Ante la aprobaci\u00f3n del proyecto de ley 120 por absoluta unanimidad en el Senado de la Rep\u00fablica y por absoluta mayor\u00eda y a pupitrazo limpio, por parte de la C\u00e1mara, en la madrugada del 14 de noviembre, la Junta Nacional de FECODE reunida en ese d\u00eda para hacer el respectivo balance, fue el escenario en el cual se decantaron radicalmente dos posiciones en torno al mencionado proyecto. De una parte, los que consideran, contra toda la realidad de su articulado y contenido, que “No obstante…el proyecto inicial presentado por el gobierno, fue objeto de importantes modificaciones favorables, que no se pueden desconocer, que desvirtuaron en algunos casos y atenuaron en otros, la avalancha neoliberal que pretend\u00eda imponerse”. Que “El intercambio permanente con los ponentes … fue de mucha importancia para consolidar los avances se\u00f1alados”; y que “Si bien unas modificaciones en el proceso de los ascensos en el escalaf\u00f3n, \u00e9ste se preserv\u00f3, se liber\u00f3 del requisito del concurso, reconociendo su permanencia y financiaci\u00f3n. Tambi\u00e9n debe reconocerse que se fren\u00f3 el paso a la privatizaci\u00f3n laboral de los docentes”; para rematar, en un arrebato de candidez o cinismo que “… y debemos prepararnos para luchar y concertar un verdadero estatuto de profesionalizaci\u00f3n que dignifique la profesi\u00f3n docente de cara al pa\u00eds” olvidando interesadamente con qu\u00e9 clase de gobierno y con cu\u00e1l pol\u00edtica nos estamos enfrentando; y los que consideramos que el proyecto de ley 120, fue aprobado conteniendo en esencia toda la pol\u00edtica del gobierno y del FMI, posici\u00f3n que resumimos en la declaraci\u00f3n adjunta. Las dos posiciones fueron sometidas a consideraci\u00f3n de la Junta Nacional y la votaci\u00f3n final arroj\u00f3 un resultado de 35 votos por la primera posici\u00f3n y 31 votos por la nuestra, en virtud de los cual, la dejamos como constancia para el inevitable debate que se viene en el pr\u00f3ximo a\u00f1o en torno a las graves implicaciones para la educaci\u00f3n p\u00fablica y los derechos de los maestros contenidos en esta ley. <\/p>\n
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DECLARACI\u00d3N (CONSTANCIA) <\/p>\n
ANTE LA JUNTA NACIONAL DE FECODE EN TORNO <\/p>\n
A LA APROBACI\u00d3N POR EL CONGRESO DE LA REP\u00daBLICA <\/p>\n
DEL PROYECTO DE LEY 120 <\/p>\n
Bogot\u00e1, diciembre 14 de 2001<\/p>\n
El d\u00eda 5 de diciembre fue aprobado en primer debate en las sesiones conjuntas de las Comisiones Terceras de Senado y C\u00e1mara el proyecto de ley 120 presentado por el gobierno como reglamentario del Acto Legislativo 01 de 2001. En dichas comisiones el proyecto fue aprobado por unanimidad, con lo cual, qued\u00f3 allanado el camino para que el tr\u00e1nsito en las sesiones plenarias de C\u00e1mara y Senado transcurriera sin traumatismos mayores. En efecto, en la madrugada del 14 de diciembre, la plenaria del Senado aprob\u00f3 el proyecto por absoluta unanimidad y la de la C\u00e1mara, despu\u00e9s de un largo receso donde supuestamente estaban conciliando posiciones, termin\u00f3 aprobando a ciegas, por orden del gobierno y a pupitrazo limpio, lo que hab\u00eda aprobado el Senado. El contenido de todos los art\u00edculos del proyecto es responsabilidad del gobierno y del Congreso; y por tanto, a pesar de todo lo que se ha especulado y difundido con mal\u00e9volo inter\u00e9s por parte de algunos parlamentarios y del propio gobierno, no compromete a la Federaci\u00f3n Colombiana de Educadores, en primer lugar, porque no fue producto de un proceso de negociaci\u00f3n con FECODE, y en segundo lugar, porque en su contenido, se refleja la decisi\u00f3n del Fondo Monetario, el Banco Mundial y el gobierno de Pastrana de arrasar con la educaci\u00f3n p\u00fablica y con los derechos laborales de los maestros. <\/p>\n
