La reforma del alcalde Pe\u00f1alosa para reorganizar la salud en Bogot\u00e1 no es novedosa. La propuesta de fusionar los 22 hospitales en cuatro Empresas Sociales del Estado para que cada una opere una red integrada de servicios pretende institucionalizar una pol\u00edtica que, como lo ha reconocido el propio Secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, se ha aplicado en los \u00faltimos a\u00f1os, llevando al cierre de m\u00e1s de un millar y medio de servicios.<\/p>\n
Las cuatro redes planteadas en el Proyecto de Acuerdo del Alcalde existen desde 2013, a\u00f1o en el que la pasada administraci\u00f3n recibi\u00f3 el aval del Ministerio de Salud para ponerlas en funcionamiento. La conformaci\u00f3n de tales redes se orient\u00f3 por lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011 y en el primer Plan de Desarrollo de Santos, y se acompa\u00f1\u00f3 de los planes de saneamiento aprobados por el Ministerio de Hacienda y el gobierno distrital.<\/p>\n
El principal prop\u00f3sito de este dise\u00f1o no es atender las necesidades, el acceso y el consecuente derecho a la salud de los ciudadanos, sino reducir costos en el intento por mitigar en algo la crisis financiera causada por el modelo de salud vigente en la Ley 100, una de cuyas secuelas son las astron\u00f3micas deudas de las EPS con cl\u00ednicas y hospitales. Al tenor de criterios de negocio, como rentabilidad y redistribuci\u00f3n eficiente de los portafolios, que en el proyecto del alcalde Pe\u00f1alosa se revalida, entre 2013 y 2014, se clausuraron 1.500 servicios en distintos puntos de atenci\u00f3n de la red p\u00fablica hospitalaria. Se suprimieron algunos como control prenatal, pediatr\u00eda, vacunaci\u00f3n, salud mental, terapias respiratorias y citolog\u00edas cervico-vaginales, entre muchos otros.<\/p>\n
A las justificadas quejas de los ciudadanos se respondi\u00f3 con los mismos argumentos que hoy se utilizan para defender la propuesta: que se trata de reubicar los servicios (donde sea rentable) y no de eliminarlos, obviando las barreras geogr\u00e1ficas creadas as\u00ed a los usuarios al tener que recorrer mayores distancias para ser atendidos e incurrir eventualmente en gastos adicionales. En el fondo, la concepci\u00f3n es mayor inflexibilidad en la oferta antes que su ampliaci\u00f3n y desarrollo.<\/p>\n
En cuanto a la reestructuraci\u00f3n administrativa, tambi\u00e9n se amenaza la estabilidad de miles de trabajadores. Pese a que se ha ofrecido que se respetar\u00e1 a los funcionarios de planta, dicho compromiso no aparece en ning\u00fan art\u00edculo del Proyecto. Adem\u00e1s, el 77% de los trabajadores de los hospitales p\u00fablicos son tercerizados, al estar contratados, de manera ilegal y en p\u00e9simas condiciones, mediante \u00f3rdenes de prestaci\u00f3n de servicio, por lo que no hacen parte de las plantas. La formalizaci\u00f3n de las labores misionales es mandato constitucional y fundamental para brindar buena atenci\u00f3n, su ausencia en la propuesta de la administraci\u00f3n ser\u00eda raz\u00f3n v\u00e1lida para cuestionarla tanto en su concepci\u00f3n estrat\u00e9gica como en su exequibilidad.<\/p>\n
El Proyecto tambi\u00e9n crea, dentro del concepto de econom\u00edas de escala, una agencia de car\u00e1cter mixto encargada de orientar las compras de los insumos para los hospitales. Ese criterio, que podr\u00eda considerarse sano para optimizar el gasto p\u00fablico, se distorsiona al incluir como actores posibles en las transacciones a entidades privadas, presentadas sin \u00e1nimo de lucro, incluyendo soterradamente a aquellas con estrechos v\u00ednculos con las EPS, lo que les conceder\u00e1 incidencia en el nuevo mercado de insumos al por mayor para los hospitales p\u00fablicos.<\/p>\n
A lo anterior, se suma la forma antidemocr\u00e1tica del tr\u00e1mite. Se ha violado la participaci\u00f3n ciudadana que, seg\u00fan la Ley Estatutaria, hace parte del derecho fundamental a la salud; se le entregaron al Concejo los documentos de soporte, de m\u00e1s de 1.400 folios, faltando apenas tres d\u00edas para la votaci\u00f3n en primer debate, y, en una muestra de falta de transparencia, no se conoce la opini\u00f3n libre del cuerpo directivo que hoy est\u00e1 en los hospitales y en los programas claves del sector.<\/p>\n
Bogot\u00e1 es quiz\u00e1s el ente territorial que m\u00e1s ha invertido de sus propios recursos en la salud, m\u00e1s all\u00e1 de las transferencias nacionales; cre\u00f3 una EPS semi-p\u00fablica; ha adelantado impactantes programas de atenci\u00f3n y prevenci\u00f3n cercanos a la ciudadan\u00eda; ha socorrido a su red p\u00fablica con apoyos de diverso orden y, no obstante, padece -como la que m\u00e1s- los graves menoscabos del modelo de intermediaci\u00f3n financiera de la ley 100. Todo hace prever que la soluci\u00f3n de Pe\u00f1alosa, enmarcada en las esencias neoliberales del mismo, agravar\u00e1 la crisis de ciudadanos y trabajadores en el \u00e1rea de la salud y s\u00f3lo pretende, a lo sumo, un efecto placebo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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