La pretensi\u00f3n de la alcald\u00eda de Ibagu\u00e9 de privatizar la Empresa Ibaguere\u00f1a de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), sirve para ilustrar c\u00f3mo son los negocios en estos casos.<\/p>\n
La privatizaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos tiene origen legal en la Constituci\u00f3n neoliberal de 1991, que en su Art\u00edculo 365 se\u00f1ala que “podr\u00e1n ser prestados por particulares”. Luego, la Ley 142 de 1994 tom\u00f3 un conjunto de disposiciones que tienen como objetivo primordial presionar las privatizaciones. Y de entonces para ac\u00e1 el Ministerio de Desarrollo asumi\u00f3 como una de sus tareas principales arriar las ventas, prop\u00f3sito que cumple a trav\u00e9s de los convenios interinstitucionales que realiza con las empresas p\u00fablicas prestadoras de los servicios y que se financian con cr\u00e9ditos de la banca internacional. En este momento, 363 municipios del pa\u00eds tienen firmados esos convenios.<\/p>\n
En Ibagu\u00e9, la privatizaci\u00f3n ha sido justificada por la Banca de Inversi\u00f3n CapitalCorp, instituci\u00f3n del parasitismo financiero pagada por el Banco Mundial para que demuestre la necesidad de la privatizaci\u00f3n y para que organice un negocio que sea atractivo para los inversionistas privados seleccionados para esquilmar a los ibaguere\u00f1os. Es obvio que si las pol\u00edticas de privatizaci\u00f3n no existieran, CapitalCorp ni siquiera se hubiera constituido y menos tendr\u00eda el negocio de organizar la privatizaci\u00f3n de 11 acueductos en ciudades colombianas.<\/p>\n
A diferencia de lo que ocurre con los otros servicios p\u00fablicos, los acueductos y los alcantarillados no se privatizan en el sentido en que los activos de las empresas se les vendan a los particulares. La privatizaci\u00f3n en estos casos consiste en que las empresas se les entregan casi gratuitamente a los particulares, por concesi\u00f3n, por veinte y m\u00e1s a\u00f1os, para que \u00e9stos las exploten en su beneficio. La explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 unas empresas s\u00ed se venden y otras no, es sencilla. De acuerdo con Klas Ringstkok, consejero del propio Banco Mundial, para que la empresa privada se gane un d\u00f3lar en telecomunicaciones debe invertir tres (de 3 a 1), en tanto que para ganarse ese mismo d\u00f3lar en acueducto y alcantarillado debe invertir doce (de 12 a 1) y eso en redes tan grandes y bien tenidas como las de las mayores ciudades del mundo desarrollado. Entonces, en Colombia y en casi todo el mundo la privatizaci\u00f3n de este servicio tiene que asumir la forma de la concesi\u00f3n o no podr\u00eda hacerse.<\/p>\n
Las concesiones a los particulares significan que \u00e9stos solo asumen la administraci\u00f3n de las empresas estatales, cobrando por esa administraci\u00f3n fuertes sumas en dinero contante y sonante, para lo cual deben subirse fuertemente las tarifas. Y las nuevas inversiones que deban hacerse salen, en lo fundamental, no de los aportes de los concesionarios, sino de las mismas tarifas. En el caso de la privatizaci\u00f3n del acueducto de Ibagu\u00e9, el concesionario se compromete a administrar nuevas inversiones por 135 mil millones de pesos en los veinte a\u00f1os que dura el contrato, es decir, 6.750 millones de pesos anuales, suma que en su casi totalidad saldr\u00e1 f\u00e1cilmente de las tarifas de los 82 mil usuarios de hoy, m\u00e1s los nuevos que lleguen. Con que le suban la tarifa promedio a los actuales usuarios en 6.859 pesos mensuales, se paga esa inversi\u00f3n.<\/p>\n
Entonces, si la privatizaci\u00f3n de la energ\u00eda y las telecomunicaciones es un evidente negociado en favor de los particulares, la de los acueductos y los alcantarillados ni se diga. Porque en la primera los monopolistas extranjeros aunque sea compran las empresas, as\u00ed sea a menosprecio, mientras que en la segunda las reciben casi gratis para su explotaci\u00f3n. Y las reciben casigratuitamente, adem\u00e1s, con una cl\u00e1usula llamada de “equilibrio econ\u00f3mico del contrato”, la cual quiere decir que si por cualquier imprevisto los concesionarios no lograren las utilidades con las que hicieron sus cuentas, pueden pedir que se modifique en su favor lo pactado. La alcald\u00eda de Ibague explica que “el restablecimiento del equilibrio (es decir, de las ganancias) se har\u00e1 mediante ajustes tarifarios, los que se har\u00e1n en la proporci\u00f3n indispensable para restablecer dicho equilibrio”, y agrega que si las tarifas no pudiesen llevarse al punto deseado por el concesionario -por protestas ciudadanas, por ejemplo-, entonces se alargar\u00e1 el plazo de la concesi\u00f3n. O se dejar\u00e1 tirado el contrato o se le bajar\u00e1 la calidad al servicio -decimos aqu\u00ed- porque no hay poder humano capaz de hacer que los monopolios extranjeros se mantengan en un negocio en un pa\u00eds atrasado si no les da ganancias superiores a las que logran en sus pa\u00edses de origen.<\/p>\n
No es de extra\u00f1ar, entonces, que en Ibagu\u00e9 se haya generado un inmenso repudio en contra de la privatizaci\u00f3n del IBAL, seg\u00fan las protestas y propuestas expresadas por comit\u00e9s de usuarios de servicios p\u00fablicos, organizaciones sindicales, gremios, dirigentes pol\u00edticos y gentes del com\u00fan. Esta privatizaci\u00f3n tiene tanto rechazo que Acopi, Fenalco y Cooperamos presentaron una propuesta contra la concesi\u00f3n y que Oscar Forero, miembro de la Junta Directiva del IBAL, es uno de los l\u00edderes del repudio a este regalo de la propiedad p\u00fablica a algunos particulares privilegiados, y para colmo seguramente extranjeros, dadas las condiciones que se establecen en la licitaci\u00f3n para escoger la empresa privada que se favorecer\u00e1. Y si la alcaldesa de Ibagu\u00e9, Carmen In\u00e9s Cruz, insistiera en proceder en contra de los intereses de la comunidad podr\u00eda haber un paro c\u00edvico en defensa de este patrimonio municipal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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