tiene como fundamento la propuesta del capitulo de servicios del ALCA y el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS)2 , tal como lo ilustran los TLC que acaba de firmar EE.UU. con Chile, Costa Rica y otros pa\u00edses centroamericanos.<\/p>\n
El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios, AGCS, fue establecido en 1995, cuando se form\u00f3 la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio, OMC, pero las negociaciones comenzaron cinco a\u00f1os despu\u00e9s, en enero de 2000 en la cumbre de Seatle. El AGCS tiene como prop\u00f3sito principal profundizar los procesos de privatizaci\u00f3n, abrir todos los sectores de servicios a las transnacionales y eliminar definitivamente la participaci\u00f3n de los estados en el suministro de servicios. Lo novedoso de este acuerdo no son las privatizaciones, sino que define un marco regulatorio internacional para el sector, de obligatorio cumplimiento y que prevalece sobre las mismas constituciones nacionales, so pena de recibir multimillonarias sanciones. Cabe destacar que la apertura y la entrega al capital financiero de los sectores de servicios empez\u00f3 a tomar cuerpo en Colombia, con la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de 1991 y la expedici\u00f3n de las leyes 142 y 143 de 1994.
\nLos TLC limitan la capacidad regulatoria del Estado en servicios tan diversos como los financieros, de seguros, telecomunicaciones, transportes, ancianatos, servicios postales, teledifusi\u00f3n, construcci\u00f3n e ingenier\u00eda, distribuci\u00f3n de bienes al detalle, franquicias, turismo, energ\u00eda (desde electricidad hasta petr\u00f3leo) y servicios esenciales como salud, educaci\u00f3n, manejo de desechos y el suministro de agua. En la Conferencia Episcopal de Canad\u00e1, los obispos cat\u00f3licos opinaron que estos tratados \u201cle dan una amplia capacidad a las compa\u00f1\u00edas privadas para poner demandas a los estados en el contexto de aparentes p\u00e9rdidas de ganancias; afectando la condici\u00f3n soberana de los estados, la capacidad de proteger legalmente el ambiente y la participaci\u00f3n democr\u00e1tica del pueblo en su futuro gobierno\u201d3 . Destacan tambi\u00e9n como, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte \u2013TLCAN-, hay 15 demandas de grandes corporaciones contra algunas decisiones tomadas por los gobiernos que buscaban salvaguardar el medio ambiente, destac\u00e1ndose el caso de la transnacional Metalclad contra el gobierno de M\u00e9xico por 17 millones de d\u00f3lares, por no dejar instalar una planta de desechos t\u00f3xicos en la poblaci\u00f3n de Guadalcazar, estado de San Luis Potos\u00ed.<\/p>\n
El TLC busca, adem\u00e1s, establecer tribunales de arbitramento internacionales que diriman las controversias que se susciten entre el Estado y las multinacionales, socavando la soberan\u00eda jur\u00eddica de las naciones y que, por supuesto, terminaran favoreciendo los intereses del capital financiero. De ah\u00ed, el inter\u00e9s del gobierno de Uribe de revivir la ley de arbitraje que fuera presentada el a\u00f1o anterior por al abogado de multinacionales, entonces ministro de gobierno, Fernando Londo\u00f1o Hoyos.
\nLo que se quiere generalizar, sin entrar a\u00fan en el escenario del ALCA y el TLC, es que las multinacionales norteamericanas puedan demandar a los estados para exigir el cumplimiento de contratos en los cuales se presente, inclusive, la oposici\u00f3n de los habitantes afectados por las onerosas condiciones de los mismos. Un ejemplo es el caso de Bechtel, multinacional norteamericana encargada de reconstruir los sistemas municipales de acueducto y alcantarillado de Irak, con un jugoso contrato por 680 millones de d\u00f3lares, que demand\u00f3 por 25 millones de d\u00f3lares al gobierno boliviano, por haberle quitado el control, tras una escalada de grandes movilizaciones y protestas ciudadanas, de la empresa Aguas del Tunari que meses atr\u00e1s le hab\u00eda sido entregada en concesi\u00f3n.