Desde el 9 de octubre elaboramos el documento “Criterios de FECODE en relaci\u00f3n con la reglamentaci\u00f3n del Acto Legislativo” dirigido a las comisiones de ponentes, planteamos nuestra posici\u00f3n en relaci\u00f3n con 1) el tema de la de unidad de materia en la ley; 2) el problema de las competencias de cada uno de los entes territoriales; 3) situaci\u00f3n de financiaci\u00f3n de la educaci\u00f3n; 4) la incorporaci\u00f3n a las plantas de personal de todos los docentes y administrativos; 5) nuestra oposici\u00f3n cerrada a la plantelizaci\u00f3n y a la privatizaci\u00f3n de la educaci\u00f3n y, 6) nuestro rechazo al otorgamiento de facultades extraordinarias al gobierno de Pastrana. En posteriores documentos, desarrollamos estas ideas, llegando a producir proyectos de articulado con exhaustiva sustentaci\u00f3n sobre cada uno de los temas, que, a pesar de ello, no fueron tenidos en cuenta, ni por los ponentes, ni por el gobierno. <\/p>\n
A pesar de nuestras solicitudes e insistencias, la ley fue aprobada a gusto y medida de la alianza gobierno pastranista-congreso, que agenciando las pol\u00edticas del FMI, lograron por fin, materializar en ella su objetivo de privatizaci\u00f3n de la educaci\u00f3n, desmonte de la educaci\u00f3n p\u00fablica y arrasamiento de los derechos laborales de los maestros, expuesta desde el Plan de Desarrollo, derrotado como resultado de la demanda y dem\u00e1s acciones del magisterio y, hoy, impuesta finalmente con el Acto Legislativo 01 de 2001. <\/p>\n
En efecto, esta ley viola flagrantemente principios elementales de la constituci\u00f3n nacional como el de la unidad de materia, al pretender desarrollar toda una contrarreforma educativa bajo el pretexto de una ley de competencias y recursos; disminuye los recursos para la educaci\u00f3n en m\u00e1s de 180.000 millones de pesos en relaci\u00f3n con los valores estipulados para el sector educativo en el Acto legislativo Nro. 01 de 2001 y entroniza un esquema organizativo en virtud del cual, la Naci\u00f3n asume para s\u00ed las funciones claves de direcci\u00f3n y control de toda la pol\u00edtica educativa, descargando en los quebrados entes territoriales la responsabilidad por la expansi\u00f3n de la cobertura escolar y los procesos de calidad de la educaci\u00f3n, contraviniendo abiertamente el principio de la concurrencia, en virtud del cual, la Naci\u00f3n deber\u00eda contribuir al financiamiento de las crecientes necesidades del sector educativo. <\/p>\n
Como si esto fuera poco, asegura para la Naci\u00f3n unas facultades discrecionales de intervenci\u00f3n desmedida en los asuntos de las entidades territoriales a las cuales, en un momento dado, les puede nombrar una administraci\u00f3n temporal ad-hoc para todo lo relacionado con la educaci\u00f3n; cambia la obligatoriedad de la Naci\u00f3n de la financiaci\u00f3n de la oferta educativa por la de subsidio a la demanda y el pago por capitaci\u00f3n lo cual conduce inevitablemente a la privatizaci\u00f3n de la educaci\u00f3n y a que se les aumenten los costos educativos a los padres de familia y establece una municipalizaci\u00f3n a ultranza de la educaci\u00f3n, como mecanismo de escape para las obligaciones financieras de la Naci\u00f3n en materia educativa y para desvertebrar por completo el sistema educativo nacional. <\/p>\n
Fuera de lo anterior, le da v\u00eda libre a los procesos de privatizaci\u00f3n de la educaci\u00f3n, al permitir que este servicio se pueda contratar con entidades privadas y no estatales, en desmedro de la obligaci\u00f3n de la Naci\u00f3n de mantener, financiar e incrementar un sistema p\u00fablico de educaci\u00f3n; redefine el car\u00e1cter y las funciones de la instituciones educativas y el papel de los rectores, con el fin de avanzar en la conversi\u00f3n de los colegios en Empresas del Estado con autonom\u00eda financiera, administrativa y laboral. <\/p>\n
