El recorte de la libertad, el l\u00edmite de las garant\u00edas ciudadanas y la criminalizaci\u00f3n de la protesta y la actividad social son caracter\u00edsticas que acercan a un gobierno hacia la dictadura, bien sea de tipo constitucional o militar, habida cuenta que restringe la propia democracia a trav\u00e9s de la cooptaci\u00f3n de las otras ramas del poder por parte del Ejecutivo. En Colombia, hace rato se est\u00e1 caminando por ese filo de la navaja para poder sostener a una clase dirigente corrupta y excluyente, lo cual se profundiza en la medida que el modelo neoliberal golpea a sectores econ\u00f3micos y sociales.<\/p>\n
Esta dirigencia, con tal de ejecutar las protervas pol\u00edticas en contra del pa\u00eds y sus ciudadanos, y justific\u00e1ndose en combatir a grupos armados ilegales, siempre han querido limitar las libertades. Son mal recordados: el Estatuto de Seguridad de Julio C\u00e9sar Turbay, dictado el 6 de septiembre de 1978, que sirvi\u00f3 para propiciar conductas punibles de los organismos militares como las torturas en las Caballerizas de Usaqu\u00e9n, causando el exilio de muchos colombianos. Y el Estatuto Antiterrorista dictado por \u00c1lvaro Uribe en su primer gobierno, aprobado en diciembre de 2003, mediante reforma constitucional, para concederles facultades de polic\u00eda judicial a las Fuerzas Militares, un viejo anhelo del estamento castrense que, para fortuna de los colombianos, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. <\/p>\n
Pero es que la reacci\u00f3n de los diversos sectores contra la exacci\u00f3n de sus derechos y la concentraci\u00f3n de la riqueza, hace que estas medidas sean necesarias para controlar ese descontento. Por eso, Juan Manuel Santos, con su Unidad Nacional, en coalici\u00f3n con el Centro Democr\u00e1tico de Uribe, aprueban la Ley de Seguridad Ciudadana, que criminaliza la actividad y protesta social, lo cual llevan al l\u00edmite con la denominada reforma al nuevo C\u00f3digo de Polic\u00eda, que en la pr\u00e1ctica es otro Estatuto de Seguridad, con el que convierten a este cuerpo militar en un grupo de \u201csuperpoder\u201d, que le permite entrometerse en todo. Lo \u00fanico que les falt\u00f3 fue autorizarlos a meterse a la cama de los ciudadanos o a sentarse en su comedor, sin ning\u00fan tipo de invitaci\u00f3n.<\/p>\n
Son muchos los aspectos en los que se restringen las libertades ciudadanas como: limitar el uso de la protesta social a un permiso y solo cuando busque un \u201cfin leg\u00edtimo\u201d, con lo cual se recorta toda la democracia, puesto que no solo acaban con la protesta espontanea sino que incluso ilegalizan los discursos que no est\u00e9n alineados con el Gobierno, acabando con la libertad de expresi\u00f3n. Este c\u00f3digo tambi\u00e9n permite a los uniformados \u201cpenetrar\u201d en los domicilios sin una orden judicial, \u201ccuando fuese de imperiosa necesidad\u201d, sum\u00e1ndose a las arbitrariedades que se cometen contra la poblaci\u00f3n. Pero adem\u00e1s, les permite reglar o escoger el \u201cuso de la fuerza\u201d por parte de la Polic\u00eda. Como si fuera poco, estableci\u00f3 el \u201ctraslado por protecci\u00f3n\u201d cuando se est\u00e9 embriagado o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, lo que podr\u00eda llevar a posibles abusos de autoridad de los uniformados, algo que ya se ha visto. La lista de sanciones reguladas en 244 art\u00edculos es tan grande que es imposible enumerarlos. Lo cierto es que en Colombia: \u00a1Un carcelazo no se le niega a nadie!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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