\nDe suscribirse el ALCA o el TLC, no podr\u00e1 haber empresas de servicios p\u00fablicos de capital exclusivamente estatal, tal y como lo anuncio y exigi\u00f3 la jefe del equipo negociador norteamericano en Atlanta, de manera que empresas como EPM, Colombia Telecomunicaciones, ETB, electrificadoras regionales y cientos de empresas de acueductos departamentales y municipales, deber\u00e1n abrirse y vender acciones al capital financiero transnacional. Los TLC adem\u00e1s proh\u00edben a los estados otorgar subsidios, con lo cual desaparecer\u00e1n los llamados consumos b\u00e1sicos subsidiables contemplados en la Ley 142, que reciben actualmente los estratos 1, 2 y 3 de la poblaci\u00f3n. Ya el Plan Nacional de Desarrollo de Uribe, \u201cHacia un Estado Comunitario\u201d (Ley 812), propone la eliminaci\u00f3n para el estrato 3.<\/p>\n
Los TLC obligan tambi\u00e9n a dar trato nacional a las empresas de origen extranjero que tengan negocios en el pa\u00eds. Merece especial atenci\u00f3n el inter\u00e9s norteamericano en controlar las fuentes de agua, para el negocio de agua embotellada, tal como lo viene haciendo la multinacional Cocacola con su marca de agua Dasani, que, aprovechando el Tratado de Libre Comercio de Am\u00e9rica del Norte, TLCAN, y la obsecuencia del presidente Vicente Fox, ha obtenido al menos siete concesiones para la explotaci\u00f3n industrial de aguas en M\u00e9xico, \u201cchupando como vampiros toda el agua que pueden de los ricos mantos acu\u00edferos de Chiapas\u201d.<\/p>\n
El TLC es tambi\u00e9n el escenario ideal para que las transnacionales gringas se apoderen del patrimonio ambiental del pa\u00eds, de los servicios de acueducto y alcantarillado, y para que monten un nuevo negocio con la descontaminaci\u00f3n de aguas sucias, que de alguna manera nuestra legislaci\u00f3n prev\u00e9 a trav\u00e9s del cobro de tasas retributivas. As\u00ed mismo, el TLC ofrece todas las garant\u00edas para las exportaciones de agua en bloque, para uso industrial y agroindustrial, que resuelvan el d\u00e9ficit que de este recurso padece EE.UU.
\nDe la misma forma, el TLC pone en peligro el acceso de los sectores populares a los servicios p\u00fablicos domiciliarios, la salud y la educaci\u00f3n. Trae consigo un incremento en las tarifas, la implementaci\u00f3n de modernos dispositivos que obligan la utilizaci\u00f3n de tarjetas prepago para acceder a servicios como agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica, telefon\u00eda y gas domiciliario4 . Implica la p\u00e9rdida de importantes empresas constru\u00eddas con el trabajo colombiano y el saqueo de nuestros recursos naturales por parte del imperio norteamericano.
\nA la par que se negocia este tratado de anexi\u00f3n de la enclenque econom\u00eda colombiana a la todopoderosa econom\u00eda gringa, vienen surgiendo importantes expresiones de resistencia civil, como la demostrada el 17 de mayo en Cartagena y otras ciudades del pa\u00eds. Corresponde a las organizaciones de usuarios, en especial a las ligas, advertir sobre el grave peligro que se cierne sobre la poblaci\u00f3n colombiana, denunciar la l\u00f3gica neoliberal de convertir derechos elementales en vulgares mercanc\u00edas, y sumarnos a la lucha de los diversos sectores patri\u00f3ticos que ven al ALCA y al TLC como la principal amenaza para el bienestar de los colombianos.<\/p>\n
1 El Problema Ambiental y el Tratado de Libre Comercio: Ahora Resulta que la Enfermedad, Cura. Por Manuel F. L\u00f3pez Corrales en www.ecoportal.net.<\/p>\n
2 Este acuerdo tambi\u00e9n es conocido como GATS por sus siglas en ingl\u00e9s.<\/p>\n
3 \u201cVendiendo el Futuro: Una reflexi\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre inversionistas y Estado en el TLCAN y su expansi\u00f3n al resto de Am\u00e9rica Latina\u201d Conferencia Episcopal de Canad\u00e1 en www.rprogreso.com<\/p>\n
4 En Colombia se vienen desarrollando por parte de algunas empresas de energ\u00eda el\u00e9ctrica y de gas domiciliario, sistemas prepago, y existen casos como el servicio de acueducto en el estado de Tocantis en Brasil que funciona de esta manera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Juan Carlos Mart\u00ednez Botero, Vocal de Control de Chinchin\u00e1 y miembro de la Liga de Usuarios de Servicios P\u00fablicos de Caldas. 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