En materia laboral, es donde la ley muestra su mejor trofeo: establece un r\u00e9gimen de traslados discrecionales para los docentes que rompe con los m\u00e1s m\u00ednimos principios de la estabilidad laboral; eleva a norma legal la congelaci\u00f3n de la n\u00f3mina y con ella la imposibilidad de atender adecuadamente las necesidades de cobertura educativa en el pa\u00eds; eriza de tal cantidad de requisitos y limitaciones al escalaf\u00f3n nacional de los docentes que lo hace pr\u00e1cticamente imposible y congela los ascensos, en un compendio siniestro para el magisterio, de toda la pol\u00edtica de racionalizaci\u00f3n y flexibilizaci\u00f3n laboral que el gobierno pastranista ha venido aplicando. <\/p>\n
En lo atinente a las plantas de personal, ni siquiera cumple con el mandato del Acto Legislativo de incorporar a todos los docentes, directivos docentes y administrativos que se encontraban vinculados a 1\u00b0 de noviembre de 2000, pues deja por fuera a todos aquellos que se encontraban vinculados por otras formas de contrataci\u00f3n diferentes a las de las OPS, las cuales a su vez, son reglamentadas y delimitadas, en un claro intento de recortar las plantas de personal que se entregan a las entidades territoriales. Para remate, la ley, arrasa por completo con los derechos laborales y la estabilidad de supervisores y directores de n\u00facleo, a los cuales les establece disposiciones para una irremediable agon\u00eda laboral y para una supresi\u00f3n paulatina de sus cargos y su r\u00e9gimen laboral docente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la ley en muchos de sus art\u00edculos, de manera subrepticia, otorga facultades extraordinarias al gobierno, casi todas ellas a manera de un cheque en blanco contra los maestros, las cuales remata con el art\u00edculo 111, en el cual, entre otras, otorga facultades para que en seis meses se expida un nuevo estatuto docente que arrasando con el actual, le cambie el r\u00e9gimen laboral a los maestros que se vinculen a partir de la vigencia de esta ley, incluyendo a todos los que sean ubicados en los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os en las plantas provisionales de personal. <\/p>\n
El acto legislativo 01 de 2001 y la ley reci\u00e9n aprobada que lo reglamenta, hacen parte de toda la ofensiva del imperialismo norteamericano y el neoliberalismo contra la naci\u00f3n, el pueblo y los trabajadores y complementan todo el recorte de las plantas de personal ordenado por la ley 617; las intervenciones a los quebrados entes territoriales a favor del capital financiero que estableci\u00f3 la ley 550; y el endurecimiento de la legislaci\u00f3n laboral y del r\u00e9gimen disciplinario aprobado en la \u00faltima reforma a la ley 200 de 1995. <\/p>\n
Las anteriores razones son las que nos llevan a convocar al magisterio colombiano y a la comunidad educativa a condenar una vez m\u00e1s al gobierno de Pastrana, a desplegar desde ya la m\u00e1s decidida y prolongada resistencia contra la implementaci\u00f3n de esta ley y a conquistar una reforma democr\u00e1tica de la educaci\u00f3n p\u00fablica, gratuita y obligatoria, sustentada en una adecuada financiaci\u00f3n de la educaci\u00f3n por parte del estado y que impida su privatizaci\u00f3n y salvaguarde los derechos laborales de los maestros colombianos; a la vez que nos aprestamos para enfrentar la batalla por la defensa del R\u00e9gimen Pensional Especial en el primer semestre del pr\u00f3ximo a\u00f1o.
\nPARTIDO COMUNISTA-MAESTROS UNITARIOS: Gloria Ram\u00edrez.
\nTRIBUNA MAGISTERIAL: Ra\u00fal Arroyave, \u00c1lvaro Morales, Alberto Villalobos.
\nDIGNIDAD EDUCATIVA: Amanda Rinc\u00f3n
\nCOLECTIVO -GUILLERMO MARIN-: Tarsicio Rivera
\n-NUEVA OPCI\u00d3N-: Tarsicio Mora
\nRENOVACI\u00d3N MAGISTERIAL: Henry Sarabia <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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